Confirman el destierro del sacerdote nicaragüense Asdrúbal Zeledón
El sacerdote nicaragüense Asdrúbal Zeledón RuizAsdrúbal Zeledón Ruiz, de la Diócesis de Jinotega, fue desterrado por el régimen de Daniel Ortega, según denunció la abogada e investigadora Martha Patricia Molina. La confirmación del exilio forzado fue compartida por Molina en su cuenta de X.
“Mis fuentes eclesiales me han confirmado que el padre Asdrúbal ya se encuentra desterrado por la dictadura. Cuando la página de la Diócesis de Jinotega publicó que no era así, estaba siendo manipulada por la Policía Criminal Sandinista”, escribió Molina.
El sacerdote Zeledón Ruiz, rector del Santuario Nuestro Señor de Esquipulas y cercano colaborador del obispo Carlos Enrique Herrera, presidente de la Diócesis de JinotegaCarlos Enrique Herrera, presidente de la Diócesis de Jinotega -y quien también fue desterrado tras llamar sacrílego al alcalde sandinista Leónidas Centeno-. Zeledón fue detenido a finales de septiembre por la Policía Nacional. En ese momento, Molina denunció su desaparición, señalando que no existía ninguna acusación formal en su contra.
Ola de represión y detenciones
En los últimos siete días, al menos 30 nicaragüenses han sido detenidos de forma arbitraria por la Policía Nacional, órgano represivo del régimen de Ortega y Rosario Murillo. Estas detenciones ocurrieron entre el 22 y el 28 de noviembre de 2024 y fueron documentadas por el colectivo Monitoreo Azul y Blanco, que indicó que los arrestos se han registrado en al menos diez departamentos del país, incluyendo León, Masaya y Estelí.
Entre los detenidos destacan:
Carlos García Vallejos, pediatra de Estelí.
Pablo AmayaPablo Amaya, neumólogo en León.
Leo CárcamoLeo Cárcamo, periodista leonés con problemas de salud.
Henry Briceño,Henry Briceño periodista de San Rafael del Sur.
Donald HerreraDonald Herrera, músico en Jinotega.
El Monitoreo Azul y Blanco señaló que la cifra de 30 detenciones es preliminar, ya que hay más denuncias pendientes de verificación.
Contexto político
Las detenciones ocurren en un clima de creciente represión tras la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional que modifica el sistema político del país. La reforma establece una copresidencia, limita las libertades individuales y públicas, y consolida el control del régimen sobre las instituciones.
La persecución contra figuras opositoras, periodistas, líderes religiosos y ciudadanos críticos refleja la intensificación de la estrategia de control y censura implementada por el régimen, desafiando los principios democráticos y los derechos humanos en Nicaragua.