Política, desigualdad y abuso de poder

“Tu poder radica en mi miedo; ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder”.

Séneca a Nerón.

En la rebelión de abril 2018 vimos a la gente pobre rebelándose y actuando fuera o incluso contra el gobierno y los partidos políticos que en el pasado reciente pretendían representarlas.

Sin tierras prometidas ni fantasías (canal, refinería, satélite, fábrica de urea, etcétera); las comunidades toman distancia y se desenchufan de las estructuras de poder de la dictadura.

Las fuerzas motrices subyacentes de la rebelión de abril surgen de la desigualdad económica, la imposición de la represión y el abuso de poder impulsada por el afán de lucro y control de la economía.

La inmensa fortuna que posee miembros de la nueva clase y miembros de la vieja oligarquía es producto de su voraz participación en la “corruptocracia”. Una de las trenzas de las redes de la macrocorrupción es la complacencia o complicidad del poder político.

La macrocorrupción permitió el enriquecimiento inexplicable de la nueva clase, la cara cínica del privilegio al que los miembros de los poderes fácticos han sido cómplices. El poder político cobija la corrupción.

La clase dominante ha sido la gran beneficiada de las políticas públicas implementadas por el gobierno Ortega-Murillo, lo que le permitió ir consolidando, poco a poco, la concentración de la riqueza.

El régimen Ortega-Murillo durante los años 2007-2017 trajo estabilidad a las élites gobernantes, a los poderes fácticos y a la clase media urbana, pero no a la sociedad en su conjunto.

En el subsuelo social la violencia era abrasiva, áspera y represiva, era la técnica cotidiana de gobierno contra el campesinado o contra cualquier protesta social.

Entre el 2007 hasta abril 2018, el régimen convirtió su movimiento pendular político en una estrategia para consolidar su poder. Al oscilar entre los sectores populares y las clases dominantes favoreció tanto al régimen como al gran capital en detrimento de los sectores populares.

Una vez consolidado su poder autoritario, la discrepancia ha sido criminalizada, perseguida, asesinada por los matones al servicio de la dictadura. Piensan que la impunidad seguiría imperando en este país que destruyeron y que consideran de su propiedad.

En la superficie prosperaba un Estado autoritario; en el mundo subterráneo se desplegaba un riguroso Estado represor. Es preciso revisar de tajo todo lo que muchos analistas y los voceros oficiales han querido vendernos la idea que entre el 2007 y el 2017 en el país se “vivía bonito.

Ni sus poderosos amigos, socios y cómplices de la política y ni la cúpula empresarial han querido evitar la violación sistemática de los derechos humanos.

La herencia del somocismo no es ajena a la política autoritaria, a la impunidad, a la corrupción y a la represión practicada por el régimen Ortega-Murillo.

En la lógica de la clase dominante, el poder autoritario tiene que ser preservado, antes que nada, frente a la posibilidad de un diálogo político real y antes de la razón de justicia.

La lucha de los campesinos en defensa de la tierra y por la preservación del agua y los bosques, las protestas de los campesinos de Rancho Grande y la rebeldía de las mujeres de Mina La India, etcétera; fueron luchas por un país democrático y progresista.

Desde el 2007, el régimen estableció, poco a poco, un orden subterráneo que mató, torturó y persiguió a miles de campesinos, no sólo supuestos a los supuestos “alzados en armas”, la represión se ejercía, con diferente intensidad, en todos los ámbitos de la vida política y social.

La represión contra el campesinado fue un sinónimo de terrorismo de Estado. Y así debería quedar signada en nuestra memoria más íntima: desde el 2007 se inicia una época del terror de Estado; al principio selectivo, después de 2018 generalizado.

La represión contra un solo grupo de campesinos puede ser un acontecimiento circunstancial, pero la multiplicación de decenas de ellos representa una estrategia de represión social generalizada.

A partir de abril 2018, el régimen Ortega-Murillo abrió una de las heridas más graves de la historia en Nicaragua –que nunca se olvidará–; infringiendo, a la protesta social, que resistió al abrasivo régimen autoritario, muerte, dolor y luto en la sociedad nicaragüense. No obstante, la rebelión ha sacudido y alterado el equilibrio de poder.

El régimen ha perdido legitimidad y la ciudadanía no confía en los partidos políticos tradicionales y/o comparsas. Ningún partido está en condiciones de asumir el liderazgo político de la rebelión social.

Las acusaciones actuales del régimen Ortega-Murillo contra la memoria de la rebelión de abril 2018 repiten los mismos argumentos que algún día emplearon la guardia del régimen somocista para legitimar lo ilegitimable.

No hay duda de que el vértice autoritario del sistema, a través de la represión indiscriminada, ha podido permanecer en el poder con capacidad de generar sufrimiento a la población. Pero la batalla por la historia, la han ganado los rebeldes de 2018.

Al régimen Ortega-Murillo hay que aplicarle la sicología al revés. Si hoy ataca la política norteamericana es porque quiere negociar directamente una salida con Washington porque sabe que EEUU es un factor determinante en la política nacional, si dice que está fuerte y que la insurrección social está vencida, es porque todavía la rebelión sigue vigente y tiene temor a una segunda ola social.

El discurso de Ortega (25 de septiembre 2019) demuestra que el régimen Ortega-Murillo están preocupados por la prolongación de la crisis política, por la insostenibilidad económica y financiera del régimen, su creciente aislamiento internacional y las posibles sanciones de parte de EEUU.

El discurso de Ortega llega en momentos en que el reloj de la OEA avanza y estamos a días que la Comisión Especial para Nicaragua declare, posiblemente, que el régimen rompió el orden constitucional y cometió crímenes de lesa humanidad y que por tanto recomienda que se le aplique sanciones a la dictadura Ortega-Murillo.

Por el momento, a pesar de la represión, la prolongada acumulación de iniquidades, la compulsión destructiva, la arrogancia, cinismo y prepotencia de la dictadura y el mero instinto de supervivencia mantiene la protesta social.

Estamos en el hueco entre dos grandes olas. Existe la impresión de inmovilidad y resignación, pero, se siente ya la siguiente ola social.

No cabe adelantar vísperas ni cantar victorias. Solamente una nueva ola social podrá derrotar la dictadura.

San José/Costa Rica, 05 de noviembre de 2019.