Noticias NicaraguaPolíticaDaniel Ortega consolidó un estado policial mediante el terrorismo de estado asegura Colectivo de DDHH

Daniel Ortega consolidó un estado policial mediante el terrorismo de estado asegura Colectivo de DDHH

Desde 2018 el régimen de Daniel Ortega ha utilizado todas la instituciones del estado para arremeter contra los opositores en Nicaragua
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Abogados del Colectivo presentan informe.
Cortesía

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + presentó este miércoles 29 de junio el informe “NICARAGUA: ENTRE REPRESIÓN Y RESISTENCIA CIUDADANA”, Situación de derechos humanos de la población nicaragüense 2021-2022.

En dicho documento se aborda sobre cómo el régimen de Daniel Ortega ha consolidado un estado de terror en Nicaragua y que según el Colectivo este se completó con apoyo de los aparatos estatales como la policía y demás poderes del estado.

“Durante 2020 y 2022 el régimen dictatorial de Daniel Ortega consolidó el estado policiaco de facto mediante el terrorismo de estado, la configuración de un aparato represivo altamente eficaz y la sumisión total de todos los poderes del estado al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen desmanteló cualquier ápice de Estado de Derecho, institucionalidad o separación de poderes, instalando un sistema de represión e impunidad generalizada”, detalla el Colectivo.

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Asimismo, manifestaron que la Asamblea Nacional, continuó aprobando leyes regresivas, constituyéndose en un importante instrumento de represión, con la aprobación de la Ley 1055 (Ley de Defensa de derechos del pueblo), la ley 1060 (reformas al Código Procesal Penal que incluye la ampliación de la detención durante la investigación de 48 horas a 90 días) y la Ley 1042 (Ley de Ciberdelitos).

Estas leyes han sido utilizadas desde mayo de 2021 para detener, acusar y condenar por supuestos delitos de “traición a la patria”, “lavado de activos”, “noticias falsas” entre otros a decenas de opositores, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, indica el informe. 

“La Asamblea Nacional ha sido la responsable de la violación al derecho humano de asociación, libertad de expresión, organización y otros derechos, al aprobar la Ley 1115 Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), que ha facilitado el desmantelamiento, cancelación y cierre de más de 440 organizaciones al 30 de mayo del corriente año con la participación del Ministerio de Gobernación”.

De igual manera el Colectivo Nicaragua Nunca Más señala que ha identificado una intensificación de hostigamientos, agresiones físicas y psicológicas, amenazas, detenciones arbitrarias contra personas opositoras y excarceladas, persecución, vigilancia a periodistas independientes, defensores/as de derechos humanos, precandidatos/as presidenciales y líderes de movimientos sociales.

Detenciones arbitrarias y torturas

Por otro lado, el Colectivo destaca que el régimen de Daniel Ortega a través de la sancionada policía sandinista, así como el sistema penitenciario han cometidos y recrudecido la tortura contra las personas presas políticas en Nicaragua en la que se incluyen el sometimiento a agresiones físicas y verbales por parte de custodios y reos comunes, negación de atención médica, confinamiento en celdas de castigo, aislamiento prolongado y restricciones en paquetería y visitas familiares.

“Las personas recluidas en “El Nuevo Chipote”, también les han negado atención médica, paquetería, alimentación adecuada, visita de familiares, lo que les ha provocado pérdida considerable de peso, desmayos constantemente, pérdida de dentadura, llagas y manchas en el cuerpo debido a las condiciones insalubres de las cárceles y falta de sol, sometimiento a interrogatorios exhaustivos, privación del sueño, permanente exposición a luz artificial o total oscuridad, aislamiento forzado, el cual les genera depresión profunda que les resulta en pérdida de memoria, afectando de esta manera su salud física y mental”, cita el informe del Colectivo.

De igual manera se detalla que los familiares de las personas presas políticas han sido objeto de trato intimidatorio, amenazas y hasta abusos sexuales. 

