Alcaldía de Wiwili, Jinotega fue tomada por la Policía y concejales sandinistas

Este martes 27 de octubre a eso de las cinco de la tarde el Frente Sandinista de Liberación Nacional acuerpado con la Policía del municipio de Wiwili Jinotega, se tomó por la fuerza la alcaldía de la localidad, la que pertenecía al Partido Liberal Constitucionalista luego de ganar las elecciones municipales en 2018 con el respaldo de los ciudadanos.

La alcaldeaa Reyna Hernández y el vicealcalde Manuel Blandón, fueron inhabilitados del cargo por una juez sandinista. En sustitución de ambos y con el respaldo de concejales del PLC.  Alba Marina Cárdenas, quien legalmente funge como secretaria del Concejo Municipal  informó que los concejales sandinistas que fueron impuestos ilegalmente como alcalde y vicealcalde son Helen Toruño Rodríguez y Miguel Guerrero, respectivamente.

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La alcaldesa liberal desaforada Reyna Hernández,  denunció la toma ilegal de la alcaldía “personal de INIFOM (Instituto nicaragüense de fomento municipal), junto con la policía, la supuesta alcaldesa que tienen ellos que ya la llevan hasta con credenciales, se presentaron y rompieron los candados de la alcaldía, los portones los rompieron se metieron adentro de la alcaldía junto con la policía y no sabemos que está pasando allá adentro” denunció vía audio Hernández al periodista Gerald Chávez.

#Urgente Sandinistas acompañados de la policía se toman ilegalmente la alcaldía de #Wiwillí, denuncia Reyna Hernández alcaldesa desaforada por el régimen. pic.twitter.com/70bX2M5gb3 — Gerall Chávez (@GerallChavez) October 28, 2020

Desde el pasado 12 de junio, Diana Isabel Jarquín Valle, jueza local penal de Jinotega, suspendió a Reyna Hernández como alcaldesa; "una maniobra ilegal y política”, según la alcaldesa.

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 El vicealcalde, Manuel Blandón, asumió como alcalde en funciones del municipio de Wiwilí de Jinotega, el 15 de junio de 2020. Pero, el 9 de octubre, también fue inhabilitado por un período de dos años.  Además, fue condenado a pagar 150 días multa, equivalente a cien mil córdobas.

Todo comenzó con una demanda laboral millonaria de extrabajadores sandinistas que exigían indemnización que sobrepasaba los propios ingresos y presupuesto de la municipalidad.