Sultanismo y contagio de las sanciones

En varias ocasiones hemos sostenido que la dictadura de Ortega en Nicaragua es sultanística, categoría política sobre regímenes políticos en la cual hay una confusión total entre la voluntad privada del gobernante y el interés del país (entre los primeros que usó esa categoría es el filósofo y sociólogo alemán, Max Webber).

Régimen sultanístico es cuando todo el Estado, sus instituciones y sus leyes están totalmente subordinadas a la voluntad e intereses del gobernante, dictador en el caso de Nicaragua.

Hay confusión total entre la voluntad privada del gobernante, y la voluntad del Estado. Este es el sentido del libro publicado en octubre de 2016, titulado El régimen de Ortega, ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?, de varios autores.

Lo anterior ayuda a explicar que sanciones adoptadas en contra de personas y empresas específicas, terminen contagiando al país, porque en un régimen sultanístico como el de Ortega es imposible aislar totalmente a sanciones individuales, de consecuencias para el país.

Es el caso de la empresa DNP (Distribuidora Nacional de Petróleo). La reacción del régimen de Ortega fue la aprobación de la inútil Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustible y Productos Derivados del Petróleo a la Población Nicaragüense.

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Decimos inútil, porque mientras no se recupere la democracia no habrá solución a la crisis política y sus negativas consecuencias económicas.

Es decir, la democracia importa. Y a propósito de esa ley que usa el término soberano, así se llamaba a los Reyes, el Soberano, que es una variante de régimen Sultanístico.

Paradójico, ¿no?

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