Trabajadores públicos “asfixiados” por la presión y la vigilancia de la dictadura

Con 15 años al servicio de la dictadura de Daniel Ortega en una institución pública, Rolando, un hombre con un doctorado, un máster y una especialidad, está hastiado de su trabajo, aunque afirma que recibe un buen salario, su único anhelo es salir del país, porque la presión a la que es sometido es insoportable.

“Vengo de una familia sandinista y siento que entré a este trabajo por méritos propios. Siempre he sido fiel a mi ideología, pero estoy cansado, me siento perseguido y como preso, porque ni siquiera puedo irme a otro empleo, pues trabajar al Estado es como una marca tipo cuando uno tiene lepra, en las empresas no te reclutan porque te tildan de sapo, sin importar tus méritos académicos”, señala.

En las oficinas “hay gente que nos vigila, las computadoras tienen programas espías, nuestras redes sociales son vigiladas, eso no te lo dicen abiertamente, pero es obvio que pasa. A una compañera la despidieron porque compartió un meme de la Chayo. Nos andan a la pulgada, como decimos”.

Asimismo, Rolando relata que ha buscado programas para inmigrantes en Europa, porque ha visto cómo muchos que se decían sandinistas se han ido del país y desde fuera exponen lo que pasa en las instituciones del Estado.

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“Aquí muchos se fueron cuando se podía salir, después de andar de paramilitares se hicieron las víctimas y están en Estados Unidos y en Europa, despotricando contra la dictadura que defendían y no los culpo. Ahora ya no podemos salir, con solo intentar sacar un pasaporte ya somos sospechosos”, cuenta Rolando, quien no pudo asistir al funeral de su hermano en El Salvador.

“Mi gran anhelo es irme del país. Yo pude enviar a mi hijo a Europa y quiero reunirme con él, porque siento que las cosas vienen más difíciles y si ahorita nos presionan y nos corren por un error, más tarde esta gente es capaz de matarnos”, prosiguió.

Adoctrinamiento

Lealtad y fidelidad son las dos cosas que piden a los trabajadores públicos, según narra Renato, trabajador de una alcaldía del país que asegura que él ya no es sandinista y que está hastiado de estar recibiendo amenazas disfrazadas de capacitaciones.

“Nos reúnen en un salón que para charlas de informática y lo que nos enseñan es que debemos compartir lo que llaman propaganda, porque dicen que debemos divulgar las buenas noticias a todo el pueblo, y yo solo me río, el asunto es que si no compartimos hay alguien que se encarga de reportarnos y hasta despidos hay por eso”, señala.

El hombre también asegura que por WhatsApp les envían orientaciones partidarias  y afiches para que compartan.

“Lo que la gente dice que nos están entrenando es verdad. A varios los han llevado a entrenar, pero nadie cuenta qué les dicen, porque está orientado a no filtrar nada. A mí no me ha tocado, pero cuando llegue mi turno iré, pues de lo contrario nos corren y aquí trabajo no hay”, apunta.

El hombre habla con la mirada al suelo, quizás por el agobio de su situación, pero es enérgico al decir que “si pudiera salir del país, lo haría con gusto, porque aquí lo que nosotros llamábamos revolución y los ideales de un gobierno para todos no existen. Cada día nos exigen más lealtad, hemos llegado a un punto que hasta las redes sociales de los familiares revisan y eso no es vivir en libertad. Yo cerré mi Facebook y no tengo cuenta en ninguna otra red, para evitar problemas. En WhatsApp sí es exigido estar”.

“He perdido comunicación con mi familia”

Guadalupe es una mujer de 40 años que ha servido en un hospital durante los últimos 10, sin embargo, asegura que si pudiera salir de su actual empleo lo haría, porque están trabajando bajo presión y con las uñas.

“Soy enfermera, ya he sido jefa de área y este empleo ya no es gratificante. No hay cosas básicas en los hospitales y el maltrato está a flor de piel. Ahora por lo menos no se hacen las famosas marchas como las que organizaban después del alboroto del 2018, porque teníamos que ir a la fuerza para no ser tildados de golpistas, pero hay otro tipo de presiones”, señala.

Entre esas presiones afirma que está la sicológica, porque asegura que hay una política de que hay que complacer al paciente, pero no brindan los medios necesarios.

