Diputados de Costa Rica condenan persecución a la iglesia católica en Nicaragua

47 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica condenaron este jueves la persecución en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua, en donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen encarcelados a varios sacerdotes, entre ellos a Monseñor Rolando Álvarez, quien permanece en “casa por cárcel” en Managua.

Sin ninguna objeción, los legisladores aprobaron esta tarde una moción de orden presentada por legisladores del Partido Nueva República (PNR). El texto rechaza las violaciones del régimen a la libertad de conciencia, de religión y de asociación de los nicaragüenses, particularmente de la Iglesia católica.

“La moción legislativa apoya las acciones del Gobierno de Costa Rica sobre la crisis de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y solicita a la Cancillería continuar con gestiones diplomáticas internacionales para denunciar “‘esta grave situación’”, explicó el diario La Nación en su sitio web.

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El documento de condena a la crisis en Nicaragua fue respaldado por los diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).

El documento recoge una serie de ataques a la Iglesia Católica perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega desde abril del año 2018, fecha en que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua.

Los diputados costarricenses también visibilizan la expulsión de las Misioneras de la Caridad por parte de la dictadura nicaragüense, quien las acusó de lavar dinero para despojarlas de su personería jurídica y robar las propiedades.

También se repudia el cierre de los medios católicos en Nicaragua. Hasta el mes de agosto, se registran al menos nueve medios cerrados, la mayoría pertenecen a las diócesis de Matagalpa y Estelí.

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Monseñor Rolando Álvarez es acusado por la dictadura de promover actividades “desestabilizadoras” e incitación al odio. Su captura se concretó el viernes 19 de agosto, cuando fue sustraído del palacio episcopal, en donde permaneció secuestrado 15 días por parte de los agentes policiales.