Exiliados en España: “Me exilié porque tenía delirio de persecución”

Claudia Espinal, catedrática universitaria, originaria de Chinandega, 37 años. Abandonó Nicaragua por temor a ser asesinada por manifestarse contra el régimen de Daniel Ortega.

La plataforma aliada https://www.despacho505.com/ recopiló una serie de testimonios de nicaragüenses que se encuentran exiliados en España, quienes huyeron de su patria, a consecuencia de la represión gubernamental desde abril del 2018 hasta la fecha.

El miedo a ser asesinada trajo a Claudia Espinal hasta España. Era julio de 2018, el régimen Ortega – Murillo había dado la orden de exterminar las protestas cívicas que tres meses antes habían estallado en Nicaragua mediante la llamada Operación Limpieza y los muertos se contaban por decenas.

Claudia para entonces estaba fichada como “terrorista” y recibía llamadas anónimas para que callara. En medio del terror sembrado por paramilitares y policías que asesinaban, secuestraban y encarcelaban a manifestantes, llegaron las amenazas de muerte.

El 21 de julio, no dudó en hacer maletas, empacar sus títulos universitarios y abandonar el país con su hija de 9 años. Dejó a sus padres, hermanos y los bienes acumulados durante más de 15 años de arduo trabajo.

“Nunca creí que Daniel Ortega y Rosario Murillo iban a usar tanta fuerza y a matar, quemar y desaparecer a tanta gente. Nunca imaginé que iban a ser tan miserables. Yo no pensaba salir de mi país, pero al ver la gravedad del asunto y de ver morir tanta gente y ver todo lo que pasó comencé a tener miedo”, expresa.

Confiesa que sufrió pesadillas y delirio de persecución, y fue entonces que su familia la emplazó: “tenés que irte, porque no te queremos muerta, no te queremos presa”.

Me siento como un barco a la deriva que no tiene brújula, que no sabés qué hacer en este país, porque aquí no puedo homologar más que el bachillerato y ando pegando palos de ciego.

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“Ya no sé quién soy”

Con una licenciatura en Filología y Comunicación, una especialidad en Docencia y una maestría en Educación Superior, Claudia Espinal asegura que no ha sido fácil comenzar de cero, porque para que sus conocimientos y experiencia sean reconocidos en España requiere de tiempo y dinero.

Después de 14 meses “ya no sé quién soy. Me siento como un barco a la deriva que no tiene brújula, que no sabés qué hacer en este país, porque aquí no puedo homologar más que el bachillerato y ando pegando palos de ciego, y estoy luchando por tener una vida profesional, porque la UNAN-Managua me negó la documentación para poder homologar mi licenciatura, entonces en este momento no sé ni quién soy”, expone.

La violación a la autonomía universitaria ha quedado de manifiesto a través de expulsiones, despidos o negativa de certificaciones a estudiantes y profesionales que buscan oportunidades.

“No me arrepiento, he sufrido todo este tiempo, pero no me arrepiento y si me preguntan si lo volvería a hacer: Sí lo volvería a hacer, porque no me iba a quedar callada con tanta injusticia, entonces sí ha valido la pena”, sostiene.

 Aunque sufre la separación familiar se reconforta porque no se ha quedado callada “y sigo gritando por tanta injusticia que pasa en mi país, que el dictador no se ha ido, sí, pero tampoco está en paz”. 

ASÍ COMENZÓ TODO

El 19 de abril del 2018 Claudia Espinal seguía el desarrollo de las protestas estudiantiles que un día antes habían iniciado en Managua y que tenía en protesta a estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), de la Universidad Centroamericana (UCA), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y de la Universidad Politécnica (Upoli).

Una llamada telefónica de sus alumnos en la estatal Universidad Agraria de Nicaragua informándole que también se levantarían contra el régimen Ortega-Murillo, entre estos sus propios hermanos, la llevó a formarse en las trincheras.

Para esos días la madre de Claudia convalecía en la Unidad de Cuidados Intensivos y comenzó teléfono monitoreando lo que ocurría en la universidad. El sábado 21 de abril cuando ya se registraban al menos 25 muertes se unió a los jóvenes.

“Yo le dije a mi madre, usted está aquí en el hospital y está con médicos, yo me voy a la Agraria’, y ese día me fui atrincherar con los estudiantes universitarios, porque ya no pude más y me quedé esa noche con los estudiantes. Ya no los dejé solos”.

Un grupo de docentes de la UNA también se integró a la rebelión de abril conscientes que su acción tendría consecuencias.

“Éramos un grupo muy pequeño, sin embargo siempre estábamos con los estudiantes, nos turnábamos para quedarnos a dormir, después cuando dejaron víveres envenenados se les dijo a los chicos que ya no podían estar recibiendo comida de cualquier persona” y decidieron comisiones.

Recuerda que su vivienda terminó convertida en casa de seguridad para esconder a los jóvenes perseguidos por policías y paramilitares.

Si el gobierno español me rechazara la solicitud de asilo, yo voy apelar, porque tengo argumentos suficiente para decirles que no puedo volver a mi país, porque o me matan o me meten presa.

LAS AMENAZAS

Fue para finales de mayo del 2018 que comenzó a recibir llamadas telefónicas donde la amenazaban de muerte.

Confiesa que al inicio no le prestó atención y hasta respondía desafiante. Pero cuando le indicaron que la tenían vigilada y le dieron detalles de su casa, características de su vehículo y de las personas con las que vivía se sintió vulnerable.

“Me amenazaron de muerte y me dijeron que dejara de llamar a las universidades (UNA y Upoli), que dejara de apoyar a los estudiantes, que parara de ir a las protestas que si no hacía caso me iban a matar y me iban a callar. Yo en ese momento no sentí miedo y les dije hagan lo que quieran, y si me van a matar, mátenme; después comenzaron a llamar por las noches de números restringidos y me comenzaron a hostigar me dieron detalles de donde vivía, el color de mi carro, tenían toda la información, me tenían bien rastreada”, asegura.

 “Si el gobierno español me rechazara la solicitud de asilo, yo voy apelar, porque tengo argumentos suficiente para decirles que no puedo volver a mi país, porque o me matan o me meten presa. En Nicaragua nada está normal, todos los días hay secuestros, hay muertos y atropellos a los derechos humanos, entonces yo tengo elementos suficientes como para apelar ese derecho y no vuelvo a Nicaragua mientras Daniel Ortega está en el poder”, agrega.

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REPRESIÓN NO CESA

En el segundo informe sobre Nicaragua, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirma que persisten casos de tortura, no hay respeto a las libertades y todavía hay presos políticos con juicios amañados.

“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, concluyó.

Bachelet denunció que “el Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia. Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos”.

Desde abril de 2018, se estima que más de 90,000 se han visto forzados al exilio. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y España son los principales destinos.

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