Enrique Sáenz: "Somos más nicaragüenses que nunca", uno de los 94 desnacionalizados hace un año

El dirigente opositor desnacionalizado Enrique Sáez dijo este martes sentirse más nicaragüense que nunca, tras ser uno de los 94 ciudadanos naturales de Nicaragua en ser despojados de su nacionalidad hace un año.

"Al pretender despojarnos de la nacionalidad nicaragüense la mafia en el poder quiso aniquilarnos políticamente. Fracasó", sentenció Sáenz, un economista de profesión y exdiputado opositor, en su cuenta de la red social X.

El político opositor, que se exilió en Costa Rica por razones de seguridad, agregó: "Somos más nicaragüenses que nunca y se fortaleció nuestro espíritu de lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua ¡Aquí estamos!".

El 15 de febrero de 2023, las autoridades de Nicaragua despojaron de la nacionalidad nicaragüense a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, y al exmiembro de la Junta de Gobierno después de la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan.

También le quitaron la nacionalidad a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, al excanciller Norman Caldera, al exmagistrado sandinista Rafael Solís, al exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, al periodista Carlos Fernando Chamorro y a otros 83 nicaragüenses acusados por delitos considerados traición a la patria, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

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En esa resolución, leída por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, se ordenó además "la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos".

Asimismo, a los acusados, que fueron juzgados en ausencia pese a que la ley no lo permite, se les declaró prófugos de la justicia, se les inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, realizar la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua y ejecutar cargos de elección popular, además de la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente.

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Los 94 nicaragüenses fueron imputados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.