Daniel Ortega apuesta a división de la oposición con plazos fatales del CSE

Los recién nombrados magistrados sandinistas del Consejo Supremo Electoral (CSE) han puesto en “jaque” a los opositores nicaragüenses al imponer un plazo fatal para inscribir alianzas electorales a más tardar el 12 de mayo, de acuerdo al calendario publicado este miércoles. De esa forma el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dan el banderillazo de salida para unos comicios generales que carecen de condiciones de transparencia y competitividad. 

Después de más de dos años en que no han podido organizarse en un solo bloque, los opositores ahora solo tendrán seis días para inscribir una sola candidatura en un proceso electoral que desde ya ha contado con el rechazo de la comunidad internacional, porque el régimen del sandinista Daniel Ortega no realizó ninguna reforma electoral creíble y, en lugar de eso, se blindó al aprobar una serie de leyes para inhibir a algunos adversarios y cortarles el flujo de dinero para que puedan financiarse en una campaña electoral. Aparte le dio facultad a la represiva policía para controlar las campañas de los partidos políticos. 

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Una fuente vinculada a la oposición reveló a REDACCIÓN ABIERTA que Denis Martínez, el ex grandes ligas y gloria nacional del deporte, mantiene una intensa mediación con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), encabezado por Kitty Monterrey, para concretar un solo bloque opositor. Sin embargo, hasta ahora no ha trascendido el resultado de esas pláticas ante la nueva parada impuesta por el régimen Ortega-Murillo con el calendario electoral. 

“El tiempo es suficiente si hay voluntad”

El candidato a la presidencia por la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Félix Maradiaga, dijo a REDACCIÓN ABIERTA que el tiempo, los seis días de plazo, “es suficiente si hubiera voluntad”. Por eso, se mostró “abierto a lograr la unidad con los hermanos de la Alianza Ciudadana (que aglutina a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, grupo surgido al calor de las protestas de abril de 2018, y el partido político Ciudadanos por la Libertad)”.

En vista de que es un proceso que requiere de las posiciones de las fuerzas opositoras, REDACCIÓN ABIERTA hizo solicitudes de entrevista a José Dávila, director de la Alianza Cívica, y Yubrank Suazo, miembro de su Consejo Político, para conocer cuál será la posición de este grupo, pero hasta el cierre de este artículo no han respondido. Asimismo, esta plataforma buscó la versión de Kitty Monterrey, presidenta del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial en la Alianza Ciudadana, pero ambos tampoco han respondido. 

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Unas horas después de revelarse el calendario electoral, Kitty Monterrey escribió desde su cuenta de Twitter que era “el momento de que los ciudadanos hablemos como una sola voz, de que avancemos juntos con decisión, de que enfrentemos la incertidumbre con propuestas concretas y la represión con más trabajo y organización”. 

Por otro lado, otro de los candidatos en la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz dijo que “no podemos quedarnos al margen, mientras todo pasa”. Agregó que en la Alianza Ciudadana “estaremos a la altura de la decisión que el pueblo tome”. 

Apuesta para dividir a opositores

Para Yader Loza, especialista en temas electorales del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), el plazo para la inscripción de alianzas que impuso el régimen de Ortega “es una apuesta para que los opositores vayan divididos”. El experto explicó que en convocatorias anteriores el CSE establecía más de 15 días para la inscripción de alianzas. 

“Hay una intencionalidad desde el gobierno de poner a los opositores en una situación difícil, con poco tiempo para la negociación de una unidad entre los bloques opositores principales”, explicó Loza. 

José Pallais, jurista e integrante de la Coalición Nacional, coincide en que este calendario pone en jaque el proceso de unidad. “Limita la posibilidad real de que pudiera llegarse a esa unidad, restringiendo enormemente el tiempo y apartado de la tradición de cómo se venía regulando en elecciones anteriores”, aseguró.

Pero no solamente el corto tiempo, los seis días para inscribir la alianza, juega en contra de los opositores, sino que entre el 13 y 29 de mayo tendrán que presentar las ternas de los Consejos Electorales Departamentales y su estructura electoral. 

“Existe un interés de generar conflicto entre los partidos que el 12 (de mayo) constituyen la alianza, e inmediatamente después tendrían que ponerse de acuerdo para poder inscribir esa terna”, dijo el experto Loza, y agregó: “es muy poco tiempo”.

Además de no realizar una reforma a la ley electoral, tal como la solicitaba la Organización de Estados Americanos (OEA), que recomendaba la restructuración del CSE; el restablecimiento de las libertades civiles y políticas y la observación electoral, el poder electoral en su convocatoria de este miércoles exhortó a las organizaciones políticas “a cumplir la Constitución”, con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Ambas leyes fueron aprobadas el año pasado con dos objetivos claros: sancionar a personas que reciban algún financiamiento extranjero para “actividades que deriven injerencia de gobiernos” e inhibir a “traidores a la patria” que demanden y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y “financien un golpe de Estado”. 

No bastando todas estas trabas, en la recién aprobada reforma a la ley electoral se anexó el artículo 98, que mandata a que los partidos políticos deben presentar una solicitud a la Policía Nacional, sancionada por Estados Unidos por reprimir a los ciudadanos desde las protestas de 2018, con copia al CSE para realizar manifestaciones o mítines políticos.

OEA rechaza proceso viciado

Todo este panorama adverso ha provocado pronunciamientos fuertes tanto de la OEA, como del Departamento de Estado de Estados Unidos. La OEA señaló que la elección de magistrados y las reformas aprobadas “le dan una ventaja absoluta al partido oficial (FSLN)”, mientras que el Departamento de Estado dijo que Daniel Ortega ha “despreciado la voluntad del pueblo nicaragüense y los compromisos de Nicaragua en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.

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Ante esta condiciones adversas, se pone sobre la mesa la posibilidad de que los  opositores continúen con  el proceso electoral o lo abandonen para denunciar la falta de condiciones a nivel internacional. Sobre este punto, el precandidato Maradiaga dijo que “ante un proceso amañado e ilegítimo la única respuesta es la unidad”. También agregó que  “están hablando con todos” para que se logre. 

                                                           

José Pallais adelantó que hay un diálogo con el otro bando opositor para lograr la unidad. “No tengo información si se ha podido avanzar en algo, pero la Coalición tratará en lo que queda de la semana de hacer todo lo necesario para convencer”, señaló. 

Sobre las condiciones electorales, Maradiaga dijo que “la lucha política para lograr las fundamentales, como la observación electoral, aún no se ha acabado”. En cuanto a las inhibiciones, el político dijo que “ese riesgo existe pero eso no debería desenfocar nuestro árduo trabajo de organización política y ciudadana”. 

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