Proceso electoral en Nicaragua "carece de condiciones mínimas a cinco meses de comicios” dice observatorio Urnas Abiertas

Las condiciones actuales respecto a normativa electoral y derechos humanos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales para desarrollar los comicios el próximo 7 de noviembre en Nicaragua, por lo que, realizar un proceso electoral en las circunstancias actuales, desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen nuevamente.

Desde la publicación del calendario electoral el pasado 11 de mayo, se ha profundizado la violencia política ejercida por el Estado de Nicaragua. 225 hechos de violencia política se registraron entre el 1 y el 15 de junio de 2021 en el contexto electoral, según registros de nuestro más reciente informe contra la oposición en Nicaragua”, disponible acá

Ejecutivo, principal encargado de coartar mecanismos de justicia electoral

Para el politólogo e internacionalista, Pedro Fonseca, “en Nicaragua, hablar de justicia electoral cuando no existe justicia del todo, es un enorme reto”. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha usado de manera autoritaria toda la estructura estatal para atentar contra los derechos políticos y electorales de organizaciones y personas aspirantes a candidaturas presidenciales. Específicamente, ha utilizado el Sistema Judicial como herramienta para la persecución política y, entidades descentralizadas como la Policía Nacional y el Ministerio Público, son manejadas como brazos coercitivos al servicio del Ejecutivo.

A cinco meses de los comicios electorales, veintiún personas, entre ellas cinco aspirantes a la presidencia, han sido arrestadas. Incluyendo las direcciones de organizaciones políticas, como es el caso de la presidenta y vicepresidente del partido político Unamos (antes MRS): Suyen Barahona y Hugo Torres; la presidenta rotativa de la Coalición Nacional, e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco: Tamara Dávila; el asesor y representante ante la Coalición Nacional de la organización Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN): José Pallais, y un miembro fundador y vocero del partido Ciudadanos por la Libertad: Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quienes no han tenido acceso a abogado ni vista de familiares. Más bien, se aprobó 90 días de detención judicial a petición del Ministerio Público.

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La detención judicial por 90 días de los cinco aspirantes presidenciales estaría evitando la inscripción oficial de sus candidaturas, proceso que según el calendario electoral inicia el 28 de julio y culmina el 2 de agosto. 

“La inhibición de personas candidatas de oposición en un proceso electoral es la muestra más contundente de fraude y la prueba de que no existen condiciones para el desarrollo de dicho proceso. El órgano electoral no cumple su función de garantizar justicia electoral y de desarrollar sus funciones constitucionales con transparencia y efectividad”, asegura el experto. 

De acuerdo a Fonseca, el mensaje que transmiten inhibiciones de facto de estas precandidaturas durante el proceso electoral “es muy traumático para cualquier sociedad”, pues asegura “se trata de advertir que el poder recae únicamente en el gobernante de turno, que las instituciones, la ley, la soberanía y el uso de la fuerza le pertenecen y que no sirve de nada hacer valer sus derechos y luchar socialmente por hacer prevalecer la democracia y el Imperio de la Ley. El mensaje es muy desalentador no sólo para las actuales generaciones, sino también para las futuras”.

Este actuar contraviene los estándares internacionales, evidenciando una clara intervención del Poder Ejecutivo (quien también participa de la competencia electoral) en todo el proceso, aplicando toda su fuerza coercitiva policial, judicial y legislativa en contra de partidos, organizaciones y personas naturales involucradas en los comicios. 

El total y absoluto control legislativo que tiene el partido de Gobierno es un elemento fundamental para la persecución judicial y por ende policial que se ha emprendido contra aspirantes presidenciales y otros liderazgos opositores.

CSE, clave para garantizar justicia electoral 

La justicia electoral es fundamental para cualquier proceso electoral democrático, en tanto vela por la legalidad de las elecciones y garantiza los derechos políticos-electorales de la ciudadanía. 

“La protección de los derechos políticos-electorales son fundamentales para el desarrollo pleno de cualquier sociedad que, a través del establecimiento de su contrato social, haya decidido optar por un sistema que garantice la participación de su ciudadanía y el ejercicio de la soberanía a través del pueblo. No puede existir tal cosa como una democracia que decide regirse por un marco normativo que promueve la igualdad, la diversidad y que reconoce la soberanía en la ciudadanía y que tiene un gobierno autoritario, policial y que no respeta los derechos políticos-electorales. Esto es cualquier cosa, menos un sistema democrático”, apunta el politólogo.

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Claramente, como hemos venido registrando desde Urnas Abiertas a partir de los últimos meses, el proceso electoral nicaragüense carece de mecanismos que promuevan y garanticen la justicia electoral, tanto por la débil institucionalidad como por la inexistente voluntad política del Ejecutivo y su determinación de impedir la competencia electoral con el objetivo de permanecer en el poder. 

“El marco conceptual que utiliza la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir unas elecciones como democráticas atraviesa cuatro ejes principales: elecciones inclusivas, elecciones limpias, elecciones competitivas y cargos públicos electivos. Lo mínimo para que exista legalidad en las elecciones es que todas las fases del proceso antes mencionadas, se desarrollen bajo el marco normativo dispuesto para ello. En Nicaragua no ha sido el caso. 

De acuerdo a Fonseca, “se ha ajustado la ley para cumplir la voluntad del gobernante, se ha utilizado la ley como una herramienta de persecución, a través del brazo coercitivo del Ejecutivo, que es la Policía Nacional y se ha incumplido toda normativa internacional aplicable recayendo incluso en crímenes graves como la tortura y el secuestro”, asegura Pedro Fonseca, quien también fue consultor para la Organización de Estados Americanos (OEA).

Es por eso que se hace necesario reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE) “para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”, tal como lo ha indicado la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El CSE debe asegurar la justicia electoral, que comprende diversos medios y mecanismos que tienen por objeto garantizar que cada acto, procedimiento o resultado electoral se ajuste al derecho, así como proteger o restaurar el goce de los derechos electorales. El CSE debe garantizar además, un conteo transparente y creíble de votos, y procesos justos de resolución de conflictos.

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Inhibir candidatos y no garantizar un órgano electoral parcial, quebrantan toda naturaleza democrática de dicho proceso y elimina todo indicio de transparencia y competitividad electoral.  

Es necesario que el Gobierno de Nicaragua garantice todas las condiciones para una amplia participación, tanto para las personas votantes como para las organizaciones y partidos parte de la contienda electoral para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado.

Entre ellas, libertad a todas las personas presas políticas, cesar la represión, la violencia política y el estado policial; derogar el marco legal restrictivo y detener la instrumentalización de la justicia para la persecución política y, garantizar la observación nacional e internacional independiente, fidedigna y creíble, incluyendo observadores en materia de Derechos Humanos con la CIDH y OACNUDH.

De acuerdo al registro del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 se registraron 946 hechos de violencia política cometidos contra personas que forman parte de organizaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones de víctimas o partidos políticos que están involucrados en el proceso electoral, en su calidad de integrantes, directivos, funcionarios o candidatos.

Sobre Urnas Abiertas

Urnas Abiertas es un observatorio ciudadano para el monitoreo del proceso electoral, conformado por un equipo multidisciplinario que genera y comparte análisis de manera profesional, científica, imparcial y creativa respecto a la justicia y el riesgo electoral. 

Los análisis realizados estarán basados en el reporte ciudadano y la verificación de información con el fin de que la ciudadanía nicaragüense y personas tomadoras de decisiones nacionales e internacionales cuenten con información sobre el proceso electoral 2021.

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