CIDH DICTA MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DEL SACERDOTE EDWIN ROMÁN Y ÁLVARO LEIVA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar el 5 de junio para proteger los derechos de Edwin Heriberto Román Calderón, sacerdote de Masaya; y Álvaro Leiva Sánchez, Secretario de la Asociación Nicaragüense Pro- Derechos Humanos, quienes realizan labores de defensa de los derechos humanos y asistencia humanitaria en el contexto de los hechos de violencia que han tenido lugar en la ciudad de Masaya, Nicaragua.
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La CIDH indica que el religioso y el defensor de derechos humanos, participaron de manera activa en la protección de los derechos de las personas que habrían sido heridas o detenidas en el contexto de los hechos ocurridos el 2 de junio en Masaya, donde desde horas de la mañana habrían ingresado fuerzas especiales antimotines y la policía nacional, produciéndose diversos hechos de violencia y enfrentamientos que habrían provocado muertes y personas heridas.
El comunicado de la comisión señala que, “según la información recibida, ambos beneficiarios habrían participado en el resguardo de la población civil en la Parroquia de San Miguel, en un momento de especial tensión donde habría sido rodeada por antimotines y se habrían sostenido disparos. Los beneficiarios con una bandera blanca habrían salido de la parroquia en medio de los enfrentamientos y barricadas con el objetivo de realizar labores de mediación logrando la liberación de 21 personas que habrían sido detenidas por la Policía. En dicho escenario la vida e integridad de los beneficiarios se habría encontrado altamente en peligro”.
En vista de lo anterior, la Comisión consideró que los derechos a la vida e integridad personal del padre Edwin Heriberto Román Calderón y Álvaro Leiva Sánchez se encuentran en grave riesgo. Asimismo, en vista de las posibles represalias alegadas la Comisión consideró que dicha situación de riesgo se extiende a sus núcleos familiares.
La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Román y Leiva, y sus núcleos familiares. Por lo tanto, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de ellos.
“La Comisión continua con el estudio de las solicitudes de medidas cautelares recibidas durante y después de la visita a Nicaragua. A la fecha, la Secretaría Ejecutiva ha registrado 150 solicitudes recibidas, el 100% de las cuales se ha clasificado y evaluado. La Comisión ha adoptado 4 resoluciones de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad de 24 personas, que incluyen estudiantes universitarios, familiares de víctimas, sobrevivientes de hechos de violencia, sacerdotes, defensores de derechos humanos y personas que han brindado asistencia a personas heridas. La Comisión continúa recibiendo, estudiando y decidiendo las solicitudes presentadas de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 25 de su Reglamento”, dice el comunicado.
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