"EEUU busca que en Nicaragua pongan fin a las violaciones de derechos contra civiles"

El asesor especial del presidente Trump, Mauricio Claver-Carone explicó que las medidas responden a la complicidad del Ejército nicaragüense con los cuerpos armados que reprimen y asesinan a la población.

MIAMI - “Más medidas, más fuertes y más impactantes para el régimen de Daniel Ortega, como respuesta a la represión [que comete] contra la población”, fue una de las advertencias de Estados Unidos dadas a conocer poco antes de concluir 2019, durante una comparecencia telefónica desde Washington, ofrecida por Mauricio Claver-Carone, asesor especial del presidente Donald Trump.

El alto funcionario estadounidense señaló “que el Ejército de Nicaragua juega a lavarse la cara” pero que Estados Unidos está viendo la complicidad de ese cuerpo armado “en la represión que mantiene el gobernante sandinista contra la población”.

En términos similares se pronunció el primer día del año que comienza el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, quien a través de su cuenta en Twitter dijo que continuarán los esfuerzos para defender a los que sufren violencia y opresión como consecuencia de los regímenes imperantes en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Las sanciones más recientes designadas contra el régimen nicaragüense se dieron a conocer el pasado 12 de diciembre contra el hijo adoptivo de Ortega, Rafael Ortega Murillo, el hombre que maneja los negocios familiares obtenidos al amparo del poder tras el retorno de Ortega a la presidencia de su país en 2007. Además, las sanciones incluyen a tres de los principales negocios de los Ortega-Murillo la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic), la empresa de seguridad El Goliat y a la concesionaria de gasolineras Inversiones Zanzíbar.

Rafael Ortega Murillo, sancionado por lavado de dinero, es el tercer miembro de la familia presidencial en ser sancionado por el Departamento del Tesoro; Laureano Ortega Murillo, y Rosario Murillo, la esposa de Ortega y vicepresidente de Nicaragua están en la lista de sancionados.

“Hubo sanciones para el hijo de Ortega y varias de las empresas que los han subsistido, van a venir más medidas, más fuertes, y más impactantes aún”, apuntó Claver-Carone.

“Lo que queremos es que en Nicaragua haya un proceso limpio justo y obviamente que haya un fin a las graves violaciones a los derechos humanos. Daniel Ortega y Rosario Murillo seguirán sintiendo esa presión, el circulo se les seguirá achicando”, apuntó el asesor especial del Presidente.

El informe preliminar del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que el estado de Nicaragua es responsable de la mayoría de las muertes ocurridas en el contexto de las protestas (18 de abril a 30 de mayo 2018, el periodo de investigación), y acusó al régimen de cometer “actos que deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.

El organismo de investigación de la CIDH consideró que la respuesta de Ortega a las protestas fue “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del estado”, señala el informe.

A raíz del estallido social iniciado en Nicaragua en abril de 2018, el régimen de Ortega organizó y financió grupos paramilitares que operan en coordinación con la Policía, a vista y paciencia del Ejército, que ha pretendido jugar un papel de “neutralidad” ante la respuesta de Ortega de reprimir las protestas sociales, pese a que la Constitución del país establece que en Nicaragua solo existen dos instituciones armadas: El Ejército y la Policía.

La máscara del Ejército

El asesor presidencial dijo que el papel del Ejército de Nicaragua debe estar basado en la Constitución, de cara a proteger a la población y no ser el brazo represor de Daniel Ortega.

“Las fuerzas Armadas [de Nicaragua] han querido en el pasado jugar un poco de lavarse la cara, al decir que ellos son independientes de los grupos de represión que ha habido; pero aquí nosotros vemos complicidad a las Fuerzas Armadas y obviamente buscamos que ellos tomen un papel civilizado, basado en su Constitución”.

Y es que el Ejército ha permitido que grupos paramilitares disparen contra la población y la Policía ha operado en coordinación con los grupos paramilitares, ambas fuerzas, en transgresión a lo que marca la propia Constitución de ese país.

“Que el papel de las Fuerzas Armadas de Nicaragua sea el de proteger a la población, no el de ser un brazo represor de Daniel Ortega que es lo que fundamentalmente estamos viendo”, dijo Claver-Carone al ser interrogado por DIARIO LAS AMÉRICAS durante su comparecencia ante los medios.

Favores a Ortega

Ortega ha extendido en dos ocasiones el cargo al general Julio César Avilés quién está al frente del Ejército. La permanencia continuada en el cargo es vista como premio del gobernante al alto oficial por el papel que han desempeñado las fuerzas armadas en las protestas. El hospital miliar sirvió de base para abastecer a los paramilitares, así se observa en materiales de video, que muestran los momentos en que entran y salen de la institución camionetas Hilux con paramilitares armados.

El Ejército se ha plegado a Ortega, quien logró que la Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, reformara el Código Militar en 2014, que deja a discreción del caudillo sandinista la permanencia del jefe del Ejército en el cargo, creando un estancamiento en el proceso de sucesión de mando.

Ese mismo año, Ortega amplió el mandato del general Avilés en el cargo por cinco años más. En noviembre de 2019 amplió por segunda ocasión el mandato de Avilés al frente de las Fuerzas Armadas hasta el 2024.

Asesinatos a opositores

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua estalló en abril de 2018 y que ha dejado más de 300 muertos, centenares de heridos, desparecidos y presos políticos. Aunque Ortega liberó a unos 700 reos de conciencia aún permanecen más de 160 en las mazmorras del régimen. Los crímenes resultados de la represión contra la población civil continuaron en 2019. El Movimiento campesino ha reportado 95 muertes de octubre de 2018 a la fecha.

Se trata de asesinatos selectivos ha manifestado Kenia Gutiérrez, líder del Movimiento Campesino. En la nueva etapa de la represión el régimen se dedica a la vigilancia, identificación y eliminación de los líderes opositores en el campo, una acción en la que operan los organismos de inteligencia de la Policía y el Ejército.

Comité de Inteligencia

Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército, hoy exiliado tras apoyar las protestas, informó que el régimen de Daniel Ortega, ha creado un comité de inteligencia nacional que se encarga de mantener la vigilancia, analizar la información de inteligencia y proponer la estrategia a seguir contra los “blancos” opositores.

Ese comité estaría presidido por el hombre más cercano a Ortega, Néstor Moncada Lau, su secretario privado, a quien Estados Unidos lo califica como asesor de Seguridad Nacional del régimen sandinista. Moncada enfrenta sanciones de Estados Unidos desde noviembre de 2018, por desembolsar los fondos para la operatividad de los paramilitares, violación a los derechos humanos, corrupción y encubrir a Ortega en presuntos delitos sexuales contra menores de edad; eso en al menos una ocasión, de acuerdo con los motivos para la designación de sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Lo anterior explicaría los nexos entre Ortega y Moncada Lau, la cara oculta de la represión.

Samcam asegura que la estructura esta conformada por Roger Ramírez Guzmán, viceministro de Gobernación, Luis Cañas Novoa, también viceministro de Gobernación; el jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), general Rigoberto Balladares; el jefe de la inteligencia del Ejército, Leonel Gutiérrez; y el jefe de Inteligencia e investigación de la Policía, comisionado general Adolfo Marenco Corea.

"En esa estructura se analiza toda la información de inteligencia, se propone y elabora un parte diario a Ortega. Es una especie de equipo de seguridad nacional y el hecho de que sea Moncada Lau el que lo preside, ofrece una idea del poder que tiene", indicó el mayor en retiro Roberto Samcam.