Familiares han denunciado ser víctimas de amedrentamiento y tratos humillantes, especialmente a las mujeres, con revisiones físicas exhaustivas que, en algunos casos, han incluido tocamientos indebidos, retiro de vestimenta y ropa interior. 

Ante esta situación, algunas de sus familiares se han reservado de denunciar estos actos por temor a represalias en su contra de sus parientes encarcelados y privaciones de visitas.

Procesos judiciales

En cuanto a los procesos judiciales el Colectivo manifiesta que estos se han erigido como una forma de hacer prevalecer la tortura, ya que estos no solo garantizan la impunidad y el secretismo sobre las graves violaciones a derechos humanos que sufren las personas presas políticas, sino que, además, les desprovee de cualquier herramienta jurídica para defenderse.

“Un hallazgo de la sistematización realizada por el Colectivo Nicaragua Nunca Más es que ninguno de los casos procesados pudo tener acceso al expediente fiscal y policial de investigación, así como una reunión con sus representados/as, y en algunos casos excepcionales que esta se otorgó, fue vigilada y controlada por los oficiales”.

En el informe la organización defensora de DDHH manifiesta que el sistema de justicia en Nicaragua es utilizado para castigar a cualquier persona crítica y opositora al régimen de Daniel Ortega incumpliendo con su deber de protección, desbaratando de esta forma el Estado de Derecho y la democracia, convirtiéndose en una pieza clave para reprimir.

Según datos del Colectivo de Derechos Humanos de diciembre de 2021 a marzo de 2022 se condenaron a al menos 61 personas presas políticas por los delitos de “propagación de noticias falsas”, “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y otros delitos comunes, siendo en total 66 personas procesadas.

“Todas estas personas fueron sometidas a juicios desprovistos de garantías judiciales como independencia, imparcialidad, derecho a defensa, entre otras, además de encontrarse sometidas a condiciones de reclusión insalubres e inhumanas, tanto en “El Chipote” como en los distintos Centros Penitenciarios, lo cual ha generado en ellas diversos padecimientos, agravando sus enfermedades o generando nuevas enfermedades”, detalla el colectivo.

Periodistas y defensores de derechos humanos

En caso de los periodista y defensores de DDHH según el colectivo, se incrementaron las agresiones contra estos, además destaca el cierre de medios periodísticos y cancelaciones masivas de organizaciones enfocadas a la libertad de asociación, de expresión, de prensa, literarias y artísticas, lo que ha tenido como consecuencia mayor desplazamiento forzado en busca de protección internacional de cientos de periodistas nicaragüenses.

“El cierre de espacios a la libertad de expresión es un factor fundamental en la política de impunidad empleada por el Estado, impidiendo cualquier forma de rendición de cuenta y denuncia ciudadana, siendo por ende indispensable la visibilización de estas graves violaciones de derechos humanos por la comunidad y organizaciones internacionales”.

La situación de las personas defensoras de derechos humanos es alarmante, se conoce que continúan siendo víctimas de hostigamientos, amenazas y ataques, así como los abogados y las abogadas de las personas presas políticas, activistas. En este contexto de represión, defensores y defensoras de derechos humanos sufren estigmatización y afrontan cada vez más obstáculos para desempeñar su labor.

Ataques a la Iglesia Católica:

Los ataques hacia la Iglesia Católica incrementaron en el período del corriente informe, siendo uno de los objetivos de la represión estatal debido a su acompañamiento y denuncia frente los abusos y violaciones de derechos humanos perpetrados por el Estado nicaragüense. Sacerdotes han sido víctimas de amenazas de muerte, agresiones físicas, difamaciones, criminalización y judicialización. Asimismo, templos católicos han sido vandalizados, atacados e incendiados, según la información del Colectivo.

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“Sacerdotes han sido detenidos por autoridades migratorias, interrogados, insultados, retenido sus pasaportes, hostigados, vigilados e inclusive expulsados del país. Además, se han cancelado organizaciones religiosas, incluyendo la ocupación ilegal de los bienes y cierre del Canal Católico; y se han incrementado las campañas de estigmatización y odio en contra de religiosos”.

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