Abogados critican traspaso de la DIRAC a la PGR en Nicaragua, CSJ como un "cascarón"

Al traspasar la Dirección Alterna de Conflictos (DIRAC) a la Procuraduría General de la República (PGR), no solo se debilitan las facultades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en materia de resolución de conflictos, sino que también se refleja una menor confianza en las personas que integran esa institución,  dicen abogados a 100% Noticias. 

Esta medida concentra el poder de decisión y control en manos de la PGR, donde la figura de la procuradora Wendy Morales funge como la persona de confianza, según afirman los juristas nicaragüenses Yanarqui Martínez y Norlan Gómez en una entrevista con 100%Noticias. Asume el rol de "abogada defensora de Daniel Ortega". 

"Lo fundamental a destacar es que existe una menor confianza en las personas que ocupan estos cargos institucionales", afirma Norlan Gómez, abogado constitucionalista y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua.

"La PGR, en su calidad de representante legal del Estado, y siendo este último personificado por Daniel Ortega, se convierte, en efecto, en la abogada defensora de sus intereses".

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Gómez sostiene que el régimen de Daniel Ortega actúa movido por una "cuestión de confianza" y no por la legalidad. Según él, su principal motivación es concentrar cada vez más poder en su entorno.

También menciona que, tras la caída en desgracia de Alba Luz Ramos y otros funcionarios del poder judicial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha convertido en una especie de "cascarón".

Gómez también afirma que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha convertido en una especie de "secretaría del Ejecutivo" y del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La PGR funciona como una "secretaría política del gobierno".

“Retroceso jurídico”

Yonarqui Martínez critica duramente el traslado de la DIRAC a la PGR, calificándola como una "salvajada" y un "retroceso jurídico" que debilita aún más a la ya debilitada institución.

"Para mí es una ley completamente absurda que solo nos lleva hacia atrás", afirma Martínez. 

"Es una salvajada lo que han hecho con la DIRAC, un órgano judicial con 24 años de experiencia".

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Martínez denuncia que la reforma entrega el control de la mediación a la Procuraduría General de la República (PGR), eliminando así la independencia del sistema y convirtiéndolo en una herramienta del gobierno para controlar a la población.

"Esto solo genera confusión entre los usuarios y les quita la poca confianza que les queda en el sistema de justicia", critica.

Lamenta que se limite el trabajo de los abogados, quienes eran los profesionales autorizados para realizar mediaciones.

Ahora, esta función estará a cargo de la PGR, que no tiene experiencia en la resolución de conflictos en las áreas civil, penal, laboral y familiar, áreas que hasta ahora estaban claramente delimitadas.

"Si bien es cierto que el Poder Judicial ya está bastante corrompido y carece de autonomía, esto es como darle a un enfermo de cáncer una última oportunidad para que muera", sentencia Martínez.

"No sé si al final lo que quieren los diputados es desaparecer el Poder Judicial por completo".