“Mirá, si un paciente se queja a uno hasta lo pueden correr. En mi caso, hace un mes una paciente recién operada me pidió unos apósitos para curarse la herida en su casa, pero yo le dije que no podía darle porque todo está en inventario y es limitado, pues eso bastó para que se quejara y por poco me despiden. Pero si yo hubiera dado ese material, te aseguro que me correrían por atrevida”, señaló.

Asimismo, dijo que una prima fue participante activa en las marchas de opositores y en los tranques, así que cuando se dieron cuenta la llamaron para que la borrara de Facebook.

“En ese momento tenía una niña de meses y no podía quedar sin empleo, así que eliminé a mi prima de Facebook y eso me provocó problemas con mi familia, que es hasta la fecha y no me hablan, pero nadie comprende que tenía una hija de meses a la que no podía dejar sin el bocado de comida”, aportó.

Guadalupe también se queja porque constantemente les llaman a reuniones que son para tocar temas meramente partidarios.

“Lo que nos dicen es que el buen gobierno nos garantiza nuestros salarios y la salud al pueblo, que está invirtiendo en infraestructura y que debemos ser leales. Y pues yo no soy de las que bebe la leche y maldice la vaca, pero en realidad aquí hay anomalías. Nos vigilan, no podemos ni decir que todo está caro, porque ya nos dicen que valoremos el trabajo y esa es una amenaza, tampoco hay sindicatos donde quejarse y eso sí, nos exigen lealtad absoluta”, insiste.

Violaciones a la Constitución Política

Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que el Estado paga con los impuestos de los contribuyentes a los trabajadores públicos y los emplea como si fuesen trabajadores del partido sandinista.

“Desde hace muchos años es que la persona que ingresa a trabajar al estado debe llevar como primer elemento para ser candidato a un puesto público algo que le llaman ellos aval partidario, estamos hablando de que un secretario político tiene que darle una carta donde lo recomienda. Lamentablemente, la gente o los trabajadores ante la necesidad de obtener una plaza de trabajo han tenido que someterte a esos requerimientos, pero de cierta manera equivale a venderle el alma al diablo”, señala.

Cuevas considera que el hecho de entrar con un aval político se traduce en que los trabajadores del Estado tienen que hacer tareas de propaganda política partidaria, como en tiempos de campaña, cuando van de casa en casa, “propagandizando las bondades del gobierno sandinista a través de mentira, la gente tiene que procurar convencer a los pobladores de los barrios para que inclinen su voto al sandinismo, de lo contrario pierden su trabajo”.

“Muchos trabajadores tienen que convertirse en propagandistas desde las redes sociales y hacer comentarios favorables a las actividades del gobierno, muchos trabajadores tienen que espiar a sus compañeros. Tengo conocimiento de que tienen que suministrarles a los jerarcas del partido o su Facebook y su WhatsApp para que, a través de programas, las autoridades partidarias les den seguimiento”, insiste.

Cuevas asegura que la dictadura se vale de que hay poco empleo para chantajear de esta forma a la población.

“Me ha tocado a mí entrevistar a muchos trabajadores del Estado, estamos hablando de catedráticos universitarios del CNU y empleados de la alcaldía. Hace unos pocos días me envió un trabajador de una alcaldía videos donde los llevaron a reconcentrarse a un lugar boscoso, montañoso, donde lo están entrenando militarmente supuestamente para defender a la revolución de agresiones, pero esto un disco rayado, pues sucedió en el primer gobierno donde mantenían a la gente en agitación política y en actividades de esa naturaleza para mantener el  miedo de que ahí vienen los gringos a invadirnos”, revela Cuevas, lo cual se relaciona con la situación descrita por Renato.

 Cuevas señala que la Constitución Política dice de que todo nicaragüense tiene derecho al trabajo y recordó que existe una ley especial en nuestro que es la de servicio civil, la cual atañe al quehacer de los trabajadores del servicio público y ellos “no están obligado a cumplir más que con sus requerimientos laborales, pues cada uno tiene definidas sus labores, sus tareas y no está obligado más que a cumplir con esas tareas para las cuales fue contratado. Además, dice que todo ciudadano tiene derecho a tener una línea política de su elección sin ser coaccionado, lo cual se viola en Nicaragua”.