Defensores celebran investigación de Argentina contra Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad

Tras conocerse que la justicia argentina impulsa una investigación penal en contra del régimen de Daniel Ortega para comprobar si se cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) con sede en Miami reaccionó a tal decisión.

“Esta noticia es el inicio del camino hacia la justicia que han recorrido las víctimas de la represión desatadas contra las protestas cívicas y ciudadanas, desde 2018 a la fecha”, cita el comunicado de la CPDH.

Según los reportes argentinos, el juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de Nicaragua para investigar si hay causas abiertas respecto a ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.

Para la CPDH esta iniciativa es una luz de justicia para las víctimas de Nicaragua y considera que los informes presentados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la documentación divulgada a través de los medios de comunicación evidencian la responsabilidad de Ortega.

En este punto, la CPDH agradeció la atención de la justicia argentina en las víctimas de Nicaragua y expresó su interés en participar en el proceso de investigación.

Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”, según reportó el medio Infobae.

La denuncia fue impulsada a través de la publicación de la detención de monseñor Rolando Álvarez en este medio argentino.

Es  un proceso largo

Carlos Quesada, Director del Instituto Raza e Igualdad, valoró como una "decisión importante" por parte de la justicia de Argentina, impulsar esta investigación. Y consideró positiva la iniciativa ya que "se están cercando espacios para tratar de enjuiciar al régimen Ortega Murillo". 

Indicó que Nicaragua no ratificó el estatuto de Roma, no puede ser llevado a la justicia internacional, "sin embargo conociendo casos anteriores como el caso de Augusto Pinochet, que hubo una orden de detención para Pinochet por el juez Baltasar Garzón de España, o sea ya hay antecedentes en la región".

Esta iniciativa se basa en el principio de jurisdicción universal y "abre las puertas para generar todo un debate en ese país, cuyo gobierno actual está apoyando parcialmente al régimen Ortega Murillo", analizó Quesada.

Por su parte Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + Impunidad, consideró la investigación como "buena noticia" ya que los crímenes de lesa humanidad, son "perseguibles por países que tengan la jurisdicción universal" y en este caso Argentina la contempla. 

Arce advirtió que "estos son procesos de largo plazo y hay que estar preparados" y alentó a ser perseverantes "no perder la esperanza de que es posible la justicia, ya sea en Nicaragua en su momento cuando se configure el poder judicial, cuando se recupere el estado de derecho, en otro país a través de la jurisdicción universal o incluso el mismo camino que nos abre la Corte Penal Internacional que digamos son los tres caminos". 

La ruta por alcanzar la justicia para las víctimas de la represión del año 2018, está abierta. Y en ese mismo sentido también celebró Clara Ramírez, de FundaRedes de Venezuela, quien considera que esta investigación "es un espaldarazo a las víctimas". 

"Pero también es una garantía de que haya justicia y de que no haya impunidad, hoy se le ha pedido a Nicaragua que adelante o explique qué procesos ha iniciado ante estas denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, esperamos que el resultado sea efectivo en pro de las víctimas", recalcó la defensora venezolana.

Durante las protestas en el año 2018, el régimen de Daniel Ortega cometió una masacre de Estado en contra de manifestantes. Esto dejó un saldo de 355 personas muertas, detenciones arbitrarias, heridos y forzó al exilio a más de 200 mil nicaragüenses. Actualmente la dictadura mantiene a más de 205 presos políticos distribuidos en sistemas penitenciarios del país y en el Chipote.