"Ortega fortaleció activamente la impunidad para violadores de derechos humanos leales a él" señala Departamento de Estado de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe país sobre prácticas de derechos humanos 2019 en Nicaragua. Dicho resumen ejecutivo revela que este país tiene un sistema político autoritario altamente centralizado dominado por el dictador Daniel Ortega Saavedra y su esposa, Rosario Murillo Zambrana. 

Según el Departamento de Estado, el partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que controla la familia dictatorial Ortega -Murillo, ejercen un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales. 

A Continuación les presentamos el resumen íntegro que emitió este miércoles 11 de marzo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El presidente Ortega fue inaugurado por un tercer mandato en enero de 2017 luego de un proceso electoral profundamente defectuoso. Las elecciones de 2016 ampliaron la supermayoría del partido gobernante en la Asamblea Nacional, que anteriormente permitía cambios en la constitución que ampliaban el alcance del poder del poder ejecutivo y la eliminación de las restricciones a la reelección de los funcionarios y alcaldes del poder ejecutivo. Los observadores notaron serias fallas en las elecciones municipales, regionales y nacionales desde 2008. Grupos de la sociedad civil, La Policía Nacional de Nicaragua (PNN) mantiene la seguridad interna. El ejército es responsable de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades de seguridad doméstica. Ambos informan directamente al presidente, de conformidad con los cambios en el código policial y del ejército en 2014. Parapolicial, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización tácticos, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo de gobierno, e informar directamente al NNP. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre la policía y las fuerzas de seguridad de la policía.

De febrero a junio, el gobierno liberó a 494 presos políticos presuntos en el contexto del diálogo nacional. Algunos de los liberados parecían haber sido delincuentes comunes; Los grupos de derechos humanos afirmaron que solo 344 de los liberados eran en realidad presos políticos. Desde abril, el gobierno detuvo a 161 nuevos prisioneros políticos, incluido el encarcelamiento de algunas personas que fueron liberadas previamente. El 30 de diciembre, el gobierno liberó a 91 presos políticos, dejando 70 encarcelados.

Entre las principales violaciones a derechos humanos que incluye el informe se encuentran: informes de ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; desaparición forzada por las fuerzas de parapolicia; tortura por guardias de la prisión y parapolicia; abuso físico, incluida la violación, por parte de funcionarios del gobierno; y detenciones arbitrarias por parte de la policía y parapolicia.

El informe señala las condiciones carcelarias severas y potencialmente mortales; prisioneros políticos; interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad; graves problemas con la independencia del poder judicial; restricciones a la libre expresión y la prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; e interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidos los ataques contra la Iglesia Católica Romana y los funcionarios de la iglesia. 

El Departamento de Estado también pone en evidencia la cancelación de las personerías jurídicas a nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil, así como la retención ilegal de sus activos, impidiendoles operar. Las restricciones gubernamentales a las libertades de expresión, asociación y reunión impidieron cualquier elección significativa en las elecciones. 

Entre los reos políticos del régimen de Daniel Ortega, el informe recoge las agresiones que sufrieron miembros de la comunidad LGTBI. “Hubo corrupción generalizada; ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas; y trabajo infantil”

Ante las violaciones a los derechos humanos antes mencionadas la dictadura de Daniel Ortega se hizo de la vista gorda. Para el departamento de Estado de Estados Unidos, “El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018. El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad por los derechos humanos. abusadores que fueron leales a él” detalla el informe.

La presentación señala directamente a la parapolicia y las personas vinculadas al régimen de Ortega de llevar a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia los enemigos percibidos del régimen, como ex presos políticos, activistas campesinos o campesinos, grupos de oposición pro democracia y el clero católico romano. Grupos de derechos humanos alegaron que entre octubre de 2018 y agosto, la para policía mató a entre 20 y 30 campesinos considerados opositores del partido gobernante FSLN. Los crímenes cometidos por parapolicias contra estas personas no fueron investigados ni procesados.

Estados Unidos destaca dentro del informe el asesinato al reo político Eddy Montes Praslin, quien era ciudadano norteamericano, asesinado en el Sistema Penitenciario La Modelo.

“El 16 de mayo, los guardias dispararon y mataron a Eddy Montes, ciudadano nicaragüense y estadounidense, bajo custodia en la prisión de La Modelo. Montes fue encarcelado en circunstancias muy irregulares por participar en protestas prodemocracia, pero fue puesto en libertad como parte de un proceso de negociación. Un informe policial emitido el día del asesinato y la información posterior del gobierno afirmaron que Montes recibió un disparo debido a una pelea con un guardia durante un intento de motín en la prisión. Sin embargo, informes forenses y relatos de testigos presenciales contradecían esta versión y culpaban del asesinato de Montes a los guardias de la prisión de La Modelo”.

Los informes de asesinatos fueron comunes en las regiones centro-norte y en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN). Los grupos de derechos humanos y los defensores de los campesinos documentaron entre 20 y 30 asesinatos de campesinos entre octubre de 2018 y agosto en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia y sus alrededores. Grupos de derechos humanos dijeron que estos asesinatos marcaron una escalada de una campaña de terror en las regiones centro-norte y RACN, perpetrada por grupos de parapolicia para erradicar la oposición política al partido gobernante FSLN. Edgard Montenegro y Yalmar Montenegro fueron asesinados el 27 de junio en el municipio fronterizo hondureño de Trojes después de huir de su ciudad natal de Wiwili, Jinotega, debido al hostigamiento de miembros del FSLN. La policía y los miembros del FSLN habían acusado informalmente a Edgard Montenegro de organizar protestas antigubernamentales en Jinotega.

No hubo indicios de que el gobierno haya investigado crímenes cometidos por la policía y grupos de parapolicia relacionados con el levantamiento prodemocracia de 2018. En abril de 2018, el presidente Ortega y el vicepresidente Murillo ordenaron a la policía y a las fuerzas de parapolicia sofocar con violencia las protestas pacíficas que comenzaron por el descontento con una decisión del gobierno de reducir los beneficios de la seguridad social. 

A fines de noviembre de 2018, el conflicto resultante había dejado al menos 325 personas muertas; más de 2,000 heridos; cientos detenidos ilegalmente, torturados y desaparecidos; y más de 80,000 exiliados en países vecinos. A partir de agosto de 2018, el gobierno de Ortega instituyó una política de "exilio, cárcel o muerte" para cualquier persona percibida como oposición, modificó las leyes de terrorismo para incluir actividades prodemocracia y utilizó el sistema de justicia para caracterizar a los actores de la sociedad civil como terroristas, asesinos y golpistas. Aunque el PNN y la Fiscalía detuvieron, llevaron a juicio y encarcelaron a muchos miembros de la oposición prodemocracia, las organizaciones de derechos humanos documentaron ampliamente que las investigaciones y los cargos no se ajustaban al estado de derecho.

El gobierno continuó sin hacer ningún esfuerzo para investigar varios incidentes de ejecuciones extrajudiciales y torturas en 2017 en las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur. En marzo, el ejército emitió una refutación punto por punto en estos casos y en otros casos no relacionados. El ejército afirmó que los asesinatos involucraban disputas por tierras o narcóticos, o que en algunos casos las unidades del ejército se defendían después de recibir fuego hostil de campesinos armados.

