Noticias NicaraguaPolíticaAbogados no descartan que ex directivos de ONG puedan ser procesados por supuesto lavado de dinero

Abogados no descartan que ex directivos de ONG puedan ser procesados por supuesto lavado de dinero

La abogada Martha Patricia Molina, respaldó las consideraciones de Orietta Benavides sobre la utilización del ordenamiento jurídico para criminalizar a personas inocentes
orietta benavides y martha molina
Orietta Benavides y Martha Patricia Molina.
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Desde el 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado la cancelación de la personería jurídica a 1,068 Organizaciones Sin Fines de Lucro, (OSFL), porque supuestamente incumplían con las leyes. 

Al respecto la especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Orietta Benavides, no descarta que el régimen procese a ex directivos de las ONG por supuesto lavado de activos. 

En el foro ¿Justicia o represión política? que desarrolló la Red Centroamericana por la prevención del Lavado de Activos (Red Activos), Benavides no descartó que ex directivos de ONG puedan ser procesados por supuesto lavado de activos, tomando en cuenta el proceso ilegal contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.  

“El Ministerio de Gobernación ha seguido un mismo patrón, lo podemos ver en cada una de las decisiones donde se autoriza el cierre de diferentes organismos no gubernamentales y la razón que siempre aducen es la falta de cumplimiento de la documentación de cada una de esas organizaciones, mencionan en particular los estados financieros, los temas de contabilidad, etcétera. Todo es posible verdad, no podemos descartar absolutamente nada”, expresó.

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En concreto, la especialista puso de ejemplo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual cumplió de forma eficiente y transparentemente con la entrega de la documentación a Migob. Sin embargo, la institución de repente señaló supuestos “ocultamientos” hasta acusar a la ONG de supuesto lavado de dinero. 

“Gobernación emitió año con año las constancias de cumplimiento a favor de la Fundación, es decir la constancia de cumplimiento te indica de que estás en regla, que estás actuando correctamente ante esa institución, no es nada creíble que años después mencionen de que hubo omisiones, de que hubo ocultamientos, cuando todo se presentó de forma transparente ante ellos mismos”, manifestó.

Frente a este caso en concreto, la especialista reiteró que el comportamiento refleja que “si es posible, que si hay un interés de querer llamar a un proceso a otra persona lo pueden hacer lamentablemente”.

También la especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, considera que el “sistema de justicia” ha utilizado el ordenamiento jurídico interno para llevar a cabo cada una de estas investigaciones y procesos.

“Hemos visto que lamentablemente no se ha cumplido con los fines y objetivos que persigue nuestra ley en prevenir y sancionar el lavado de dinero (...) pero como digo nuevamente esto es bajo una apariencia de legalidad porque cada uno de estos instrumentos han sido una total ilegalidad y contaminación de la prueba incluso”.

En el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la abogada resaltó que la prueba presentada estaba contaminada “toda la prueba presentada en juicio fue una prueba contaminada, fue prueba obtenida ilegalmente sin respetar los principios constitucionales y las normas procesales y fue también una prueba incorporada ilegalmente al proceso. De manera tal que a lo largo de los días que se desarrollaron cada uno de estos procesos fue evidente de que la prueba que llegó a juicio no cumplía con los requisitos legales para ser valorada, es decir la sentencia condenatoria descansan en pruebas que fueron a todas luces ilegales”.

En este sentido, la abogada e Integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, Martha Patricia Molina, respaldó las consideraciones de Benavides sobre la utilización del ordenamiento jurídico para criminalizar a personas inocentes.  

“En Nicaragua no existe institucionalidad y todos lo sabemos, (..) las instituciones públicas encargadas de dar seguimiento y cumplimiento al tema que no sé apegan a derecho, no se rigen al ordenamiento jurídico interno del sistema jurídico internacional (...) la segunda premisa es que las leyes que abordan de lavado de activos son prácticamente nuevas y altamente cuestionadas no solamente por las personas que damos seguimiento a estas temáticas”.

Agrega “son leyes inconstitucionales que se dedican únicamente a la criminalización esto qué significa que en el país nos está persiguiendo el delito y mucho menos al delincuente, lo que se está haciendo es criminalizando personas inocentes y esto es grave gravísimo porque mientras el sistema se dedica a procesos ilegales e inhumanos, los verdaderos delincuentes andan en plena libertad”.

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