Ortega lleva a Nicaragua a un tercer año de recesión
Nicaragua encara su tercer año consecutivo en recesión, en la que el país cayó en 2018 a raíz la violenta represión de Daniel Ortega contra las generalizadas protestas hacia su Gobierno. «Desde abril de 2018, los disturbios sociales y sus secuelas erosionaron la confianza y produjeron grandes salidas de capitales y depósitos bancarios», constata el comunicado emitido la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras su visita de trabajo al país. Por su parte, también la semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señaló que 98.000 nicaragüenses han abandonado el país a causa de la persecución gubernamental
El FMI reconoce, no obstante, que el Gobierno nicaragüense trabaja con ahínco para superar la crisis, de la que tal vez pudiera salir el próximo año, al final del cual debiera haber elecciones generales. Es se horizonte electoral que marca las dinámicas del Gobierno y de la oposición a lo largo de este año y el próximo: el Gobierno está concentrado en reavivar la economía, mientras que la oposición lo está en ganar en robustez y unidad (la semana pasada confluyó en una plataforma unitaria); ambos necesitan tiempo y probablemente intentarán evitar una gran confrontación que perjudique sus expectativas para 2021
Contracción económica
Aunque la violencia desplegada por Daniel Ortega y su esposa –presidente y vicepresidenta de Nicaragua– se concentró especialmente en la primavera de hace dos años, cuando la represión policial (auxiliada por grupos paramilitares sandinistas) provocó la muerte de más de 300 personas, el autoritarismo del régimen ha seguido actuando y prolongando la inestabilidad económica. En 2018 el PIB cayó un 3,8%; en 2019 las consecuencias se hicieron notar aún más, con un descenso del 5,7%; en 2020 el país seguirá en recesión, con una caída del 1,2%, según el FMI.
Esa previsión negativa para el presente año es una mala noticia para el Gobierno nicaragüense, pero el comunicado del FMI también le da buenas noticias. La institución internacional considera acertadas las medidas que el Gobierno está aplicando para corregir la situación.
Así, el FMI quiso dejar «constancia de que la decisiva política de respuesta adoptada por las autoridades ha contenido el impacto de los shocks en el ámbito fiscal y el sistema financiero en 2018 y 2019». Aunque el sistema sigue presentando vulnerabilidades, con una inflación para este año del 5%, una reducción de las reservas internacionales y una deuda pública que llegará al 52,4% (más de diez puntos por encima de la que había en 2016), el FMI sugiere que los datos macroeconómicos continuarán mejorando. No se pronuncia sobre 2021, pero podría pensarse que el próximo año el PIB nicaragüense podría volver al crecimiento positivo.
La fuerza empresarial
En su vuelta al poder en 2007, tras su experiencia revolucionaria de la década de 1980, Daniel Ortega optó por un modelo bien distinto al que seguía Hugo Chávez en Venezuela. En lugar de confrontar a los empresarios, algo que Chávez en principio podía hacer porque contaba con los ingresos del petróleo (la caída de producción y precio se ha convertido luego en un gran hándicap para Nicolás Maduro), Ortega mimó a los miembros la patronal, pues la economía nicaragüense se basa en las exportaciones empresariales y además necesitaba que estuvieran distraídos en sus negocios y no se metieran en política.
Las dificultades económicas que el Gobierno comenzó a sufrir debido al colapso de Venezuela, que le redujo sus envíos de petróleo, llevó al matrimonio Ortega a intentar recaudar más dinero de empresarios y trabajadores, lo que fue la espita de las protestas de 2018, que ya se venían larvando por el creciente autoritarismo sandinista.
Ahora el modo de recuperar la confianza empresarial y la satisfacción social derivada del progreso económico pasa por salir de la crisis, que es la condición imprescindible aunque no suficiente para las expectativas de reelección de la familia Ortega.
Vulneración de derechos humanos
Pero si la situación económica progresa y la crispación social se ha reducido, el Gobierno mantiene sus violaciones de los derechos humanos. Estas «han seguido sin tregua, en un contexto político y social extremadamente complejo», afirmó la semana pasada Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en una intervención oficial en Ginebra. Indicó que hasta el 31 de diciembre de 2019 más de 98.000 nicaragüenses habían dejado el país, sin contar con condiciones básicas para su vuelta. Aseguró tener documentados «casos de amenazas y hostigamientos, incluidos siete casos de gente detenida de forma arbitraria inmediatamente después de su regreso».
De acuerdo con Bachelet, «el derecho a protestar de forma pacífica es sistemáticamente negado. Despliegues masivos de la policía desalientan a los nicaragüenses de manifestarse. Cuando han tenido lugar protestas, incluidas celebraciones religiosas, la policía las ha dispersado abruptamente o elementos progubernamentales las han atacado».
Se refirió a datos de la sociedad civil según los cuales a mediados de febrero permanecían detenidas 61 personas en relación a las protestas de 2018; cuarenta de ellas fueron arrestadas después de la ley de amnistía aprobada en junio del año pasado.