Grave retroceso: Nicaragua borra protección contra la tortura de su Constitución

Nicaragua ha dado un paso alarmante hacia el debilitamiento de los derechos humanos con la reciente aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Uno de los cambios más graves es la eliminación del artículo 36 de la Constitución, que garantizaba explícitamente el derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 36, que protegía la integridad física, psíquica y moral de los ciudadanos, ahora queda fuera del marco legal nacional, lo que envía un preocupante mensaje político. Salvador Marenco, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, advierte que esta decisión institucionaliza la impunidad para los perpetradores de tortura, especialmente dentro de un sistema ya señalado por graves violaciones de derechos humanos desde 2018. “La eliminación de este derecho no significa que la tortura deje de ser un delito según el derecho internacional, pero sí refuerza la permisividad y el respaldo político hacia prácticas represivas. Es una carta blanca para seguir torturando y reprimiendo sin consecuencias a nivel interno”, explica Marenco.