Manuel Orozco señala que debe continuar la presión externa a la economía de Nicaragua

El politólogo y director del Programa de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, señala que la realidad que viven los nicaragüenses día a día, no la reflejan el Fondo Monetario Internacional, los donantes como el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE o el Banco Mundial y otras instituciones financieras multilaterales, por lo que propone que se haga presión nacional e internacional al régimen, siguiendo cuatro enfoques.

Orozco detalla que lo que existe es un modelo económico perverso de explotación a los ciudadanos, y expulsión si no aceptan al sistema. 

Ante este escenario, Orozco propone que se enfoque la presión nacional e internacional desde varios ángulos del contexto económico.

Su propuesta incluye que en primera instancia se continúe exigiendo responsabilidad e integridad financiera “de las instituciones financieras internacionales, monitoreando y auditando fielmente las obligaciones contractuales frente al incumplimiento a sus compromisos y a la cleptocracia del régimen”.

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“Segundo, urgir a los nicaragüenses que envían y reciben remesas a que aumenten sus ahorros, presupuesten mejor, reduzcan los gastos, o no gasten en negocios vinculados a la dictadura. El precio que tuvieron que pagar para salir de sus hogares fue muy alto, y encima, ahora las remesas pagan un tributo que oxigena al régimen.  Reducir el gasto es una forma de resistencia”, enfatiza Orozco.

Rendición de cuentas

Como tercer punto, señala que el Gobierno es cómplice y autor intelectual de violaciones relacionadas con el CAFTA y el Acuerdo de Asociatividad con la Unión Europea.

 “Es imperativo exigir rendición de cuentas ante las violaciones a derechos laborales, mejor trabajo, protección ambiental y derechos indígenas. De otra forma, sin rendición de cuentas las penalidades y sanciones serán el paso de rigor”, explicó.

 El siguiente escalafón es que la comunidad internacional debe aumentar las sanciones a los transgresores de corrupción y los derechos humanos. Las sanciones deben apuntar a debilitar un estado dictatorial rentista, en torno a un círculo de poder que intenta encontrar alternativas para salir del statu quo.Son las expresiones del malestar interno ante la decadencia de la dictadura Ortega Murillo, en la que la disidencia crece cada día.