Noticias NicaraguaPolíticaRégimen de Daniel Ortega otorga convivencia familiar a más de 1.300 reos comunes

Régimen de Daniel Ortega otorga convivencia familiar a más de 1.300 reos comunes

Los reos comunes fueron excarcelados de diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua
Más de mil reos fueron indultados por el dictador Daniel Ortega.
Consejo de Comunicación y Ciudadanía

El Gobierno de Nicaragua concedió este miércoles el régimen de convivencia familiar a más de 1.300 reos comunes que tenían sentencia firme por distintos delitos.

Los reos de diferentes centros carcelarios de Nicaragua fueron entregados a sus familiares esta mañana, en un acto en el que las autoridades oficializaron su nueva condición de libertad limitada, informó el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), a través de medios del Gobierno.

En el momento que se les anunció su libertad condicional, los presidiarios alzaron la resolución gubernamental que les dio el beneficio.

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“Damos gracias a nuestro buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, por seguir contribuyendo al bienestar de las familias al favorecer con el beneficio legal de convivencia”, familiar a más de 1.300 presos de los diferentes establecimientos penitenciarios del país, dijo la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, durante el acto de excarcelación.

La de este miércoles fue la segunda excarcelación de reos comunes en lo que va de 2022.

En abril pasado las autoridades nicaragüenses sacaron de la cárcel a 1.000 prisioneros, una decisión que se ha vuelto común en los últimos ocho años.

Entre 2014 y 2021, el Gobierno nicaragüense sacó de prisión a 33.690 reos comunes, para un promedio anual de 4.812 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

Generalmente el Gobierno de Ortega otorga libertad condicional a los reos comunes en ocasión de Semana Santa, el Día de las Madres, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

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La excarcelación de reos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada por organizaciones feministas, como la Red de Mujeres contra la Violencia, bajo el argumento que tras esos beneficios hay un incremento de feminicidios y de la delincuencia en general en Nicaragua.

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