Urnas Abiertas avizora más del 80% de abstencionismo en votaciones municipales del domingo

Las votaciones municipales organizadas por el Consejo Supremo Electoral para el próximo domingo 6 de noviembre estarán desiertas, con un abstencionismo similar o mayor al que se registró en las votaciones presidenciales del año pasado cuando más del 80 por ciento de la población votante no acudió a las urnas, según prevé la organización Urnas Abiertas.

Urnas Abiertas señala que, según el monitoreo que han realizado al proceso convocado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), “este es el proceso electoral con la menor participación ciudadana que se ha registrado, en cuanto a la campaña y otras actividades destinadas a promover la asistencia a las urnas”.

Entre los factores que han identificado destacan la total desconfianza en el proceso por ser administrado por una institución electoral totalmente controlada por el régimen Ortega-Murillo, falta de competencia electoral y la falta de condiciones democráticas que permitan un proceso electoral libre, legítimo.

Por todos esos factores, UA cree que el domingo los centros de votación estarán vacíos y se registrará una obstención similar a la del año pasado. Un comportamiento similar, en el que los ciudadanos aptos para votar se queden en sus casas.

El organismo considera que el régimen sabe que enfrentará una altísima abstención y por ello ha redoblado sus esfuerzos para tratar de llevar votantes a las urnas y están aplicando “medidas coercitivas” sobre todo entre los trabajadores del Estado.

La organización ha tenido conocimiento de denuncias que indican que los operadores políticos de la dictadura están presionando y amenazando a los trabajadores del sector salud y educación, para que vayan a votar y lleven a sus familiares mayores de 16 años a las urnas.

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UA indica que sus colaboradores estarán atentos a todas las denuncias que haga la población y darán seguimiento a todas las maniobras que ejecute el régimen durante el proceso de votación.

Por su parte, el analista político Eliseo Núñez, desde el exilio valoró que la población apta para votar elegirá quedarse en su casa porque definitivamente la población no cree en el sistema impuesto por Ortega y Murillo.

El analista expuso que los altos niveles de abstención en un proceso electoral en cualquier país del mundo pueden darse por dos factores que se colocan en los extremos: o bien las personas no salen a votar porque se sienten muy bien y cómodos con el sistema imperante y no consideran necesario salir a votar porque quieren seguir como están o en el otro extremo, es porque las personas desconfían totalmente en el sistema y saben que, hagan lo que hagan, los resultados no van a cambiar, creen que si votan podrían colaborar con el régimen.

Nicaragua se coloca en el extremo en el que nadie confía en el sistema, opina Núñez y señaló que, a esa desconfianza absoluta en las instituciones del régimen, se suma la represión ejercida por la dictadura contra todo lo que le parezca oposición.

“Nicaragua vive uno de los índices de represión más altos en la historia de Latinoamérica”, señala. Y asegura que la represión orteguista en Nicaragua sobrepasa a la que ejercieron dictadores déspotas como Pinochet en Chile y la de Anastasio Somoza en Nicaragua antes de los sandinistas. Esos niveles de represión que vive actualmente el país incidirá en los niveles de abstencionismo, advierte Núñez.

Dictadura busca ocultar abstencionismo

Urnas Abiertas, una organización de la sociedad civil que monitorea los procesos electorales en el país, ha advertido que el régimen Ortega-Murillo ha puesto a sus operadores políticos en la Asamblea Nacional y a sus colaboradores en los partidos zancudos a hacer todo lo que sea necesario para tratar de ocultar el alto abstencionismo que se espera en las votaciones municipales del próximo domingo.

En esa carrera por tratar de lanzar un velo que tape la ilegitimidad de ese proceso, los legisladores sandinistas y sus colaboradores aprobaron una Ley Especial para Vigencia de Cédulas Vencidas, para que los ciudadanos con identificación vencidas puedan ejercer el voto, además, reincorporaron al padrón electoral a los ciudadanos que habían sido eliminados por no participar en proceso anteriores.

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En esa misma línea, el CSE mantiene una activa campaña haciendo un llamado a la participación de la población en las votaciones municipales y el FSLN a través de sus grupos en redes sociales también insiste a su militancia en que nadie debe dejar de asistir a las urnas. El régimen tiene la experiencia de las votaciones del año pasado con un muy alto abstencionismo, y teme que se repita.

Las votaciones nacionales del año pasado fueron monitoreadas por Urnas Abiertas y de ese proceso de monitoreo y observación independiente se concluyó que el abstencionismo estuvo entre el 79%, como mínimo, y el 84% como máximo; con un promedio nacional del 81.5% de abstencionismo. Es decir, de cada 100 nicaragüenses que estaban aptos para ejercer el voto, 81 prefirieron quedarse en sus casas y “no mancharse el dedo ni la conciencia”.

En las votaciones nacionales del año pasado fueron convocados a votar más de 4.4 millones de nicaragüenses. Una cifra similar está convocada para las municipales del próximo domingo.

Todas estas condiciones hicieron que los comicios fueran calificados por el Gobierno de Estados Unidos como una “farsa” y una “pantomima”, al igual que la vecina Costa Rica; donde hay un gran número de voces disidentes en el exilio por falta de garantías en suelo nicaragüense.

Las votaciones del 2021 fueron desconocidas por la comunidad internacional, señalando que carecían de estándares mínimos de democracia y transparencia, por lo que los resultados fueron considerados “ilegítimos”.

El actual proceso municipal ya ha sido criticado por diversas instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en un comunicado este viernes advirtió que ese proceso electoral carece de condiciones mínimas debido a que se desarrolla en medio de una sistemática represión, persecución a opositores, violaciones a los derechos humanos y “comprobada ausencia de un sistema electoral independiente".