Daniel Ortega en un simulacro de elección, sin oposición y sin adversarios

Los partidos políticos que decidieron participar en las generales de noviembre se prestan a la pretensión de legitimar un proceso electoral que no goza de ninguna garantía democrática. Los contrincantes de Ortega, entre comillas, son unos desconocidos.

Por estos días, el clima político no altera la cotidianidad de Managua. En las calles de la ciudad capital no hay nada que advierta que ha comenzado a correr la última fase del proceso electoral nacional en el que se elegirá al Presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano. No hay arengas en tarimas, ni mega rótulos con candidatos sonrientes; tampoco se ha visto a políticos recorriendo el interior del país en la búsqueda de votos.

A un mes de las votaciones, los nicaragüenses se muestran apáticos al proceso electoral en el que Daniel Ortega se enfrenta a tres adversarios sacados del absoluto anonimato y a otros dos que pertenecen a partidos políticos con historial de colaboracionistas. De estos comicios han quedado fuera los partidos de oposición.

Las votaciones que se llevarán a cabo el próximo 7 de noviembre son inéditas en América Latina, porque, a diferencia de Cuba donde el castrismo ha impuesto un régimen de partido único, en Nicaragua Ortega se empeña en “jugar” a la democracia sin dar la mínima garantía que se así, dicen analistas políticos a Despacho 505.

En ese juego, Ortega ha eliminado a contrincantes que pudieron derrotarlo en las urnas, enviándolos a la cárcel, y en su lugar dejó a cinco oponentes que mantienen un bajo perfil en su rol de candidatos presidenciales.

“El proceso electoral ha sido prefijado como una pantomima. La comunidad internacional, a excepción de Rusia, Irán, China, Corea del Norte, Cuba y Venezuela, todos países con regímenes tiránicos, tiene total claridad acerca del nulo valor que puedan tener los eventuales resultados”, comenta un exdiplomático que por temor a represalias prefiere hablar bajo anonimato.

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El Consejo Supremo Electoral (CSE), el pasado 10 de septiembre, publicó la lista oficial de los candidatos presidenciales de seis partidos políticos, incluido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN): Guillermo Antonio Osorno Molina por Camino Cristiano Nicaragüense (CCN); Marcelo De Jesús Montiel Fernández por Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Gerson Gutiérrez Gasparín por Partido Alianza por la República (APRE), Mauricio Orue Vásquez por el Partido Liberal Independiente (PLI), Walter Espinoza por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

En esa lista solo figuran agrupaciones políticas tildadas de “colaboracionistas” del régimen en un intento por legitimar un proceso sin garantías de pluralismo y transparencia. Previamente, usando los poderes Legislativo, Electoral y Judicial, el oficialismo ejecutó arrestos arbitrarios de siete candidatos presidenciales y la cancelación de la personería jurídica de los partidos Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido Restauración Democrática (PRD) que serían los vehículos en los que participaría la oposición, aglutinada en la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por Justicia y la Democracia, surgidas a raíz de las protestas cívicas de 2018.

El argumento que usó el CSE para sacar al PRD de las elecciones es que el presidente de la agrupación Saturnino Cerrato estaba manteniendo alianzas con personas que promovían antivalores al impulsar agendas sobre “la muerte desde el seno materno mediante el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo y la injusticia”.

Mientras que a CxL lo apartó de la contienda, después que el 6 de agosto la diputada María Haydée Osuna pidiera a la autoridad electoral cancelar la personería a esa organización. Los magistrados de la CSE actuaron rápidamente y acusaron al partido de Kitty Monterrey de una “flagrante violación” a la Ley número 1055, “Ley de Soberanía”. Pero antes, el CSE vetó la candidatura a la Vicepresidencia de la exreina de belleza Berenice Quezada.

Ante eso, un exdiplomático considera que ningún gobierno democrático reconocerá como válidos los resultados de un proceso que desde el comienzo ha sido truncado y en el que ha excluido a los principales líderes y partidos de oposición, y más cuando no habrá ninguna observación electoral.

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Hasta mediados de junio, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro y Miguel Mora eran los precandidatos presidenciales con mayor simpatía entre la población, según sondeos independientes, pero el régimen usó al sistema judicial para encelarlos bajo cargos de traición a la patria, al igual que a Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Arturo Cruz. También apresó a críticos, profesionales y líderes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Según los analistas, el caso de Nicaragua es bastante particular incluso si se compara con los procesos electorales simulados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pues en 2018 permitió que un candidato opositor, entre comillas, Henry Falcón, le disputará la presidencia, aunque era evidente que las posibilidades de ganar eran mínimas.

“Maduro al menos hizo campaña y dio la sensación de que tenía a un adversario, en Nicaragua los candidatos no hablan, no los conoce nadie”, agrega otro analista consultado por este medio. Partiendo de eso, dice, en Nicaragua es más claro que los partidos de oposición y sus fórmulas sólo están tratando de legitimar el “circo electoral”.