Las fuerzas de parapolicia armadas detuvieron arbitrariamente a los manifestantes y con frecuencia los mantuvieron en instalaciones improvisadas sin permitirles informar a sus familiares o buscar asesoría legal. Las detenciones generalmente duraron entre dos días y una semana. Los oficiales de NNP y las autoridades penitenciarias a menudo negaron que los detenidos estuvieran bajo custodia. Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que la incapacidad del NNP y del sistema penitenciario para localizar prisioneros no se debió a la falta de registros sino que fue una parte deliberada de una campaña de desinformación. El gobierno no hizo ningún esfuerzo para prevenir, investigar o castigar tales actos. La mayoría, si no todos, de los cientos de desapariciones perpetradas por NNP y parapolice durante el apogeo de la sublevación prodemocracia de 2018 permanecieron sin resolver.

Aunque la ley prohíbe tales prácticas, los casos de tortura estaban bien documentados, y los funcionarios públicos llevaron a cabo actos intencionales que resultaron en un sufrimiento físico o mental severo con el propósito de asegurar la información, infligir castigos y disuadir psicológicamente a otros ciudadanos de informar sobre las acciones del gobierno. o participando en acciones cívicas contra el gobierno. Los miembros de la sociedad civil y los líderes estudiantiles involucrados en las protestas que comenzaron en abril de 2018 tenían más probabilidades que los miembros de otros grupos de ser sometidos a dicho tratamiento.

En su informe del 3 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) incluyó varios relatos de tortura, particularmente de manifestantes bajo custodia policial, particularmente en las cárceles La Modelo y La Esperanza ubicadas en Tipitapa. El ACNUDH informó de palizas con porras, spray de pimienta aplicado a los genitales de los detenidos y una inspección visual injustificada y degradante de las cavidades corporales de los presos políticos durante los registros que se realizan cada vez que abandonan sus celdas. Las organizaciones locales de derechos humanos informaron que varios detenidos habían sido golpeados, despojados y alimentados con alimentos envenenados o contaminados.

Las organizaciones locales de derechos humanos dijeron que los presos políticos de hombres y mujeres fueron sometidos a violencia sexual, incluida violación, mientras estaban bajo custodia de las fuerzas de seguridad. El ACNUDH informó que muchos detenidos fueron sometidos a tratos degradantes y violencia sexual, incluidas amenazas inapropiadas de tocar y violar a mujeres, mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas de parapolicia, funcionarios penitenciarios y el PNN, así como la Dirección de Asistencia Judicial (DAJ), una unidad especial de investigaciones policiales, en su cárcel comúnmente conocida como El Chipote, especialmente durante los arrestos relacionados con las protestas.

Las condiciones de la prisión eran duras y potencialmente mortales. El hacinamiento, la falta de saneamiento, las dificultades para obtener atención médica y la violencia entre los reclusos seguían siendo problemas serios en las instalaciones penitenciarias.

Condiciones físicas : las condiciones de la prisión continuaron deteriorándose debido a la infraestructura anticuada y al aumento de las poblaciones de internos. A pesar de las nuevas celdas de detención temporales en el DAJ, el resto del sistema penitenciario se mantuvo en malas condiciones. El gobierno reconoció en 2018 que el número de prisioneros detenidos en el sistema excedió la capacidad de la prisión en aproximadamente 9,000 reclusos. Las organizaciones de derechos humanos continuaron preocupadas por el hacinamiento en las cárceles. Debido al hacinamiento, los detenidos preventivos a menudo compartían celdas con prisioneros condenados y los menores compartían celdas con adultos.

Muchos presos sufrieron malos tratos por parte de funcionarios de prisiones y otros reclusos. Los reclusos también sufrieron parásitos, atención médica inadecuada, escasez frecuente de alimentos y contaminación de alimentos, agua contaminada y saneamiento inadecuado. Aunque las condiciones para las reclusas eran generalmente mejores que las de los hombres, no obstante, eran inseguras y antihigiénicas. El ACNUDH informó que algunos hombres y mujeres detenidos en el contexto de las protestas de 2018 fueron sometidos a confinamiento solitario en celdas de máxima seguridad de las cárceles de La Modelo y La Esperanza, en algunos casos durante meses.

Las condiciones en las cárceles y las celdas de detención temporales también fueron duras. La mayoría de las instalaciones estaban físicamente decrépitas e infestadas de alimañas; tenía ventilación, electricidad o sistemas de alcantarillado inadecuados; y carecía de agua potable.

La ley establece un poder judicial independiente, pero el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La ley exige que la Corte Suprema de Justicia examine los nuevos nombramientos judiciales, un proceso totalmente influenciado por el nepotismo, la influencia personal y la afiliación política. Una vez nombrados, muchos jueces se sometieron a presiones políticas e incentivos económicos para ellos o sus familiares que comprometieron su independencia. Las ONG se quejaron de la demora en la justicia causada por la inacción judicial y la impunidad generalizada, especialmente en relación con la violencia familiar y doméstica y el abuso sexual. En muchos casos, los horarios de inicio del juicio se modificaron sin proporcionar información a uno o ambos lados del juicio, según las organizaciones de derechos humanos. Las autoridades ocasionalmente no respetaron las órdenes judiciales.

El informe de septiembre del ACNUDH encontró "violaciones del derecho a un juicio justo en casos de personas procesadas por su participación en manifestaciones, a veces basadas en una aplicación distorsionada de la legislación penal, que no está en línea con las normas y estándares internacionales de derechos humanos".

Los acusados ​​tienen derecho a asesoría legal, y el estado proporciona defensores públicos para personas indigentes. Los acusados ​​tienen derecho a tiempo e instalaciones adecuadas para preparar una defensa, pero los jueces generalmente no otorgaron el acceso del abogado al acusado. En varios casos relacionados con las protestas prodemocracia, a los acusados ​​no se les permitió nombrar a su asesor legal, y el tribunal designó a un acusado público, que los familiares de los acusados ​​y las organizaciones de derechos humanos afirmaron que era perjudicial para el caso del acusado. En muchos casos, los asesores legales de los acusados ​​recibieron amenazas de muerte, lo que provocó que algunos renunciaron. 

Aunque la constitución reconoce las lenguas indígenas, a los acusados ​​no siempre se les otorgaron intérpretes o traductores de la corte. Los acusados ​​pueden confrontar e interrogar a testigos y tener el derecho de apelar una condena. Los acusados ​​pueden presentar sus propios testigos y pruebas en su defensa; sin embargo, algunos jueces se negaron a admitir pruebas en nombre de la defensa. Los acusados ​​no pueden ser obligados a declarar o confesar su culpabilidad.

Las organizaciones de derechos de las mujeres creían que el sistema judicial seguía operando bajo órdenes no oficiales de renunciar a la cárcel o la prisión preventiva en casos de violencia doméstica. Según los informes, la política se aplicaba solo a casos de violencia doméstica considerados leves.

Las ONG de derechos humanos caracterizaron a los detenidos en el contexto de protestas prodemocracia como presos políticos. El gobierno no reconoce a los presos políticos como una categoría de reclusos y considera que todos los prisioneros restantes son delincuentes comunes. El 21 de mayo, las autoridades declararon que habían liberado a 336 personas "encarceladas en relación con incidentes ocurridos después del 18 de abril de 2018". Posteriormente, el gobierno liberó a 158 prisioneros adicionales detenidos por participar en protestas prodemocracia, incluidos 106 presos políticos liberados bajo la ley de amnistía del 8 de junio. A pesar de la amplia amnistía, hasta el 28 de noviembre, el Comité de Prisioneros Políticos contó con 161 presos políticos que permanecieron detenidos. El 30 de diciembre, el gobierno liberó a 91 presos políticos, dejando 70 encarcelados.

Los prisioneros políticos liberados relataron haber sido golpeados, mantenidos en confinamiento solitario durante semanas y que sufrían de poca ventilación y alimentos y agua envenenados o contaminados. Las organizaciones de derechos humanos creían que una parte de los 70 prisioneros políticos restantes se mantenían con delincuentes comunes. El gobierno no permitió el acceso a presos políticos por parte de grupos de derechos humanos u organizaciones humanitarias.

