Ivania Álvarez: “la base del FSLN se ha venido deteriorando en escalada”, dice sobre deserciones

Ivania Álvarez, del observatorio de Urnas Abiertas, explicó que las deserciones en el Frente Sandinista, se debe porque la mayoría de los militantes se sienten inconformes con la forma en que gobiernan los dictadores Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Álvarez explicó que el partido de gobierno enfrenta serios problemas desde hace un buen tiempo y que, con los ataques a la Iglesia Católica, más militantes están abandonando el partido para no estar “sometidos”.

“Yo diría que el partido de gobierno tiene problemas desde hace rato. La base del frente hace rato está deteriorada, solo que va sin regreso, la base está muy desalentada con la situación de la migración en otros países y con que se refugien los nicaragüenses”, expresó Ivania Álvarez durante el programa 100% ENTREVISTAS.

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La representante de Urnas Abiertas además detalló que actualmente, la crisis migratoria que se vive en el país, está poniendo en aprietos a la dictadura y que como resultado, también deja daños colaterales en el país.

“La crisis migratoria los ha afectado y es tan grande que no hay un espacio y ni un solo grupo que no sea afectado. Los grandes números de personas que están saliendo del país en busca de una oportunidad afecta todo y si el desplazamiento forzoso fue a los liderazgos de oposición o a quienes estaban siendo más violentados y más asediados, pudimos ver un quiebre en la sociedad civil y ahora le está pasando factura al partido de gobierno”, agregó Álvarez.

Una de las decisiones que está afectando a la dictadura son los contantes ataques a la Iglesia Católica, en donde el régimen, con el objetivo de silenciarla, está encarcelando a obispos y sacerdotes.

“Hay mucha gente que no está de acuerdo con el tema de la Iglesia Católica y esto ha molestado a muchos de las bases militantes orteguistas que están viendo esto como que no hay nada que los pare. (Mejor desertar) cuando estas frente a un régimen que es capaz de todo y ya no queres estar ahí”, agregó.

¿Auditorías por pleitos internos?

Sobre las auditorías en las alcaldías sandinistas, Ivania Álvarez explicó que aún no se conoce con exactitud cuántas comunas están bajo investigación fiscal, pero cree que las intervenciones de parte del Inifom obedecen a denuncias por pleitos internos de parte de los mismos militantes, quienes buscan “mejores puestos”.

“Son algunos tipos de pleitos entre ellos. Vimos algunas destituciones que quedaron en el silencio como la de la alcaldía de Kukra Hill, no supimos de que se acusan los unos a los otros y luego vemos que aparecen en otros cargos. Parece que hubo reacomodo en ciertos lugares y las denuncias que se llegaron a saber fue porque hubo detenidos”, señaló Ivania Álvarez.

“No hay una publicación oficial de la Contraloría General de la República que diga que en el mes fueron auditadas cierta cantidad de alcaldías. No hemos sabido los resultados”, continuó la analista política.

Actualmente, las alcaldías controladas por la pareja dictatorial mantienen un fuerte hermetismo con las auditorías que iniciaron en el mes de marzo, que ha alcanzado a alcaldes y políticos allegados al Frente Sandinista.

“Parece una cacería o una persecución a quienes han cometido actos de corrupción, pero no sabemos exactamente quiénes y cuántos son y si ese es el motivo de las famosas auditorías”, subrayó Álvarez.

PLC apoya verificación sandinista

Otro de los puntos que Ivania Álvarez abordó durante el programa, es el proceso de verificación ciudadana, en donde el Frente Sandinista suplantó al Consejo Supremo Electoral (CSE) en la convocatoria al proceso, en donde los trabajadores del Estado están siendo obligados a participar.

La representante de Urnas Abiertas recordó que en el calendario electoral del CSE no aparece el proceso de verificación ciudadana que se mantiene de forma virtual del 18 al 30 de agosto, el que inicialmente estaba programado a realizarse los días 13 y 14 de agosto de forma presencial.

“Hubo una convocatoria desde las redes oficialistas para el 13 y 14 de agosto, para hacerlas de forma presencial, incluso en algunos lugares y municipios se reunieron para hacer capacitaciones y para hablar de cómo fueron los procesos de verificaciones en años anteriores”, puntualizó.

“A nosotros nos parece un poco extraño porque ya había una convocatoria desde las redes oficialistas, que son más o menos perfiles que están anunciando y dando propaganda a los procesos que ellos van a hacer”, agregó Álvarez.

Ivania Álvarez también denunció que en algunos casos, los militantes del Frente Sandinista anduvieron casa a casa con celulares y tabletas para verificar a los ciudadanos.

“En estos pastoreos que han hecho no en todas las casas los reciben, algunas personas les dicen que no están las personas y ellos (militantes) insisten en entrar a la casa y preguntar quienes viven y pedir números de cédulas. En algunos casos se habilitaron pequeños espacios en algunas oficinas del zonal y de militantes del Frente, pero sobre todo en Managua vimos esto, donde estaban unas computadoras e invitaban a las personas a verificarse”, subrayó.

Urnas Abiertas también observó que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), agrupación política colaboracionista del régimen y dominada por María Haydee Osuna, ha apoyado las verificaciones ciudadanas de una forma similar a la del Frente Sandinista, creando mayor descontento entre la ciudadanía.

“También vimos la participación del PLC que habilitó sus casas de campañas y casas locales de sus militantes en donde estaban con computadoras, tabletas y celulares para verificarlos”, explicó.

“Hasta el momento hemos visto solo el acompañamiento del PLC en este proceso. El Partido Liberal Constitucionalista está acompañando los procesos del Frente de manera similar a las campañas y la rehabilitación de centros”, detalló  Álvarez.

Los trabajadores del Estado que han sido obligados a verificarse son el personal del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, a quienes exigieron llevar a cinco familiares a los centros de verificación.

En el caso del Ministerio de Educación, el secretario político a cargo de los colegios es quien se encargó de verificar al personal en contra de la voluntad de estos.

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“El secretario político encargado de las escuelas les exigía a los maestros sus cédulas. Hubo casos en que los docentes no accedieron a entregarlas y ellos (secretarios políticos) se fueron sin permiso de los docentes a los registros para verificarlos de manera forzada”, finalizó Ivania Álvarez.