Familiares de presos políticos: "Torturas psicológicas y tratos crueles continúan" algunos tienen covid-19

Familiares de los 160 presos políticos denunciaron que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue violando los derechos humanos y constitucionales de sus parientes, quienes están padeciendo ansiedad.

Familiares de los 160 presos políticos que están tras las rejas de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Sandinista (PS), conocidas como el nuevo "Chipote" y de los distintos sistemas penitenciarios de Nicaragua, denunciaron que sus parientes siguen siendo sometidos a torturas psicológicas, malos tratos y que la dictadura continúa violando sus derechos humanos y los expone a procesos judiciales irregulares. 

"Hacemos del conocimiento del pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional, la terrible situación de violaciones a derechos humanos, malos tratos y torturas a las que están siendo sometidos nuestros familiares en el Chipote y los centros del sistema penitenciario...las visitas periódicas y frecuentes de familiares a personas detenidas son un derecho humano reconocido por las leyes de nuestro país y demandamos que se nos permita visitar a nuestros familiares, según lo establecido en las audiencias iniciales del Poder Judicial", denunció María Josefina Gurdián , conocida como "Doña Pinita".

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Actualmente la dictadura ejecuta elecciones nacionales manteniendo tras las rejas a precandidatos presidenciales opositores, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes políticos, defensores de derechos humanos, extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre otros. Además, controla el Poder Electoral, ya que la mayoría de los magistrados responden a los intereses del dictador, y aprobó una reforma a la Ley Electoral que le facilita apropiarse de los resultados electorales. También, despojó de la personería jurídica a tres partidos políticos de la oposición.

                                                    

Gurdián denunció que, en la segunda visita a sus familiares presos políticos, los oficiales de la PS los sometieron a revisiones físicas humillantes que incluyeron el registro de su ropa interior, a grabaciones de video y los obligaron a posar para fotografías. Además, los despojaron de artículos personales que no representan ningún peligro como anteojos y otros. Recordó que los reos de conciencia están enfrentando un proceso judicial irregular en el que la dictadura no les permite ver a sus abogados.

Deterioro de la salud   

Otros 123 reos de conciencia que fueron apresados en el contexto de las protestas ciudadanas de abril de 2018 y antes de ellas han sido condenados por el sistema de justicia del régimen. Éstos pueden recibir visitas de sus familiares, pero bajo asedio y amenazas en los distintos sistemas penitenciarios de Nicaragua.

Doña Pinita manifestó su preocupación porque los detenidos siguen perdiendo peso, reciben medicamentos por parte de los uniformados que no tienen identificación y en los últimos días la PS les ha solicitado medicamentos que son utilizados para aliviar la ansiedad, lo que significa que la salud mental de los presos políticos ha desmejorado.

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"El deterioro físico continúa. En la mayoría de los casos siguen perdiendo peso y sufriendo de debilidad extrema consecuencia de una mala nutrición. Particularmente, preocupante son casos como el de José Pallais, quien ha perdido 50 libras y José Adán Aguerri que tiene 30 libras menos. Continúan pálidos, muchos no tienen acceso al sol y otros solamente una vez por semana. Hay desorden en la administración de los medicamentos, se los entregan sin nombre ni etiqueta, nuestros familiares no saben que medicina les están proporcionando y no permiten que médicos puedan atenderlos", aseguró doña Pinita.

                                                  

Otras de las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos denunciadas por los familiares son que : la mayoría siguen sufriendo de un frío lacerante durante las noches, pues no se les ha permitido entrada de ropa de cama, frazadas o ropa de abrigo; las luces permanecen encendidas las 24 horas del día en algunas celdas, mientras otras se encuentran en penumbra; no tienen acceso a material de lectura, ni a noticias actuales, u otra actividad que les vincule al mundo y les permita ocupar su mente y su tiempo; sus celdas permanecen custodiadas, impidiéndoles a través de amenazas la comunicación con otras personas y en algunos casos están confinados en celdas solitarias.

Cabe destacar el aislamiento total y permanente en que continúa Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en el Chipote. Según los denunciantes esta situación es similar a la de las 28 personas presas políticas que se encuentran en condiciones de aislamiento en cárceles de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Nacional.

Presos políticos con Covid 

Ruth Martínez, hermana del reo de conciencia Norlan Cardenas Ortiz y miembro de la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), denunció que han notado un incremento en los casos de presos políticos con síntomas de Covid-19, ya que asegura que ninguno de ellos ha sido vacunado contra ese virus en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

"Esta situación presenta un grave peligro para la vida e integridad de nuestros familiares puesto que la edad promedio de las personas presas políticas en estas cárceles es de más de 50 años...por las condiciones de encierro, malos tratos, amenazas y torturas, nuestros familiares se encuentran en un estado de salud mental y emocional muy deteriorado. Han cambiado arbitrariamente las fechas de las visitas después de establecidas. Muchas veces hemos llegado con comida o desde muy lejos y ya estando ahí nos dicen que cambiaron de fecha de visita. Esto a veces ha impedido que logremos ver a nuestros familiares", se quejó Martínez.

Reiteró que los funcionarios del SPN siguen abusando de sus funciones, ya que los obligan a firmar un documento en el que deben aceptar que todo está bien con el familiar detenido y de no hacerlo son amenazan con suspenderles la visita y no recibir paquetería. "Denunciamos nuestra extrema preocupación por las 28 personas que se encuentran recluidas en máxima seguridad o celdas de castigo, algunas de ellas llevan años recluidos con acceso limitado a sol, ventilación y comunicación con el exterior", expresó Martínez.

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