El gobierno regularmente no tomó medidas efectivas con respecto a la incautación, restitución o compensación de la propiedad privada. Estos fracasos se vieron exacerbados por la agitación social en 2018, en la que grupos de personas, incluidos miembros del FSLN, se apoderaron ilegalmente de tierras de propiedad privada, con el apoyo implícito y explícito de los funcionarios municipales y nacionales. 

Algunas incautaciones de tierras fueron políticamente dirigidas y dirigidas contra individuos específicos, como empresarios tradicionalmente considerados independientes o contra el partido gobernante. 

La Oficina del Procurador General rechazó rutinariamente solicitudes para desalojar a ocupantes ilegales de bienes inmuebles o no respondió a las solicitudes por completo. La policía nacional y local también se negó habitualmente a desalojar a los ocupantes ilegales de bienes inmuebles. 

El sistema judicial retrasó las decisiones finales sobre casos contra ocupantes ilegales. Se creía ampliamente que los miembros del poder judicial, incluidos los de los niveles superiores, eran corruptos o estaban sujetos a presiones políticas. Cuando los jueces emitían órdenes a favor de los terratenientes, la ejecución de las órdenes judiciales estaba frecuentemente sujeta a consideraciones no judiciales. Ante la inacción del gobierno, algunos propietarios se vieron obligados a pagar a los ocupantes ilegales para abandonar sus bienes inmuebles. 

A partir del 4 de julio, el sector privado confirmó que aproximadamente 12,500 acres permanecieron incautados. algunos terratenientes se vieron obligados a pagar a los ocupantes ilegales para abandonar sus bienes inmuebles. A partir del 4 de julio, el sector privado confirmó que aproximadamente 12,500 acres permanecieron incautados. algunos terratenientes se vieron obligados a pagar a los ocupantes ilegales para abandonar sus bienes inmuebles. A partir del 4 de julio, el sector privado confirmó que aproximadamente 12,500 acres permanecieron incautados.

F. Interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La ley prohíbe tales acciones. Sin embargo, el gobierno no respetó las prohibiciones contra la interferencia ilegal con la privacidad, la familia, el hogar y la correspondencia. Las organizaciones de base basadas en el partido del FSLN, como los Consejos de Poder Ciudadano, colaboraron con la parapolicia o los partidarios del partido para atacar las casas de los manifestantes prodemocracia. Sin una orden judicial y sin autoridad legal, estos grupos allanaron ilegalmente casas y ocupantes detenidos. Estas acciones fueron generalizadas en las grandes ciudades, particularmente en Managua, Matagalpa, Estelí, Masaya, Rivas, León y Jinotega.

Las ONG nacionales, los representantes de la Iglesia Católica Romana, los periodistas y los miembros de la oposición alegaron que el gobierno monitoreó sus correos electrónicos y conversaciones telefónicas. Los representantes de la iglesia también declararon que sus sermones fueron monitoreados. Como parte de una campaña continua en las redes sociales contra las protestas prodemocracia, los miembros del partido gobernante y los partidarios usaron las redes sociales para publicar información personal de los defensores de los derechos humanos y los miembros de la sociedad civil. Los partidarios del gobierno marcaron las casas de los miembros de la sociedad civil con insultos despectivos o amenazas y luego publicaron fotografías de las casas marcadas en las redes sociales. En varias ocasiones, las marcas fueron acompañadas o llevaron a la destrucción de la propiedad privada.

El 4 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la ley que establece la Unidad de Análisis Financiero para obligar a los abogados y contadores a informar al estado del comportamiento financiero sospechoso de sus clientes y empleadores. Abogados independientes dijeron que la nueva regulación invadió el privilegio abogado-cliente y podría obligar a abogados y notarios a acusar a sus clientes o arriesgarse a perder su licencia. Los miembros de la oposición temen que el gobierno pueda usar esta ley para la persecución política.

Los habitantes de las ciudades del norte, particularmente en los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega y Madriz, así como la RACN y la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), alegaron repetidos interrogatorios y búsquedas gubernamentales sin causa o orden judicial, relacionados con el supuesto apoyo a grupos armados. , mientras que los funcionarios del gobierno afirmaron que se enfrentaban a delincuentes comunes. Varios miembros de la oposición que fueron ex Contras afirmaron que fueron vigilados regularmente por la policía, detenidos por la policía y detenidos para ser interrogados durante varias horas, generalmente en relación con presuntos contactos con grupos rearmados o protestas antigubernamentales. Los individuos también dijeron que simpatizantes del gobierno los amenazaron verbalmente fuera de sus hogares y los vigilaron y desfiguraron.

Según los informes, el partido gobernante exigió a los ciudadanos que demostraran su membresía para obtener o retener un empleo en el sector público y tener acceso a programas sociales públicos.

Sección 2. Respeto a las libertades civiles, incluyendo:

a. Libertad de expresión, incluso para la prensa

La ley establece la libertad de expresión, incluso para la prensa, pero el gobierno no respetó este derecho. Las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de un poder judicial independiente y un sistema político no democrático se combinaron para inhibir la libertad de expresión, incluso para la prensa. Aunque la ley establece que el derecho a la información no puede ser objeto de censura, el gobierno y los actores bajo su control tomaron represalias contra la prensa y las estaciones de radio y televisión bloqueando las transmisiones, impidiendo la importación de tinta y papel, y la violencia contra los periodistas. Algunos medios de comunicación independientes también informaron que fueron víctimas de ataques cibernéticos.

Libertad de expresión : el gobierno utilizó represalias para restringir la capacidad de las personas de criticar al gobierno.

Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista a pesar de los intentos del gobierno de restringirlos e intimidarlos. Los medios de comunicación independientes experimentaron vandalismo, incautación de equipos de transmisión, arrestos y temor a cargos de difamación criminal. El gobierno negó repetidamente licencias de transmisión y otros permisos para medios independientes. Otros intentos de intimidación se produjeron a través de continuas auditorías financieras realizadas por la Dirección General de Ingresos, que resultaron en la derivación de casos al Tribunal Fiscal de Aduanas y Administración. Los medios de comunicación independientes se enfrentaron a restricciones en el discurso, como no poder asistir a eventos oficiales del gobierno, se les negó entrevistas por parte de funcionarios del gobierno y recibir acceso limitado o nulo a la información del gobierno. Sin embargo, los medios oficiales no estaban restringidos de manera similar.

El gobierno restringió el discurso simbólico. Los manifestantes prodemocracia fueron arrestados en muchas ocasiones por exhibir la bandera nacional como una pancarta de protesta.

Prensa y medios , incluidos los medios en línea : los medios independientes enfrentaron restricciones oficiales y no oficiales, represalias y hostigamiento, pero no obstante tuvieron éxito al expresar una variedad de puntos de vista. Los periodistas de muchas estaciones fueron amenazados y hostigados con el propósito de limitar su independencia editorial.

La influencia estatal significativa, la propiedad y el control sobre los medios continuaron. La televisión nacional estaba controlada en gran medida por socios comerciales del presidente o directamente de propiedad y administrada por miembros de su familia. Ocho de los 10 canales básicos disponibles estaban bajo la influencia directa del FSLN o eran propiedad y estaban controlados por personas con vínculos estrechos con el gobierno. Las estaciones de medios propiedad de la familia presidencial generalmente limitaban la programación de noticias y servían como medios para propaganda del gobierno o propaganda del FSLN y anuncios de campaña. La prensa y las organizaciones de derechos humanos afirmaron que el uso de fondos estatales para los medios oficiales, así como la distribución sesgada de dólares de publicidad del gobierno, colocaron a los medios independientes en desventaja.

