"Difícil gobernar con cerca de 400 muertos", dice Alianza Cívica de Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, debe aceptar un adelanto de elecciones porque "es difícil gobernar con cerca de 400 muertos", informó ayer el representante de la Alianza Cívica, Carlos Tünnerman.

"Es difícil gobernar un país con cerca de 400 muertos y permanentes abusos", dijo Tünnerman, en una comparecencia de la Alianza Cívica a través de redes sociales.

Según el dirigente cívico, exministro de Educación y exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), lo mejor que puede hacer Ortega es aceptar un adelanto de elecciones, para salir por la vía pacífica a una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según organismos humanitarios.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes", lo que Ortega ha negado.

Tünnerman calificó como acertada la decisión del Consejo Permanente de la OEA de enviar un "grupo de trabajo" a Nicaragua para ayudar a resolver la crisis por la vía pacífica, a pesar de la negativa del Gobierno, que de persistir, expondría al país a sanciones económicas.

"Nicaragua no merece que estas sanciones ocurran, pero eso está en manos del presidente, depende de la voluntad política, él tiene en sus manos una nueva convocatoria del diálogo y encontrar una solución como en 1989, cuando aceptó adelantar las de 1990", sostuvo el experto.

Un adelanto para marzo de 2019 de las elecciones programadas para 2021 ha sido propuesto por la OEA, así como por su secretario general, Luis Almagro, y por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a la que Ortega acusó de apoyar un "golpe de Estado".

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Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.