Oposición nicaragüense agradeció a países ofrecimiento de nacionalidad, piden no solo condena sino acciones concretas

Las organizaciones de la oposición en Nicaragua y en el exilio agradecieron a España, Argentina, Estados Unidos, Chile y México por el ofrecimiento de nacionalidad a los más de 316 personas desterradas y despojadas de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega.

En un comunicado firmado por Iniciativa por el Cambio, Unidad juvenil y estudiantil, Nicaragua Freedom Coalition, Conigua, Grex, Unión Nicaragüense Autoconvocada, Marimba, Funadec, Mesa de Trabajo y el Movimiento Campesino, reiteran el agradecimiento frente al insolito hecho que constituye una violación a los derechos humanos. 

También señalan que el despojo de la nacionalidad viola acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua “un nuevo crimen de lesa humanidad”. 

En este sentido, hicieron un llamado a la comunidad internacional, principalmente a los países comprometidos con la democracia y los derechos humanos, no solamente a condenar estos actos, sino a traducirlos en acciones concretas.

“Pueden incluir más sanciones económicas y la invocación de la responsabilidad de proteger (R2P)” proponen. 

A los organismos multilaterales, los activistas instaron a que se pronuncien formalmente sobre este hecho.

“No dejaremos de seguir luchando hasta devolverle a los ciudadanos la Nicaragua que tanto anhelamos, ni dejaremos de denunciar todos los abusos de esta nefasta dictadura que pretende perpetuarse en el poder  contra la voluntad popular y, que sólo le ofrece al pueblo y a la juventud, crisis, caos económico, social y humanitario, sin perspectivas de un futuro mejor”.

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El pasado 09 de febrero, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y desterró a 222 personas prisioneros políticos, la que además fueron declaradas “traidores de la patria”, despojadas de su nacionalidad y privados de sus derechos ciudadanos a perpetuidad. 

A esta lista se le sumó 94 liderazgos políticos e intelectuales, sacerdotes, periodistas, miembros de organismos de derechos humanos, líderes populares de base en Carazo y otros departamentos del país, quienes fueron además declarados prófugos de la justicia y se ordenó el decomiso de sus bienes.