Violencia y acoso : los periodistas fueron objeto de violencia gubernamental, acoso y amenazas de muerte. El reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro se exilió en enero después de recibir hostigamiento y amenazas de muerte. El 25 de noviembre, regresó, junto con otros cinco periodistas. La estación de televisión 100% Noticias y las oficinas de la revista de noticias Confidencial permanecieron cerradas y bajo custodia policial después de la redada en esas instalaciones en diciembre de 2018.

Censura o restricciones de contenido : el gobierno penalizó a quienes publicaron artículos contrarios a la ideología del partido gobernante; sin embargo, no hizo esto de acuerdo con pautas específicas.

Para controlar las imprentas, el gobierno continuó aplicando la controvertida Ley 528, o "Ley Arce", que estableció altos aranceles y demoras burocráticas en la importación de tinta, papel, maquinaria y otras necesidades de impresión, a pesar de las disposiciones constitucionales que protegen el derecho de los medios a la libertad de tales aranceles. En septiembre, el gobierno no había permitido a los medios impresos nacionales e independientes La Prensa y El Nuevo Diario importar tinta, papel o piezas de máquinas para continuar imprimiendo durante más de un año. Esto condujo a un aumento significativo en los costos de impresión y restricciones de la capacidad de impresión de ambos periódicos diarios. El 27 de septiembre, después de casi 40 años en el negocio, El Nuevo Diario anunció su cierre permanente, citando "dificultades económicas, técnicas y logísticas, que hicieron que [su] operación fuera insostenible".

En septiembre, Radio Corporación, una emisora ​​de radio independiente, descubrió que su antena de radio AM estaba saboteada y que sus cables de transmisión estaban excavados y cortados en pedazos. El personal de la estación de radio declaró que perpetradores desconocidos llevaron a cabo el ataque con conocimiento de dónde el sabotaje podría causar el mayor daño. Como resultado, la estación de radio perdió su capacidad de transmitir en la frecuencia AM durante más de una semana y trasladó toda su programación a una frecuencia FM. Esto resultó en una menor audiencia, particularmente entre los oyentes rurales que dependen principalmente de la frecuencia AM para las transmisiones de radio.

Las restricciones en la adquisición de licencias y equipos de transmisión impidieron que los medios operaran libremente. A principios de 2008, los medios de comunicación no pudieron solicitar nuevas licencias de transmisión mientras la Ley General (Ley 200) de Telecomunicaciones estaba bajo revisión en la Asamblea Nacional. El gobierno extendió la validez de las licencias existentes indefinidamente. Grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes también informaron que la falta de aprobación o denegación de la Ley 200 provocó incertidumbre en torno a la compra e importación de bienes relacionados con la transmisión. Como resultado, los propietarios de radio independientes continuaron aplazando las inversiones a largo plazo.

Algunos propietarios de medios independientes también alegaron que el gobierno ejerció presión sobre las empresas privadas para limitar la publicidad en medios independientes, aunque otros observadores creían que la falta de publicidad era el resultado de la autocensura de las empresas privadas o una decisión comercial basada en números de circulación. Muchos periodistas practicaron la autocensura, temiendo las repercusiones económicas y físicas de los informes de investigación sobre delitos o corrupción oficial. Además, los propietarios de medios de comunicación ejercieron la autocensura al elegir no publicar noticias que afectaran las percepciones públicas del gobierno o del FSLN.

Leyes de difamación / calumnia : aunque durante el año el gobierno no utilizó las leyes de difamación, los medios independientes informaron que se autocensuraron debido al uso anterior de leyes de difamación por parte del gobierno. La calumnia y la difamación se castigan con multas que van de 120 a 300 veces el salario mínimo diario.

Seguridad nacional : las ONG de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil argumentaron que la Ley de Seguridad Soberana era la base del incumplimiento del gobierno de respetar las libertades civiles. Aunque no se cita en casos específicos, la ley se aplica a "cualquier otro factor que crea peligro para la seguridad de las personas, la vida, la familia y la comunidad, así como los intereses supremos de la nación nicaragüense".

Una regulación NNP restringe las críticas a las políticas gubernamentales y a los funcionarios con el pretexto de proteger la seguridad nacional.

Libertad de internet

Hubo informes creíbles de que el gobierno supervisó las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal adecuada y, en algunos casos, restringió o interrumpió el acceso a Internet o censuró el contenido en línea.

Varias ONG afirmaron que el gobierno supervisó su correo electrónico y su actividad en línea sin la autoridad legal adecuada. Las ONG nacionales, los representantes de la Iglesia Católica Romana, los periodistas y los miembros de la oposición alegaron que el gobierno monitoreó sus correos electrónicos y conversaciones telefónicas. Los partidarios pagados del gobierno utilizaron las redes sociales y los espacios de comentarios en el sitio web para hostigar a miembros destacados de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas conocidos.

El gobierno divulgó información de identificación personal para penalizar la expresión de opiniones. Como parte de una campaña continua en las redes sociales contra las protestas prodemocracia, los miembros del partido gobernante y los partidarios usaron las redes sociales para publicar información personal de los defensores de los derechos humanos y los miembros de la sociedad civil. Miembros de la sociedad civil presuntas oficinas gubernamentales proporcionaron la información. Los partidarios del gobierno también utilizaron la información de identificación personal para marcar las casas de los miembros de la sociedad civil con insultos despectivos o amenazas, y luego publicaron fotografías de las casas marcadas en las redes sociales.

Libertad académica y eventos culturales

Hubo restricciones gubernamentales a la libertad académica, y muchos estudiantes, académicos e investigadores informaron presión para censurarse.

Las universidades públicas expulsaron de la escuela y borraron los registros de muchos estudiantes universitarios que participaron en protestas prodemocracia. En muchos casos, los estudiantes que se exiliaron no podían continuar sus estudios en el extranjero sin sus registros. Las entradas a las universidades públicas permanecieron bajo vigilancia por parte de guardias progubernamentales que revisaban regularmente a cada visitante y también a menudo por la policía. Algunos rectores universitarios informaron que la matrícula universitaria luego del levantamiento prodemocracia bajó al 50 por ciento de los niveles previos a la crisis.

Las ONG de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil informaron que las autoridades requerían que los estudiantes de las escuelas públicas primarias y secundarias participaran en manifestaciones progubernamentales mientras las escuelas estaban en sesión. La propaganda política para el partido gobernante fue publicada dentro de las escuelas públicas. Las organizaciones de docentes y las ONG alegaron la continua interferencia del FSLN en el sistema escolar mediante el uso de las instalaciones escolares como sede de la campaña del FSLN, el favoritismo mostrado a los miembros de los grupos juveniles del FSLN o a los hijos de los miembros del FSLN, la concesión de becas politizadas y el uso de pro-FSLN materiales educativos

El NNP y la parapolicia combinados rodearon y hostigaron a los estudiantes dentro de los campus universitarios durante las protestas estudiantiles en violación de la autonomía universitaria.

Libertad de Asamblea Pacífica

El gobierno no respetó el derecho legal de reunión pública, manifestación y movilización. No se permitieron marchas y protestas prodemocracia durante el año. La policía no pudo proteger a los manifestantes pacíficos de los ataques; También cometieron ataques y brindaron apoyo logístico a otros atacantes. Las organizaciones de derechos humanos informaron que la policía detuvo el tráfico y protegió las manifestaciones progubernamentales.

El PNN se negó constantemente a aceptar solicitudes o negó los permisos para usar espacios públicos para marchas prodemocracia, utilizando parámetros poco claros. Una denegación de permiso del NNP resultó en una represión y violencia significativas contra los manifestantes cuando continuaron con la protesta. El 21 de septiembre, el NNP usó gases lacrimógenos y disparó canicas y bolitas a los manifestantes prodemocracia, cuya solicitud de marcha fue denegada por el NNP. La parapolicia atacó a las iglesias católicas durante todo el año durante las misas en conmemoración de los manifestantes asesinados durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018.

El 14 de noviembre, la policía rodeó una iglesia en Masaya, donde el padre Edwin Roman acogió a un grupo de madres de presos políticos en huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos. La policía impidió el acceso y evitó que alguien dentro de la iglesia saliera, y más tarde ese día el gobierno cortó el suministro de agua y electricidad a la iglesia. El 15 de noviembre, el PNN arrestó a 16 personas que llegaron a la iglesia para mostrar solidaridad con las madres en huelga proporcionándoles agua y acusó a esas 16 personas de tráfico de armas, municiones y explosivos. Los medios locales y los abogados de los acusados ​​dijeron que la policía plantó armas de grado militar dentro de los vehículos de los individuos después de ser detenidos. Un abogado de algunas de las personas detenidas informó que habían sido golpeadas en prisión. El 2 de diciembre

El 18 de noviembre, los oficiales de la PNN y la policía antidisturbios, que habían rodeado y bloqueado el acceso a la Catedral de Managua cuando las familias de los presos políticos comenzaron una huelga de hambre en el interior, permitieron que dentro de la catedral un grupo de al menos 30 individuos alineados con el régimen, que atacaron al Padre Rodolfo López y profanaba objetos y espacios sagrados. Los individuos alineados con el régimen pasaron la noche acampados en el altar de la catedral, amenazando a los huelguistas de hambre que se habían encerrado dentro de la sacristía. El asedio terminó el 19 de noviembre cuando la Cruz Roja evacuó a los huelguistas de hambre.

A través de varios comunicados de prensa y arrestos, el NNP afirmó que los manifestantes fueron responsables de la destrucción de edificios públicos y privados, incendios, homicidios y saqueos. Si bien la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos, algunos se volvieron violentos cuando respondieron a las provocaciones de NNP y parapolicia y al uso de la fuerza arrojando piedras y empleando morteros y armas caseras para defender sus posiciones.

Libertad de asociación

La ley establece la libertad de asociación, incluido el derecho a organizarse o afiliarse a partidos políticos; sin embargo, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional utilizaron sus poderes de acreditación con fines políticos. La acreditación de la Asamblea Nacional es obligatoria para que las ONG reciban fondos, tengan cuentas bancarias o empleen a trabajadores de manera lícita. El Ministerio del Interior supervisa el cumplimiento normativo por parte de las ONG y proporciona certificados. Muchas ONG que trabajaron en temas de democracia, derechos humanos y asuntos de la mujer se quejaron de que el ministerio retuvo la certificación a propósito para obstaculizar su trabajo y acceso a fondos. La ONG de la Iglesia Católica Romana, Caritas, declaró públicamente que el gobierno retuvo bienes humanitarios en la aduana con requisitos poco claros sobre cómo llevar los productos al país.

re. Libertad de movimiento

La ley establece la libertad de movimiento interno, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos. El gobierno controlaba estrictamente la entrada de personas afiliadas a algunos grupos, específicamente organizaciones humanitarias y religiosas. El gobierno puede evitar la salida de viajeros con casos pendientes; Las autoridades utilizaron esta autoridad contra individuos involucrados en el movimiento de protesta. La ley exige visas de salida para menores.

Sección 3. Libertad para participar en el proceso político

Si bien la ley brinda a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno en elecciones periódicas libres y justas basadas en el sufragio universal e igualitario y realizado por votación secreta, las restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y el fraude institucional, entre otros obstáculos, impidieron Oportunidades para una elección significativa.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: Las elecciones regionales del Caribe del 3 de marzo y municipales de 2017 se vieron empañadas por un fraude institucional generalizado. Las elecciones regionales del Caribe se caracterizaron por una fuerte presencia de la fuerza de seguridad, incluida la policía antidisturbios en las mesas electorales, que según la prensa local intimidó a los votantes y provocó una baja participación. En ambas elecciones, las autoridades no otorgaron acreditación a las organizaciones nacionales de la sociedad civil para la observación electoral. Los miembros del partido de oposición informaron que los funcionarios del gobierno transportaron a los partidarios del FSLN a los centros de votación. Los miembros y observadores del partido de oposición afirmaron que el FSLN usó su control sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) para cometer fraude. Hubo informes de empleados del sector público que fueron presionados para votar y mostrar pruebas al día siguiente en el trabajo que habían votado.

Varios enfrentamientos aislados y violentos posteriores a la elección entre partidarios de partidos políticos en competencia y con las fuerzas de seguridad dejaron al menos seis personas muertas después de las elecciones municipales de 2017. Una confrontación mayor y sostenida entre los partidarios del partido indígena YATAMA y el FSLN gobernante dejó varios edificios saqueados o incendiados, al menos una persona muerta y docenas heridos. El NNP arrestó a aproximadamente 55 miembros del partido de oposición por cargos asociados con violencia postelectoral, pero luego los liberó.

Los grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de un proceso electoral transparente y justo que conduzca tanto a las elecciones municipales de 2017 como a las elecciones regionales de marzo en el Caribe. Expertos electorales, líderes empresariales, representantes de la Iglesia Católica Romana y organizaciones de la sociedad civil informaron que la falta de observación nacional acreditada, además del control del partido gobernante sobre las estructuras electorales oficiales y todas las ramas del gobierno, se combinaron para impedir la celebración de una Elección justa.

Partidos Políticos y Participación Política: El FSLN utilizó recursos estatales para actividades políticas para mejorar su ventaja electoral en elecciones recientes. Medios independientes, grupos de derechos humanos y partidos de oposición informaron que el gobierno utilizó fondos públicos para proporcionar alimentos subsidiados, viviendas, vacunas, acceso a clínicas y otros beneficios directamente a través de los "gabinetes familiares" dirigidos por el FSLN (organismos comunitarios que administran el gobierno programas sociales) o sistemas de comité de liderazgo sandinista (CLS) controlados por el partido, que, según los informes, obligaron a los ciudadanos a ser miembros del FSLN mientras negaban servicios a miembros de la oposición. El FSLN también hizo obligatoria la membresía del partido para un número creciente de empleados del sector público. Los observadores señalaron que los empleados del gobierno continuaron siendo presionados para afiliarse al FSLN y participar en actividades del partido.

El FSLN también usó su autoridad para decidir quién podría obtener tarjetas de identidad nacionales. Las personas que buscaban obtener o retener empleo en el sector público, documentos de identidad nacional o registro de votantes estaban obligados a obtener cartas de recomendación de los capitanes de bloque de CLS. Las personas sin documentos de identidad tuvieron dificultades para participar en la economía legal, realizar transacciones bancarias o votar. Dichas personas también estaban sujetas a restricciones en el empleo, acceso a los tribunales y propiedad de la tierra. Las organizaciones de la sociedad civil continuaron expresando preocupación por la distribución politizada de las tarjetas de identidad, alegando que así fue como el FSLN manipuló las elecciones pasadas y que el CSE no pudo proporcionar tarjetas de identidad a los miembros de la oposición mientras las distribuía ampliamente a los partidarios del partido.

Participación de mujeres y minorías : ninguna ley limita la participación de mujeres o miembros de minorías en el proceso político, y sí participaron, aunque los observadores señalaron que la mayoría de las mujeres en cargos electos a nivel municipal y nacional tenían un poder o influencia limitada en sus respectivos cuerpos.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

Hubo corrupción generalizada, incluso en la policía, el CSE, el Tribunal Supremo, las autoridades aduaneras y fiscales y otros órganos gubernamentales. El gobierno no hizo cumplir efectivamente las sanciones penales por corrupción, lo que permitió a los funcionarios participar en prácticas corruptas con impunidad. La Corte Suprema y las cortes de nivel inferior siguieron siendo particularmente susceptibles a sobornos, manipulación e influencia política, especialmente por parte del FSLN. Las empresas informaron que era común el soborno de funcionarios públicos, las incautaciones ilegales y las evaluaciones arbitrarias por parte de las autoridades aduaneras y fiscales. Corrupción: La corrupción y la impunidad seguían siendo rampantes entre los funcionarios del gobierno, y un estado general de permisividad obstaculizaba la posibilidad de abordar el problema de manera efectiva. La falta de instituciones fuertes, un sistema débil de controles y equilibrios, y el control político dominante de las instituciones gubernamentales permitieron que la corrupción permaneciera.

La Oficina del Contralor es responsable de combatir la corrupción dentro de las agencias y oficinas gubernamentales. El contralor no realizó una verificación completa de los estados financieros completos del gobierno. El contralor declaró en 2015 que Albanisa, una empresa privada controlada por expertos del régimen que importa y vende productos petroleros venezolanos, y los ingresos asociados en virtud del acuerdo de cooperación petrolera de Venezuela no estaban sujetos a auditoría porque la Asamblea Nacional no aprobó el acuerdo. Entre enero y junio, el contralor informó que la corrupción cometida por 26 funcionarios públicos resultó en pérdidas económicas para el gobierno de 2.8 millones de córdobas ($ 116,000), una cantidad que los observadores consideraron irrazonablemente baja.

Los funcionarios del poder ejecutivo continuaron involucrados en negocios financiados por fondos de asistencia económica y de desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) liderada por Venezuela, todo ello fuera del proceso presupuestario normal controlado por la legislatura. Los medios informaron que los contratos financiados por el ALBA se otorgaron a compañías vinculadas con la familia del presidente y señalaron que los fondos de Venezuela sirvieron como un presupuesto separado estrictamente controlado por el FSLN, con poca supervisión pública. Según los informes, los casos de mala gestión de estos fondos por parte de funcionarios públicos fueron manejados personalmente por los miembros del FSLN y la familia inmediata del presidente Ortega, en lugar de por las entidades gubernamentales a cargo de los fondos públicos.

Divulgación financiera : los funcionarios públicos rara vez hicieron pública su información financiera como lo exige la ley, y no hubo registros públicos de sanciones por incumplimiento.

Sección 5. Actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos

El gobierno impuso cargas significativas sobre el número limitado de organizaciones de derechos humanos que permitió operar en el país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos permaneció despojado de su estatus legal, obstaculizando efectivamente su capacidad de investigar los iones y abusos de los derechos humanos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos continuó operando desde el exilio forzado en Costa Rica y se centró más en la comunidad exiliada nicaragüense. Otras organizaciones de derechos humanos se enfrentaron a importantes hostigamientos y vigilancia policial. Las organizaciones humanitarias enfrentaron obstáculos para operar o negar la entrada, y los funcionarios del gobierno acosaron e intimidaron a las ONG nacionales e internacionales que criticaban al gobierno o al FSLN. Algunas ONG informaron intimidación gubernamental que creó un clima de miedo destinado a suprimir las críticas.Programa Amor , que brinda protecciones sociales a niños y adolescentes, y Hambre Cero, un programa que distribuye ganado para la producción de pequeños productores. El gobierno usó frecuentemente gabinetes familiares controlados por el FSLN y CLS controlados por los partidos para administrar estos programas. Los programas gubernamentales supuestamente creados para brindar apoyo a las víctimas de la violencia desde abril de 2018 beneficiaron solo a los miembros del partido FSLN. El aumento de las restricciones gubernamentales a la capacidad de las ONG nacionales para recibir fondos directamente de donantes internacionales obstaculizó seriamente la capacidad de las ONG para operar. El gobierno continuó ampliando el alcance de su Unidad de Análisis Financiero a través de una enmienda a su ley de autorización aprobada el 19 de agosto que obliga a los abogados, notarios y contadores a informar a la unidad de las actividades sospechosas realizadas por sus clientes o empleadores, un movimiento de observadores caracterizado como una extralimitación de autoridad para la persecución política. En varios casos, el gobierno usó la unidad para bloquear el acceso de una ONG a su cuenta bancaria. Además, el mayor control sobre la entrada de visitantes extranjeros o grupos de voluntarios en el país obstaculizó el trabajo de grupos humanitarios y ONG de derechos humanos. Algunos grupos informaron dificultades para mover los bienes donados a través de la aduana y dijeron que los funcionarios del gobierno rara vez cooperaban o respondían a sus quejas.

 

Las ONG nacionales investigadas por el gobierno informaron problemas para acceder al sistema de justicia y demoras en la presentación de peticiones, así como la presión de las autoridades estatales. Muchas ONG creían que las autoridades fiscales y de contraloría auditaban sus cuentas como un medio de intimidación. Si bien estaban legalmente permitidas, las auditorías puntuales eran una forma común de acoso y, a menudo, se usaban selectivamente, según las ONG. Las ONG informaron dificultades para programar reuniones con las autoridades y para recibir información oficial debido a una creciente cultura del secreto. Las ONG locales informaron que tuvieron que canalizar las solicitudes de reuniones con funcionarios del ministerio y de información pública a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas solicitudes generalmente no fueron procesadas. Las ONG también informaron hostilidad o agresión del gobierno al interrogar o hablar con funcionarios sobre temas como la corrupción y el estado de derecho. Los grupos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico propuesto también informaron haber sido acosados ​​y puestos bajo vigilancia.

Las Naciones Unidas u otros organismos internacionales : El gobierno no permitió que el ACNUDH o la CIDH enviaran grupos de trabajo para monitorear la situación de los derechos humanos en el país. El gobierno no cooperó con estos grupos, como se señala en los informes de la OACDH y la CIDH. Durante una reunión de julio entre el gobierno y la oficina regional del ACNUDH, el gobierno declaró que no tenía respuesta a la solicitud del ACNUDH de que se le permitiera regresar al país para continuar su documentación de abusos contra los derechos humanos.

El Consejo Permanente de la OEA celebró su Asamblea General del 26 al 27 de junio, durante la cual el Consejo Permanente adoptó una resolución para crear una comisión de alto nivel para ayudar a resolver la crisis del país. El gobierno rechazó la creación de la comisión y declaró que no permitiría que la comisión ingrese al país. El gobierno emitió una advertencia de viaje el 14 de septiembre a sus oficinas de inmigración que prohibían la entrada al país de miembros de la comisión, incluidos embajadores y altos funcionarios de cinco estados miembros de la OEA y el jefe de gabinete del secretario general de la OEA.

Nicaragua no envió un representante a ninguna de las audiencias de la CIDH de 2019. En varios casos, los manifestantes protegidos por las medidas cautelares de la CIDH fueron detenidos o seguidos siendo acosados ​​por simpatizantes del gobierno. El 20 de septiembre, el gobierno rechazó 124 de las 259 recomendaciones hechas durante la Revisión Periódica Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU).

Organismos gubernamentales de derechos humanos : en noviembre, la Asamblea Nacional eligió como defensor del pueblo a los derechos humanos, Darling Ríos, un sociólogo sin experiencia previa en derechos humanos. Ríos fue un destacado líder del ala juvenil sandinista del FSLN. La Asamblea Nacional también eligió a un nuevo vice defensor del pueblo, Adolfo Jarquin, hijo del vice defensor del pueblo anterior, también sin experiencia previa en derechos humanos. La Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos fue percibida como politizada e ineficaz. En marzo, el CDHNU degradó a la Oficina del Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos de categoría A a B por su falta de independencia.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujer

Violación y violencia doméstica : la ley penaliza todas las formas de violación de hombres o mujeres, independientemente de la relación entre la víctima y el acusado. Las sentencias para los condenados por violación oscilan entre ocho y 12 años de prisión. La ley penaliza la violencia doméstica y establece penas de prisión de uno a 12 años.

El gobierno no hizo cumplir las leyes de violación y violencia doméstica, lo que llevó a una impunidad generalizada y a informes de una mayor violencia de los delincuentes liberados, envalentonados por su liberación. El gobierno continuó utilizando gabinetes familiares y CLS dirigidos por el FSLN en procesos de mediación en casos de violencia doméstica. Ambos procesos fueron politizados y no funcionaron de acuerdo con el estado de derecho. El gobierno empleó educación pública limitada, refugios, líneas directas, servicios psicosociales y capacitación policial en intentos nominales pero infructuosos para abordar el problema.

Los observadores informaron un aumento general de los delitos sexuales y la violencia contra la mujer; Sin embargo, los datos no eran confiables. Las ONG que trabajan en temas de mujeres informaron que la violencia contra las mujeres aumentó y que la policía generalmente subestimó su gravedad.

Acoso sexual : la ley prohíbe el acoso sexual, y los condenados enfrentan sentencias de uno a tres años en prisión, o de tres a cinco años si la víctima es menor de 18 años. No hubo datos disponibles sobre los esfuerzos del gobierno para prevenir o enjuiciar las denuncias de abuso sexual. acoso.

Coerción en el control de la población : no hubo informes de aborto forzado o esterilización involuntaria.

Discriminación : la ley prevé la igualdad de género. Sin embargo, las mujeres a menudo experimentaron discriminación en el empleo, la obtención de crédito y la igualdad de remuneración por un trabajo similar, así como en la propiedad y gestión de negocios. Si bien el gobierno hizo cumplir la ley de manera efectiva en el sector público, las mujeres en puestos de poder enfrentaron limitaciones, y su autoridad era limitada en comparación con la de los hombres. La aplicación no fue efectiva en el sector privado o en el sector informal más amplio.

Niños

Registro de nacimiento : la ciudadanía se deriva del nacimiento dentro del territorio del país y de los padres. Los registros civiles locales registran los nacimientos dentro de los 12 meses, aunque muchas personas, especialmente en las zonas rurales, carecían de certificados de nacimiento. Las personas sin documentos de ciudadanía no pudieron obtener tarjetas de identidad nacionales y, en consecuencia, tuvieron dificultades para participar en la economía legal, realizar transacciones bancarias o votar. Estas personas también estaban sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y la propiedad de la tierra.

Abuso infantil : de acuerdo con el código penal, las penas de prisión por violación cometida contra menores varían de 12 a 15 años y, por abuso infantil, varían de 7 a 12 años. Los esfuerzos del gobierno fueron insuficientes para combatir el abuso infantil y la violencia sexual contra menores. Las altas tasas de violencia sexual contra las adolescentes contribuyeron a las altas tasas de embarazo adolescente, según UNICEF.

Matrimonio temprano y forzado : la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años para hombres y mujeres, o de 16 años con autorización de los padres. Hubo informes creíbles de matrimonios precoces forzados en algunas comunidades indígenas rurales. De UNICEF 2017 La situación del mundo ' s niños , los datos más recientes disponibles, informó el 41 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años de edad estaban casados o en unión a los 18 años, y 10 por ciento estaban casados por la edad 15. No había información disponible sobre los esfuerzos del gobierno para abordar o prevenir el matrimonio forzado y temprano.

Explotación sexual de niños : la ley prohíbe la explotación sexual en general y designa atraer a los niños o adolescentes a participar en actividades sexuales como una condición agravante. El gobierno generalmente hizo cumplir la ley en relación con el tráfico sexual de niños. Las sanciones incluyen 10 a 15 años de prisión para una persona que atrae u obliga a cualquier persona a participar en actividades sexuales y de 19 a 20 años de prisión por los mismos actos que involucran a niños o adolescentes. La ley define la violación legal como las relaciones sexuales con niños de 14 años o menos.

La ley también prohíbe la pornografía infantil, y el gobierno generalmente la hizo cumplir. La pena para un individuo condenado por inducir, facilitar, promover o usar a un menor con fines sexuales o eróticos es de 10 a 15 años de prisión.

El país era un destino para el turismo sexual infantil. La ley impone una pena de cinco a siete años de prisión para los turistas condenados por sexo infantil.

Secuestros internacionales de niños : El país es parte en la Convención de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños. Ver el Departamento de Estado de I Anual nforme sobre la sustracción internacional de menores por sus progenitores en https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/ report-cases.html .

Personas con discapacidades

La discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales fue generalizada a pesar de estar prohibida por la ley. Las leyes relacionadas con las personas con discapacidad no estipulan sanciones por incumplimiento, aunque las sanciones pueden emitirse bajo el código general de inspección del trabajo. El Ministerio de la Familia, el Ministerio de Trabajo y la Oficina de Derechos Humanos se encuentran entre las agencias gubernamentales responsables de la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. El gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva; no ordenó la accesibilidad a edificios, información y comunicaciones; y no proporcionó información sobre los esfuerzos para mejorar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Los medios independientes informaron que las personas con discapacidad representaban menos del 1 por ciento de los empleados del sector público, a pesar de la representación mínima legalmente obligatoria del 2 por ciento. Otros informes indican que las instituciones públicas no se coordinaron suficientemente con el Ministerio de Trabajo para dar cabida a las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.

Las personas con discapacidad enfrentaron graves problemas para acceder a las escuelas, los centros de salud pública y otras instituciones públicas. Los niños con discapacidades asistieron a escuelas con compañeros no discapacitados; Sin embargo, la evidencia anecdótica sugirió que los niños con discapacidades completaron la educación secundaria a una tasa significativamente menor que otros niños. Las escuelas públicas rara vez estaban bien equipadas y los maestros estaban mal capacitados para brindar la atención adecuada a los niños con discapacidades. Muchas facilidades de votación no eran accesibles. Continuaron las quejas sobre la falta de transporte público accesible en Managua. Las organizaciones de personas con discapacidad afirmaron que los intérpretes para sordos no eran accesibles en las escuelas y universidades, lo que dificulta que estas personas obtengan educación.

Minorías nacionales / raciales / étnicas

El tratamiento de exclusión basado en la raza, el color de la piel y el origen étnico era común, especialmente en las zonas urbanas de mayores ingresos. Las personas de ascendencia africana de piel oscura de la RACN y la RACS, junto con otras que se suponía que eran de esas áreas, sufrieron discriminación, como ser objeto de medidas de seguridad adicionales y registros ilegales de la policía. Los grupos indígenas y otros grupos étnicos de la RACN y la RACS alegaron que las actitudes discriminatorias hacia las minorías étnicas y raciales fueron responsables de la falta de recursos gubernamentales dedicados a las regiones. El partido gobernante dedicó atención y recursos a mantener el control político sobre los órganos de toma de decisiones en las regiones donde vivían la mayoría de los grupos indígenas.

