Nicaragua: Santuario de la Impunidad en manos de Daniel Ortega

La decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de otorgar "asilo político" al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por la justicia por delitos de blanqueo de capitales, no solo es un acto de desafío a las normas internacionales, sino que constituye un claro síntoma de la profunda crisis ética y moral que caracteriza a la dictadura sandinista. 

Al brindar protección y refugio a corruptos, los Ortega-Murillo no solo ponen en entredicho la credibilidad del estado de Nicaragua en el escenario internacional, sino que posicionan al servicio exterior de la nación, en contra del principio básico de justicia.

La historia nos muestra que esta no es la primera vez que el Frente Sandinista se convierte en cómplice de delincuentes. 

Ya en los años ochenta, como bien documentan investigaciones periodísticas, Nicaragua se convirtió en santuario para figuras infames como Pablo Escobar, quienes encontraban en este país un lugar seguro a cambio de beneficios económicos. Este patrón de comportamiento revela una perversa disposición a sacrificar la justicia y el bienestar colectivo en aras de intereses personales y políticos de la tiranía de los Ortega-Murillo.

La protección brindada por Ortega a figuras como el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, también fugitivo y condenado por corrupción, es igualmente alarmante. Este comportamiento subvierte el concepto de justicia y socava la confianza en el sistema de derecho internacional. 

El asilo ofrecido a Martinelli no sólo es una continuidad de esa práctica corrupta y una afrenta a la justicia panameña sino también un desprecio hacia la cooperación y rendición de cuentas entre estados. Es una violación acuerdos centroamericanos fundamentales en materia de colaboración regional contra la corrupción.

Es por esa razón que la decisión de Panamá de llamar a consultas a su embajador es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, es altamente probable que el régimen de Ortega no va a responder, por lo que el gobierno de Panamá deberá mantener sobre la mesa acciones posteriores más contundentes para expresar su rechazo a estas prácticas y para defender la soberanía y el estado de derecho.

Entre estas medidas, la expulsión del embajador nicaragüense debe ser una opción, como un método posterior de presión. En caso de que el régimen de Ortega persista en su deseo de seguir protegiendo a Martinelli, no sería extraño que el gobierno de Panamá suspenda relaciones diplomáticas con Managua.

Nicaragua y sus embajadas no pueden seguir siendo refugio de corruptos y criminales. Es esencial que la comunidad internacional no permanezca indiferente ante estas transgresiones y que actúe con determinación para restablecer el imperio de la ley y el respeto a la justicia. La protección de personas acusadas y condenadas por crímenes graves es inadmisible, y el asilo no debe ser un instrumento para evadir la responsabilidad legal. 

Es momento de tomar una postura firme contra los que favorecen la impunidad y de asegurar que la justicia prevalezca en la región.