Aprueban en segunda legislatura traslado de registros públicos del Poder Judicial a Procuraduría

La Asamblea Nacional aprobó en segunda legislatura la reforma al artículo 165 de la Constitución Política de la República de Nicaragua para desvincular a los Registros Públicos de la administración de justicia, es decir le quita facultades al Poder Judicial.

La enmienda contó con 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 presentes.

Según los legisladores, los registros públicos cuentan con normas propias para su funcionamiento con autonomía administrativa, funcional y financiera. 

Sostienen que los registros públicos son una manifestación de la función administrativa del Estado, por lo cual era necesario reformar el artículo 165 de la Constitución Política derogando el numeral 4 y reformando los numerales 5 y 6.

Con la nueva reforma, los legisladores crean el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un órgano autónomo. 

¿Cómo se leerá?

Artículo 165. Se crea el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un organismo de la Corte Suprema de Justicia, al que se le confiere autonomía técnica y funcional, para ejercer la competencia de coordinar, planificar y ejecutar la política administrativa y financiera del Poder Judicial, dirigir la Carrera Judicial y conocer, investigar y resolver en lo que competa, las infracciones al régimen disciplinario en que incurran los profesionales del Derecho y los funcionarios de Carrera Judicial. 

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El Consejo estará integrado por cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido el Presidente de la misma, quien lo presidirá, por cuanto, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ejerce la representación administrativa, legal e institucional del Poder Judicial. Los tres miembros restantes del Consejo serán electos por el voto favorable de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Además establece que el Consejo sesionará con un mínimo de tres de sus miembros y sus decisiones se adoptarán con el voto mayoritario de ellos.

Entre las atribuciones están: Planificar y ejecutar la política administrativa del Poder Judicial, formular el anteproyecto de su presupuesto sometiéndose a la aprobación de la Corte en Pleno, así como controlar y supervisar la ejecución del mismo.

También podrá aprobar el nombramiento, traslado o despido del personal administrativo de este Poder del Estado, de conformidad con la ley, así como definir las políticas de administración del personal en general, entre otras facultades.

Cabe señalar que en octubre del 2023, el parlamento controlado por el FSLN aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los Registros Públicos pasan bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado.

"Con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles", explicaron.

En conclusión, la supervisión administrativa de esos registros estará bajo el control de la Procuraduría General de la República, a través de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros.