Otra denuncia contra Daniel Ortega y Rosario Murillo en Argentina por crímenes de lesa humanidad

Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron acusados por crímenes de lesa humanidad ante la justicia en Argentina. La acusación también incluye a siete funcionarios del régimen, incluido el jefe de la Policía Nacional en Nicaragua, por ser “cómplices” en la represión contra el pueblo de Nicaragua.

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), presentó la denuncia el miércoles en la que además de Ortega y Murillo, también son denunciados como autores de crímenes de lesa humanidad el consuegro de los dictadores, primer comisionado Francisco Díaz, director de la Policía en Nicaragua; el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la policía. Ambos sancionados por Estados Unidos, Canadá y Europa.

También son incluidos Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud de Nicaragua; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua), así como Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según una nota de prensa divulgada este jueves por el CALIDH.

“El día dos de noviembre del corriente, CALIDH ha presentado una denuncia ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la Nación Argentina, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión de delitos de lesa humanidad en arreglo con la Ley 26.200 ‘Ley de Implementación del Estatuto de Roma’ y el artículo 118 de la Constitución Nacional”, especifica la nota de prensa del CALIDH.

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La organización denunciante considera que los funcionarios de la dictadura que están siendo denunciados “son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas como delitos de lesa humanidad, establecidos en el artículo 7 de los Estatutos de Roma”.

La denuncia detalla que los denunciados ejecutaron un ataque sistemático y generalizado contra la población civil y son responsables de “asesinatos, exterminio, tortura, violaciones y otras formas de abusos sexuales, y desapariciones forzadas de personas”.

La instancia denunciante es una organización civil fundada en Argentina por el abogado de origen nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz, que tiene como parte de sus misiones brindar acompañamiento legal a las personas que buscan justicia internacional cuando en sus países son ignorados.

“En nombre del equipo de CALIDH, como su secretario ejecutivo, presenté una denuncia por delitos de lesa humanidad ante la justicia argentina contra funcionarios nicaragüenses. Nuestro compromiso es con la justicia, memoria y reparación para las víctimas y sus familiares”, denuncia Ramírez Ayerdiz en una publicación a través de Twitter.

En su comunicado CALIDH explica que con la denuncia interpuesta buscan que la justicia argentina “establezca la responsabilidad penal y sanciones contra los denunciados; contribuya, junto con otras iniciativas de justicia en curso, al derecho de memoria, verdad y reparación de las víctimas y sus familiares y favorezca que los países democráticos del mundo abran procesos similares contra los responsables de estos delitos”.

Asimismo, detallan que junto con la denuncia, la organización adjuntó cuatro informes que ha sido presentados ante órganos de vigilancia de tratados de Naciones Unidas (ONU) y las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se expresa la “profunda preocupación por la situación de los derechos civiles y políticos, derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes y de la libertad de asociación en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua”.

Asimismo, los denunciantes presentaron a la autoridad judicial argentina “un resumen de los casos que actualmente lleva ante la CIDH, en los que las personas representadas son víctimas de los delitos denunciados”.

En octubre pasado, los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota interpusieron una solicitud ante la justicia argentina para que se investigue penalmente a Daniel Ortega, Rosario Murillo, y todos los funcionarios de su régimen que estén involucrados en la represión contra el pueblo de Nicaragua, especialmente partir de abril de 2018, tras las protestas sociales iniciadas ese año.

La justicia federal argentina, según sus propias leyes, está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de “jurisdicción universal”, y los compromisos internacionales asumidos por esa nación suramericana.