Pueblos indígenas

Las personas indígenas constituían aproximadamente el 5 por ciento de la población y vivían principalmente en la RACN y la RACS. A pesar de tener órganos de gobierno autónomos, las autoridades gubernamentales o los representantes del FSLN tomaron o aprobaron en gran medida decisiones que afectan sus tierras, culturas, tradiciones o la explotación de energía, minerales, madera y otros recursos naturales en sus tierras. Individuos de cinco grupos indígenas principales: miskito, sumo / mayangna, garífuna (de origen afro-amerindio), criollo y rama, alegaron discriminación gubernamental a través de una representación insuficiente en el poder legislativo.

Las ONG y los grupos de derechos indígenas afirmaron que el gobierno no protegió los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas. Algunos observadores alegaron la participación del gobierno en la violencia contra las poblaciones miskitas en la RACN a lo largo del río Coco, ya sea al no defender a las poblaciones indígenas o como cómplices de grupos no indígenas que invaden tierras indígenas.

Los grupos indígenas continuaron quejándose de violaciones de derechos en relación con los planes para construir un canal interoceánico. Las personas indígenas de las zonas rurales a menudo carecían de certificados de nacimiento, tarjetas de identidad y títulos de propiedad. La mayoría de las personas indígenas en las zonas rurales carecían de acceso a los servicios públicos, y el deterioro de las carreteras hacía que la medicina y la atención médica fueran casi imposibles de conseguir para muchos.

Las mujeres indígenas enfrentaron múltiples niveles de discriminación en función de su origen étnico, género y condición económica más baja.

A lo largo del año, los líderes indígenas alegaron que los gobiernos regionales y nacionales otorgaron concesiones de tala a empresas privadas y empresas afiliadas al gobierno, como ALBA-Forestal, y que la tala continuó violando las leyes de autonomía nacional en el RACS y el RACN.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos basados ​​en la orientación sexual y la identidad de género

Aunque no menciona específicamente la orientación sexual y la identidad de género, la ley establece que todas las personas son iguales ante la ley y establece el derecho a la misma protección. Ninguna ley penaliza específicamente la conducta sexual consensual del mismo sexo entre adultos. Sin embargo, las personas LGBTI continuaron enfrentando discriminación y abuso social generalizado, particularmente en vivienda, educación y empleo. Los grupos LGBTI informaron falta de acceso a la justicia y la discriminación y la falta de respuesta del NNP. El gobierno y los partidarios del FSLN frecuentemente atacaron a participantes LGBTI en protestas civiles en particular, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos. No se disponía de datos confiables sobre la amplitud de dicha discriminación. No existen leyes específicas para castigar los crímenes de odio contra grupos LGBTI.

Hubo informes de ataques contra mujeres transgénero y, según los informes, el PNN no investigó los casos adecuadamente. Las mujeres transgénero que participaron en protestas prodemocracia fueron particularmente hostigadas mientras estaban bajo custodia. Fueron mantenidos con reclusos varones, forzados a desnudarse frente a sus compañeros, y específicamente guardados por guardias. La ley no reconoce la identidad de género y, como tal, el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva

La ley establece el derecho de todos los trabajadores de los sectores público y privado, con excepción de los militares y la policía, a formar y afiliarse a sindicatos independientes de su elección sin autorización previa y a negociar colectivamente. En la práctica, el gobierno violó el derecho al controlar los sindicatos establecidos. La constitución reconoce el derecho de huelga, aunque impone algunas restricciones a este derecho. La ley prohíbe la discriminación antisindical, pero no establece medidas para proteger contra la violación de los derechos. Los largos y engorrosos procedimientos de conciliación obstaculizaron la capacidad de los trabajadores para convocar huelgas. El gobierno creó sindicatos laborales paralelos para confundir y difundir los esfuerzos para organizar huelgas u otras acciones laborales. Además, si una huelga continúa durante 30 días sin resolución,

Un acuerdo de negociación colectiva no puede exceder los dos años y se renueva automáticamente si ninguna de las partes solicita su revisión. Sin embargo, los acuerdos de negociación colectiva en las regiones de la zona de libre comercio son por períodos de cinco años. Las empresas en disputas con sus empleados deben negociar con el sindicato de empleados, si existe. Por ley, varios sindicatos pueden coexistir en cualquier empresa, y la ley permite a la gerencia firmar acuerdos de negociación colectiva por separado con cada sindicato.

El gobierno buscó fomentar la resolución de conflictos laborales a través de negociaciones informales en lugar de procesos administrativos o judiciales formales. La ley no establece multas específicas por infracciones de la legislación laboral, y las sanciones fueron generalmente insuficientes para disuadir las infracciones. Aunque la ley establece un proceso de arbitraje en el tribunal laboral, estaba sujeta a largos tiempos de espera y procedimientos largos y complicados, y muchas disputas laborales se resolvieron fuera de los tribunales. El gobierno afirmó que la gran mayoría de las disputas laborales se resolvieron favorablemente a los trabajadores, pero las organizaciones laborales y de derechos humanos continuaron alegando que las decisiones a menudo eran desfavorables para los trabajadores.

La libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva no fueron respetados, y el gobierno a menudo intervino por razones políticas. La mayoría de los sindicatos estaban aliados con los partidos políticos, y en los últimos años, según los informes, el gobierno disolvió sindicatos y despidió a trabajadores no asociados con el FSLN.

Los despidos motivados políticamente continuaron siendo un problema, y ​​el gobierno pareció acelerar dichos despidos durante las protestas prodemocracia. Después del levantamiento prodemocracia en 2018, la Asociación Médica de Nicaragua informó que al menos 405 médicos, incluidos profesores de escuelas de medicina, habían sido despedidos del sistema de salud pública sin causa hasta agosto. Muchos de los afectados declararon que fueron despedidos por rechazar las órdenes del gobierno de no brindar atención médica a los manifestantes. En 2018, las autoridades despidieron de manera similar a más de 40 funcionarios de universidades públicas, quienes también afirmaron que los despidos fueron en represalia por expresar su apoyo a las protestas o en favor de los estudiantes universitarios que participan en las protestas. La mayoría de los médicos y el personal universitario del sector público despedidos por razones políticas no habían recibido indemnización por despido hasta noviembre. La afiliación al partido o las cartas de recomendación de los secretarios del partido, los coordinadores del gabinete familiar u otros funcionarios del partido supuestamente se les exigía a los solicitantes que buscaban trabajo en el sector público. Varias fuentes destacaron casos similares de empleados del sector público despedidos sin recibir indemnización por despido.

No se conocieron casos documentados de alto perfil de huelgas declaradas ilegales. Durante una huelga, los empleadores no pueden contratar trabajadores de reemplazo, pero los sindicatos alegaron que esta práctica era común. Las huelgas salvajes –las que no tienen autorización sindical– han sido históricamente comunes.

Los empleadores interfirieron en el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y cometieron otras violaciones relacionadas con la libertad sindical y la negociación colectiva. Los líderes laborales señalaron que los empleadores violaban impunemente los acuerdos de negociación colectiva y las leyes laborales de manera rutinaria.

Muchos empleadores del sector formal, que declinaron durante el año, continuaron en la lista negra o despidieron a los miembros del sindicato y no los reinstalaron. Muchos de estos casos no llegaron al sistema judicial ni a un proceso de mediación dirigido por el Ministerio de Trabajo. Los empleadores a menudo retrasaron los pagos de indemnización a los trabajadores despedidos u omitieron los pagos por completo. Los empleadores también evitaron las sanciones legales al organizar sindicatos dirigidos por empleadores que carecían de independencia y al utilizar con frecuencia trabajadores por contrato para reemplazar a los empleados en huelga. Hubo informes de que las cuotas del FSLN se dedujeron automáticamente de los cheques de pago.

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