Bachelet urge a Ortega reformas electorales, liberación de presos y permitir visita a Nicaragua

La Alta Comisionada advierte que las violaciones de derechos humanos continúan, no hay condiciones para el retorno seguro de los exiliados y la situación económica empeora. Bachelet insiste en enviar una misión a Managua, pero Ortega no se lo permite.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró este jueves que las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega continúan en Nicaragua.

La crisis sociopolítica, lejos de resolverse, se vuelve “extremadamente compleja”, dijo al brindar una actualización sobre la situación de país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.  

“Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”, dijo Bachelet en el marco del 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.  

Destacó que en el país continúan las detenciones arbitrarias, no se respeta el derecho a la manifestación pacífica y la situación económica se vuelve cada vez más compleja para las familias.  

“El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos progubernamentales los atacaron violentamente”, detalló en su informe. 

Desde el 1 de agosto del año pasado, la Oficina regional de Bachelet en Panamá ha recibido informes de al menos 108 detenciones arbitrarias de hasta 48 horas y posteriormente liberadas sin que se presentaran cargos en su contra. 

Según la Alta Comisionada, defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas por la Ley de Amnistía y familiares de presos políticos “sufren repetidos actos de intimidación y acoso por parte de policías o elementos progubernamentales, incluso discursos estigmatizantes de autoridades del Gobierno”.

Saludó la excarcelación de 91 presos políticos el 30 de diciembre pasado, pero recordó que al menos 61 personas continuaban privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas en Nicaragua. 

NO HAY SEGURIDAD PARA RETORNO DE EXILIADOS  

Los datos presentados por la Alta Comisionada de la ONU indican que, hasta el 31 de diciembre de 2019 más de 98,000 nicaragüenses habían salido del país, “sin condiciones básicas para un retorno seguro”.  

“Mi Oficina documentó casos de amenazas y acoso, incluso siete personas detenidas arbitrariamente luego de su regreso”, agregó.  

Explicó que, debido a la crisis sociopolítica desatada por la represión orteguista, en 2019 la economía se contrajo en un 5,7%, y la inflación y el desempleo formal aumentaron. 

URGE DEVOLUCIÓN DE MEDIOS CONFISCADOS 

Bachelet recordó que el derecho a la libertad de opinión y expresión de quienes comparten noticias u opiniones contrarias al régimen continúa siendo vulnerado.

“Las instalaciones de los medios Confidencial y 100% Noticias continúan confiscadas”, insistió, por lo que llamó a devolverlos a sus dueños.  

“Muchos periodistas se han visto forzados a autocensurarse por amenazas y el temor de perder pautas publicitarias estatales o su trabajo”, comentó.  

Desde el 1 de agosto la OACNUDH ha documentado amenazas y agresiones físicas en contra de periodistas, medios de comunicación y sus trabajadores, y casos de robo o daños a instalaciones de medios de comunicación. 

RECOMENDACIONES  

La Alta Comisionada de Naciones Unidas instó al régimen de Daniel Ortega a liberar a todos los presos políticos. Asimismo, demandó condiciones seguras y adecuadas para garantizar que periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer libremente su labor. 

“Reitero mi llamado a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes”, destacó.  

Desde diciembre de 2018 Ortega se ha negado al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Finalmente, Bachelet reiteró al régimen que permita el acceso de su Oficina al país. 

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