Ecuador llega al referéndum de Noboa en medio de crisis energética y de crisis diplomática

Ecuador va este domingo a las urnas para responder a las once preguntas del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa en medio de dos crisis, una energética a nivel interno con apagones de hasta ocho horas, y otra externa tras la condena casi unánime de la comunidad internacional al asalto a la Embajada de México.

Durante toda la campaña para pedir el voto por 'Sí' o por el 'No', que se llevó a cabo entre el 7 y el 18 de abril, los asuntos del plebiscito han quedado momentáneamente eclipsados por estas dos crisis.

La primera semana del periodo de campaña estuvo centrada en las reacciones y consecuencias que trajo el asalto realizado el viernes 5 de abril a la Embajada de México para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), al que el Gobierno mexicano había otorgado horas antes el asilo que solicitaba.

Noboa dio la orden de ingresar a la fuerza en la sede diplomática de México, al considerar que el perjuicio para su administración de ver a Glas fuera del país sería mayor al sufrido en la esfera internacional con la transgresión del principio de inviolabilidad de las embajadas extranjeras.

Y es que en ese momento pesaba sobre Glas una orden de captura e ingreso en prisión preventiva por un caso de presunto peculado (malversación de fondos públicos), y además tenía pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de prisión por dos sentencias de cohecho y asociación ilícita, respectivamente.

Para el Gobierno ecuatoriano, fue México quien transgredió las normas internacionales que prohíben dar a asilo a personas procesadas en tribunales ordinarios por delitos comunes, si bien Glas siempre se ha rechazado los cargos en su contra y se definido como un perseguido político y víctima de 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).

Las reacciones a la invasión de la Embajada mexicana no se hicieron esperar y México rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador, al que además denunció ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que ha sido violado el derecho internacional y soberanía.

En solidaridad con México, Honduras y Venezuela también rompieron relaciones diplomáticas con Ecuador.

El consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la irrupción a la fuerza en la Embajada de México en Quito aunque también recogió la posición de Ecuador de instar a los estados a respetar las disposiciones de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.

La detención de Glas fue declarada ilegal y arbitraria por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que decidió mantenerlo en prisión debido a las pena de ocho años de privación de libertad que no había acabado de cumplir cuando a finales de 2022 salió de la cárcel gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.

Cuando todavía no se había resuelto esta crisis estalló la crisis energética a nivel nacional, que ha llevado a que Ecuador vuelva a tener apagones de hasta ocho horas para racionar la electricidad, ante la imposibilidad de atender la demanda nacional.

Esto después de que dos días antes de que comenzaran los cortes de electricidad la entonces ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, asegurara que esta medida quedaba descartada en el corto plazo pese a la situación crítica del embalse de Mazar, el segundo más grande del país.

A ello se sumó la suspensión del suministro eléctrico procedente de Colombia, que también afronta una gran sequía y no cuenta con excedentes para exportar.

La administración de Noboa ha denunciado un presunto sabotaje contra el Gobierno en el que ha acusado a Arrobo y a otras 21 personas de presuntamente ocultar información para haber mitigado esta crisis e incluso de supuestamente de haber vaciado el embalse de Mazar a propósito, lo que ha sido negado por el operador encargado de esa reserva de agua.

En este contexto más de 13 millones de ecuatorianos están convocados para votar un plebiscito destinado principalmente a dar nuevas herramientas al Gobierno para enfrentar al crimen organizado, así como a aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier lugar para atraer la inversión y a permitir los contratos de horas para impulsar el empleo joven.