Candidatos fantasmas

Sonia, nombre ficticio, vota desde 1996 y es la primera vez que no sabe quiénes son los candidatos presidenciales opositores que aparecerán en las boletas, el próximo 7 de noviembre. Solo sabe que Daniel Ortega y Rosario Murillo son la fórmula del Frente Sandinista que busca seguir en el poder más allá de 2021.

El 7 de noviembre, también se deberá elegir a diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Según el CSE, más de 4.4 millones, de seis millones de habitantes, aparecen en el padrón electoral.

Sonia dice que tampoco ha sentido que los últimos dos procesos electorales se hayan vivido las elecciones como una fiesta cívica. En 2011 fue la última vez que participó en un acto de campaña cuando Fabio Gadea Mantilla, candidato por el Partido Liberal Independiente (PLI) decidió convocar a una manifestación en la Pista del Mayoreo, en Managua.

“No he visto propaganda de los demás candidatos presidenciales y diputados”, comenta.

Como ella, más nicaragüenses cuestionan la forma en que se desarrolla este proceso. Margarita, otra mujer que vive en Masaya, dice que no votará, en principio porque los candidatos por los que sentía simpatía se encuentran en la cárcel , y segundo porque cree que Ortega ha diseñado un proceso a su medida.

En mayo, Ortega impulsó una reforma a la Ley Electoral que obvió las recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y eligió a magistrados del Consejo Supremo Electoral afín a su partido.

“Yo como ciudadana no me voy a prestar a ese juego”, dice Sonia. Se suma al llamado de organizaciones como la UNAB y la la Asociación Madres de Abril (AMA) de no participar y desconocer los resultados.

Para un político que se involucró en los procesos electorales de 2006 y 2011, las votaciones próximas servirán a los partidos políticos para oxigenar sus cuentas con los reembolsos que hará el CSE por el gasto en publicidad, a pesar que ninguno ejecuta una verdadera campaña electoral.

“Estamos ante candidatos fantasmas que seguramente están buscando un curul en la Asamblea o que sus partidos agarren una tajada del CSE”, comentó el político, que también habló bajo anonimato.

El año pasado, la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto de 32 millones de dólares para que el CSE organizara las elecciones generales de este 2021. De esa partida, se destinará un reembolso a partidos de hasta 23 millones de dólares, que podrá ser cobrado por las agrupaciones que alcancen al menos un 1% de los votos.

Ortega elige a oposición desde 2008

Para un analista político, vinculado al liberalismo nicaragüense, Ortega ha decidido elegir a su oposición desde las elecciones municipales de 2008 cuando le quitó la personería al partido Alianza Liberal Nicaragüense, de Eduardo Montealegre. “En 2011 Ortega inhibió candidatos al grupo de don Fabio Gadea (candidato presidencial), y en 2016 eliminó a la oposición del PLI, y es la primera elección en la que decide ir solo en el proceso”, comenta el experto.

De esa forma, el CSE lo que ha hecho es un simulacro de elecciones porque “Ortega está más consciente que es minoría”. El proceso de este noviembre rompe el récord de 2016 en el que al menos Maximino Rodríguez, por el PLC, parecía ser un adversario de Ortega.

Pero hay algún registro similar en la historia electoral de Nicaragua. Los analistas responden que no.

“Pienso que estas serán las elecciones más falsas y corruptas de toda historia de Nicaragua, peores que las elecciones organizadas por William Walker en 1857, por las que el filibustero se autoproclamó presidente”, comenta un exdiplomático.

En esa línea, otro analista comenta que las votaciones de este año superan a las de 1947 entre Leonardo Arguello y Enoc Aguado y en las que los resultados se invirtieron para darle el triunfo a Argüello, el candidato de Somoza García.

“Estas elecciones quedarán como un vergonzoso baldón en la historia de Nicaragua y traerán serias consecuencias para el país, pero también para la dictadura”, dice.

Sobre el rol de los partidos “colaboracionistas”, los expertos creen que a nivel internacional se está consciente de que se trata de una oposición fingida, que ha jugado el “mismo papel de comparsas de la dictadura en pasadas elecciones”. “Son personas que se mueven por un salario, mercenarios de la política, algunas de ellas con antecedentes delictivos. No gozan de ninguna credibilidad ni representan a nadie, excepto a los dictadores”, añade un analista.

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Ese rol de una oposición hecha a medida de Ortega es más desilusionador para amplios sectores del país que miraban en estas elecciones la posibilidad de terminar, por la vía cívica con la era Ortega, marcada por la corrupción, el control total del Estado y las gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Si el boicot electoral, convocado por la oposición aglutinada en la UNAB y organizaciones víctimas de la represión orteguista tiene éxito se convertirá en una protesta en silencio de los nicaragüenses en contra de un régimen que ha hundido al país en la peor crisis sociopolítica de los últimos 30 años.

Aunque es de esperar, dicen los analistas, que Ortega use todo el andamiaje del Estado para movilizar a sus partidarios y empleados públicos a las urnas. “Luego dirán que la participación ciudadana fue de 70%, pero estamos claros que Ortega simuló una elección y compitió con el mismo”, valora un político cercano a las campañas presidenciales de 2006 y 2011 en Nicaragua.

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