Vence plazo para que Daniel Ortega informe a ONU sobre caso de FVBCH, Confidencial y precandidatos

Relatores de Naciones Unidas denunciaron las "medidas irregulares" que el Estado de Nicaragua, representado por el régimen de Daniel Ortega, aplicó en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, los trabajadores Marcos Fletes, Walter Gómez, presos en el Chipote. Así también documentaron la desaparición forzada de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, precandidatos presidenciales y asaltos al diario digital Confidencial. Por tal motivo interpelaron a Daniel Ortega para que brinde información sobre las violaciones cometidas con los señalados. El plazo para responder se vence este 19 de septiembre.

Los ocho relatores especiales de varias dependencias de la ONU informaron que habían mostrado "preocupación" por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, por limitar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil al ser consideradas "agentes extranjeros".

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“Derivado de las investigaciones contra los integrantes de la FVBCh, hasta el momento de la presente comunicación se han adoptado medidas supuestamente irregulares por parte de la autoridad ministerial o judicial. Las medidas son, citar a declarar sin especificar en qué calidad, congelamiento de cuentas bancarias y apertura de procedimientos judiciales penales, siendo que Marco Antonio Fletes, Walter Antonio Gómez Silva y Cristiana Chamorro Barrios han sido privados de libertad en  los respectivos procedimientos en su contra”, indica el informe de los Relatores que enviaron a Daniel Ortega el pasado 19 de julio.

                                                          

Denunciaron que las comunicaciones dirigidas al régimen de Daniel Ortega expresando preocupación por la persecución a Confidencial, no fueron respondidas. 

“Del mismo modo, resulta preocupante el acoso al medio periodístico Confidencial, el cual se alega fue para impedir la circulación de cualquier tipo de información crítica o inconveniente al Gobierno durante el periodo electoral en Nicaragua”, destacan.

El informe de los Relatores enviado a Ortega indican que las detenciones de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga "reúnen los elementos de una posible desaparición forzada, una grave violación de derechos humanos, que frecuentemente posibilita otras violaciones, como la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o a la privación arbitraria de la vida”, expresan los defensores de DDHH. 

“Hemos recibido sobre los alegatos de acoso y detención por parte de los autoridades en perjuicio de integrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, supuestamente por la actividad política que desempeñaba su exdirectora; el periódico Confidencial, por la presión a los medios periodísticos durante el proceso electoral; así como los alegatos de detención y desaparición del señor Juan Sebastián Chamorro García y Félix Alejandro Maradiaga Blandón, por su actividad política en contra del Gobierno”, destacan en el informe.

Régimen obligado a investigarse

En el informe los ocho relatores que conforman el Grupo de Trabajo de ONU, indican que "quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas y proporcionar las reparaciones debidas. Quisiéramos asimismo instarles a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan" demandan los relatores.

También solicitaron al Estado de Nicaragua proporcionar información sobres "las razones fácticas y jurídicas que sirvieron de base para realizar el operativo en las oficinas del periódico Confidencial. Sírvase proporcionar información sobre el estado de los procesos administrativos y/o judiciales en relación con la devolución de los bienes que habrían sido confiscados por el Estado al medio periodístico Confidencial”, destaca el informe.

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Así mismo demandan "sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el gobierno de su Excelencia para garantizar la independencia de los fiscales y la judicatura; para asegurar que todos los fiscales y jueces puedan desahogar los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo".

El informe lo suscribieron: Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Miriam Estrada Castillo, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Tae Ung-Baik, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Clement Nyaletsosi Voule,  Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Diego García, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y Melissa Upreti, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

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