Parlamento Europeo aprobó con 629 votos resolución que exige aplicar sanciones a Daniel Ortega y Rosario Murillo

El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que pide al Consejo de la Unión Europea y a los Estados miembros que “amplíen rápidamente” la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones en Nicaragua, incluidos el dictador Daniel Ortega, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo y su “círculo íntimo”.

El texto fue aprobado con 629 votos a favor con el respaldo de distintos grupos parlamentarios que condenaron todas las acciones represivas del régimen contra partidos de la oposición y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil.

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“Ampliar rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser sancionadas, incluidos el presidente y el vicepresidente de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense”, indica la resolución.

Además, la resolución pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos los candidatos presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena y otros 19 líderes opositores detenidos en las últimas semanas.

“Se garantice el respeto de sus salvaguardias legales fundamentales, los derechos humanos y los derechos civiles y políticos; exige que el gobierno proporcione de inmediato pruebas de que los detenidos siguen vivos y prueba de su paradero”, señalan.

El proyecto de resolución, solicita levantar el estado de sitio de facto, respetar el rol de la Policía como fuerza apolítica, apartidista y no deliberativa, desarmar a las fuerzas paramilitares, cumplir con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restaurar los derechos de los ciudadanos.

Los Eurodiputados reiteran el llamado al restablecimiento del diálogo inclusivo y la democracia como “única salida” pacífica a la crisis política, económica y social en Nicaragua e insta a realizar cambios “inmediatos” a la ley electoral de acuerdo con los parámetros internacionales exigidos por la OEA en su resolución de 21 de octubre de 2020.

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“Presencia irrestricta de los órganos de observación electoral nacionales e internacionales, comprometiéndose con la convivencia política después de las elecciones; destaca que para que las elecciones y el gobierno resultante sean reconocidos por el Parlamento Europeo, se deben implementar los cambios solicitados por la OEA y los organismos internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y libertades que hacen posible una libre”, advierten

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La resolución, también contempla solicitar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la "coordinación necesaria" con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las "operaciones ilícitas" del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos; subraya que "Nicaragua figura en la lista negra del GAFI desde octubre de 2020".

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El proyecto subraya la necesidad de mantener y garantizar que la "ayuda" de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y el pueblo de Nicaragua a través de los programas humanitarios y de desarrollo de la Unión, entre otros, llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al régimen.

También le recuerda a Daniel Ortega que de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe "respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su llamamiento para que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación"

Agregan solicitar a la Unión y a sus Estados miembros que supervisen de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes y embajadas en Nicaragua, inclusive "mediante la supervisión de juicios y visitando a críticos y líderes de la oposición en prisión o bajo arresto domiciliario"

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