ONU demanda al régimen reabrir organizaciones, medios y partidos cancelados en Nicaragua

La Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se mostró "profundamente preocupado" por las reformas legales que limitan en Nicaragua el margen de maniobra de la sociedad civil e instó al Gobierno de Daniel Ortega a permitir la reapertura de organizaciones, medios y partidos cerrados "arbitrariamente" durante estos últimos años. La ley que entró en vigor el viernes nace con el pretexto de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo detalló Liz Throssell, Portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado.

“Estamos profundamente preocupados por una nueva ley que entró en vigor en Nicaragua el viernes y que restringe aún más el funcionamiento de la sociedad civil, en contra de las obligaciones del país en materia de derechos humanos. La ley busca prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero, por el contrario, profundiza la represión del espacio cívico. Las disposiciones de la ley dificultan el registro de las organizaciones no gubernamentales, obligándolas a solicitar la aprobación del gobierno para sus actividades e imponen nuevas obligaciones de información, como detallar las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios. Además, la ley prohíbe a las ONG hacer proselitismo político y políticas partidarias, sin definir qué incluyen dichas acciones” destaca Throssell.

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Por lo que solicitan al régimen de Daniel Ortega, por recomendación de la Alta comisionada que reabra las organización de derechos humanos y medios de comunicación, además que cese las cancelaciones de organizaciones no gubernamentales y que regrese las personerías jurídicas a todas las ONG´s al igual que a los partidos políticos que se le cancelaron.

“Tal como recomienda la Alta Comisionada, es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente. Instamos a las autoridades a que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados”.

Por otro lado, Liz Throssell señala en la misiva que resulta aún más preocupante que dicha reforma haya entrado en vigor la misma semana en la que la Asamblea Nacional despojó a 50 organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por el supuesto incumplimiento de otras disposiciones de la legislación nacional. 

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“Desde 2018, se han cerrado al menos 209 organizaciones en Nicaragua, de las cuales unas 137 en lo que va del año. Entre ellas están las principales ONGs nicaragüenses de derechos humanos, incluidos derechos de la mujer y derechos de los pueblos indígenas, y otras que trabajan en educación, desarrollo, así como asociaciones médicas. También se ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 12 universidades, que ahora están bajo el control del Gobierno” recordó el diplomático.