México rompe el silencio y expresa "preocupación" por detenciones de opositores en Nicaragua

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, expresó en twitter su "preocupación" por las detenciones de recientes de líderes opositores en Nicaragua. De esta forma México rompe el silencio ante la radicalización del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"México ha seguido con preocupación las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua. Dichas acciones derivaron en la detención de cuatro precandidatos presidenciales, ocho líderes opositores y dos excombatientes sandinistas, en el marco del proceso electoral que tendrá lugar el 7 de noviembre próximo en ese país" dice el tweet.

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También agregaron que "México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos". La posición de México podría ser un preludio de lo que se podría ser la votación de una resolución en el Consejo Permanente de la OEA, programada para este martes, donde instan a Ortega a liberar a los presos políticos incluidos los líderes de oposición y aspirantes presidenciales.

135 presos políticos

Con las últimas detenciones suman 135 presos políticos en Nicaragua. Desde el 2 de junio a la fecha, suman 15 detenciones que han sido consideradas "arbitrarias" por organizaciones de Derechos Humanos, Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea, Reino Unido, España, países de América central y de América del Sur.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, son los aspirantes presidenciales detenidos. Se sumaron los líderes opositores Violeta Granera, José Pallais, José Adán Aguerri. También fueron secuestrados en menos de 24 horas toda la dirigencia de UNAMOS, como Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona, Víctor Hugo Tinoco, los exguerrilleros sandinistas Hugo Torres y Dora María Téllez.

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El régimen los señala de "traición a la patria" bajo la Ley 1055 que criminaliza a quienes han demandado elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas. 

Los opositores son acusados de  "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares",  y  "proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación".

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Además los acusan porque supuestamente sus acciones "menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

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