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EEUU alista acciones para desconocer el mandato "antidemocrático" de Daniel Ortega

“Estamos trabajando con otros socios en la región, sabemos que no estamos solos en nuestra perspectiva”, indicó a la Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
EFE

El gobierno de Estados Unidos prepara medidas para desestimar el proceso electoral en Nicaragua y establecer que Daniel Ortega "no tendrá un mandato democrático” tras los comicios del 7 de noviembre.

“Estamos trabajando con otros socios en la región, sabemos que no estamos solos en nuestra perspectiva”, indicó a la Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala.

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Mientras tanto, el Congreso se alista para finalizar esta semana la aprobación absoluta del proyecto de ley Renacer, que establece un marco de sanciones diplomáticas y económicas específicas, entre ellas, la revisión de la participación de Nicaragua en Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA).

                                                       

Según dijeron fuentes legislativas consultadas por la VOA, se espera que la propuesta legislativa llegue al escritorio del presidente Joe Biden antes del domingo, para su promulgación.

“La Ley Renacer solidificará (…) nuestra visión absoluta de que Daniel Ortega y Rosario Murillo no tendrán ningún derecho legítimo al poder después de la pseudo-coronación de su dictadura dinástica la próxima semana", dijo el martes el senador demócrata Robert Menéndez, autor de la legislación, en referencia a los comicios presidenciales del próximo 7 de noviembre.

La iniciativa cuenta con apoyo bipartidista en las dos cámaras del Congreso.

Luz verde para “revisar” el CAFTA

Bajo el marco de la ley Renacer, el Congreso autoriza la revisión de la “participación continua” de Nicaragua en el tratado de libre comercio, basándose en un artículo del pacto que establece la aplicación de "las medidas que se consideren necesarias" en el incumplimiento de "obligaciones" de los países miembros.

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Según Mendrala, la Administración Biden ya inició el proceso de revisión de “los componentes de la ayuda técnica y otros componentes de CAFTA (…) para asegurarnos de que no beneficien al gobierno Ortega-Murillo”.

La revisión fue recomendada desde junio por una comisión bipartidista de senadores que envió una carta al presidente Biden. Pero hasta entonces la Casa Blanca dudaba sobre la “legalidad” de esa medida, según reveló en una entrevista con la VOA el asesor para asuntos hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González.

El senador republicano Marco Rubio, uno de los signatarios de la misiva, expresó en un comunicado ofrecido a la VOA el martes que “es insólito que Estados Unidos y otras democracias de la región tengan vínculos con la dinastía autoritaria de Ortega y Murillo”.

Bajo esa misma línea, el senador Rick Scott, también republicano, expresó que Estados Unidos "pacta acuerdos para ayudar a todo el pueblo de un país, no lo hacemos para ayudar a dictadores de un país (...) y esto ha sido usado por Ortega para su propio beneficio".

Según un funcionario familiarizado con la actual revisión, entre las aristas que se analizan para la posible suspensión del país centroamericano está el impacto económico que implicaría la suspensión de tarifas arancelarias en las importaciones y exportaciones de productos entre los dos países, así como las "consecuencias humanitarias".

                                                        

Cerca de la mitad de las exportaciones nicaragüenses se dirigen a Estados Unidos bajo acuerdos arancelarios preferenciales pactados a través del CAFTA.

Panorama en Nicaragua

El país centroamericano está llamado a las urnas el domingo, bajo un escenario que indica que la dupla Ortega-Murillo conseguirá cinco años más en el poder, tras liderar una embestida contra los líderes opositores desde hace cinco meses y anular a los últimos partidos opositores que quedaban en la contienda.

En total son siete los aspirantes presidenciales arrestados en Nicaragua, y más de una veintena de líderes políticos y empresarios, acusados de delitos de traición a la patria.

Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sancionaron en varias oportunidades a funcionarios del gobierno sandinista como una medida para cambiar el comportamiento de la pareja presidencial, sin lograr el objetivo.

Ortega, por su parte, ha acusado a EE.UU. y la Unión Europea de intervencionismo y al gobierno estadounidense de formar una alianza con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para desestabilizar su gobierno.

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