CIDH otorga medidas cautelares a Eddy Castillo, Nelly López y Juan Carlos Baquedano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los prisioneros políticos nicaragüenses Eddy Antonio Castillo Muñoz, Nelly Griselda López García y Juan Carlos Baquedano, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.

El pasado el 1 de marzo de 2024 a través de la Resolución 7/2023, la CIDH informó que las  personas beneficiarias son identificadas como opositoras políticas al actual régimen nicaragüense, encontrándose privadas de su libertad en distintos centros penitenciarios “en condiciones inadecuadas de detención, sin recibir la atención médica necesaria para tratar sus padecimientos y siendo objeto de agresiones”, señalan. 

Según el comunicado de prensa, el Estado “no proporcionó información que permita determinar que los factores de riesgo identificados se hayan mitigado debidamente”.

El organismo regional advierte que Eddy Antonio Castillo Muñoz, Nelly Griselda López García y Juan Carlos Baquedano se encuentran en una situación de riesgo por estar expuestas a una mayor afectación de sus derechos.

“Dada la condición de personas privadas de libertad, del estado de salud actual, la falta de acceso a atención médica adecuada, las condiciones de reclusión sumados a los hechos de violencia reportados desde su detención”. 

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Ante esto, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Castillo Muñoz, López García y Baquedano.

Entre las medidas solicitadas al Estado están que se aseguren que las  condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales, entre ellos:

“Se garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y agresiones dentro del centro penitenciario”.

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Agregan “se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud; se otorguen los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos”.

También piden que se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares y representantes legales, y que se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad.