Nicaragua, el país donde la fe se mantiene viva

Es fresca la tarde en una ciudad del Centro-Norte de Nicaragua, país donde nueve de cada diez habitantes es cristiano. Angélica, una niña de 13 años, amable y de mirada brillante, camina hacia el templo católico de su barrio, a unos 700 metros de su casa, para asistir a una reunión de la Infancia Misionera. Este es un movimiento que promueve la formación misionera en la niñez, invitándolos a seguir a Jesucristo y anunciar el Evangelio.

De pronto, en la calle por donde también hay algunos transeúntes, a pocos metros del templo, unos policías que siempre andan armados interrumpen su camino.

—¡Vení ve! ¿A dónde vas? —le espeta uno de los policías.

Angélica, cuya identidad real se resguarda por seguridad, llena de nervios y con la inocencia que la caracteriza, responde sin titubear.

—¡A la Iglesia!

—¿A qué vas tanto a esa iglesia? 

—¡Solo voy a misa!

Los policías, con cara de mal humor, se marchan del sitio. Angélica, sorprendida y nerviosa, reanuda su camino a la parroquia.

El actuar ilegal de los policías resuena entre los feligreses. “No pasó a más y no la han vuelto a molestar, pero sí, la Policía sigue vigilando todo tipo de actividad en las iglesias, intimidando a todo el mundo, incluso a los niños”, comenta “Rosa”, una catequista que conoció de cerca el caso.

La fe bajo ataque sistemático

La experiencia de Angélica refleja una realidad más amplia: la vigilancia constante y represión sistemática hacia la Iglesia católica y sus fieles en Nicaragua a través de distintas formas: cierre de organizaciones y de medios de comunicación, universidades y colegios católicos; toma de fotografías y videos de las homilías y de los asistentes a las misas, la prohibición de procesiones y otras actividades como las misas en los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos; además de acoso e interrogatorios a laicos que asumen ciertos roles en las parroquias o que trabajan para proyectos eclesiásticos, entre otras.

Por esas restricciones, la celebración del Primer Centenario de la Diócesis de Matagalpa, el 19 de diciembre de 2024, fue limitado a las celebraciones de misas en la catedral San Pedro Apóstol.

De igual manera, en la parroquia a la que asiste Angélica, en la Navidad de 2024 no hicieron las tradicionales “Posadas”, unas procesiones por las calles del barrio en la que niños disfrazados recuerdan el peregrinar de María y José buscando un lugar para pernoctar cuando Jesús estaba por nacer. 

En esa misma parroquia, la tradicional Gritería del 7 de diciembre fue celebrada con la Purísima adentro del templo, para evitar “problemas” con el régimen, confirma Rosa, la catequista. Incluso, desde meses atrás dejaron de transmitir las misas a través de las redes sociales como protección al párroco y a los fieles que asisten.

“Si ya vienen a vigilar, a tomar fotos y grabar, no les vamos a facilitar el trabajo (…) Hemos llegado al punto de acostumbrarnos a lo que se puede hacer (…)  con el afán de protegerte, de proteger a la parroquia, te acostumbrás a que las cosas deben ser así”, explica Rosa.

En la Diócesis de Matagalpa, la más golpeada por la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solo tres de las 28 parroquias transmiten las misas a través de redes sociales, verificó Mosaico CSI. Además, en las páginas de 11 parroquias dejaron de publicar, algunas desde 2023, y la mayoría de estas entre mayo y agosto de 2024. Las otras 14 parroquias, aunque dejaron de transmitir las misas, mantienen publicaciones frecuentes, principalmente del Evangelio del día.

Censura y autocensura

La autocensura es vista por algunos como una estrategia de supervivencia. Mosaico CSI conversó con tres sacerdotes y una decena de laicos aun en Nicaragua. Ninguno puede revelar su identidad y tampoco detalles por los que el régimen pueda encontrarlos o desarticular las medidas que han adoptado para disminuir los riesgos, vivir su fe y servir a la Iglesia. Otros tres sacerdotes forzados al exilio niegan que haya orientación alguna de que se queden callados y, esta vez, prefieren el anonimato, porque temen represalias contra sus familiares y el clero que sigue en el país.

Para los sacerdotes que quedan Nicaragua, las homilías deben ser totalmente teológicas. No pueden hablar de temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia o críticas sociales, y entre más breves sean sus mensajes, mejor. Tampoco pueden mencionar en las oraciones a los obispos y sacerdotes que el régimen expulsó del país. Contravenir eso podría significar más acoso, exilio, cárcel, tortura, destierro. Además, reciben visitas frecuentes de policías que les revisan los celulares para ver si se comunican con los obispos y sacerdotes que están fuera del país o con periodistas.

Información verificada de primera mano por Mosaico CSI, con testimonios de sacerdotes forzados al exilio, complementados con datos del estudio “Nicaragua, ¿Una Iglesia perseguida?”, de la abogada Martha Patricia Molina Montenegro e informes del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, revela que Nicaragua ha perdido al menos la cuarta parte de los 546 curas que tenía registrados en 2020.

Según datos verificados por Mosaico CSI, al menos 43 sacerdotes han sido forzados al exilio desde 2018, incluyendo al obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez; el régimen prohibió el regreso al país a otros 25 curas que habían viajado por distintos motivos; diez sacerdotes extranjeros fueron expulsados después de negarles la renovación de las residencias, y 46 clérigos han sido desterrados y enviados a distintos países, principalmente a Italia. Entre estos últimos hay tres obispos.

El informe de Molina cuenta además a diáconos y seminaristas, y otros 23 sacerdotes con los que suma 167 varones que, debido al exilio, destierro o expulsión, han dejado de ejercer su misión pastoral en Nicaragua. Asimismo, incluye a 99 mujeres (monjas o religiosas) que ya no están en el país “debido a la represión sandinista”.

Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua fue desterrado y enviado a Guatemala el 13 de noviembre reciente por denunciar las frecuentes interrupciones a las misas en la catedral San Juan Bautista por actividades organizadas por el designado alcalde de esa ciudad Leónidas Centeno.

Un sacerdote que continúa en Nicaragua opina que el destierro de monseñor Herrera profundiza la crisis a lo interno de la CEN por cuanto ha perdido representatividad en las Diócesis y “con el aviso de que quien se atreva a decir algo correrá igual suerte”.

Ha sido mayor el impacto en Matagalpa, Diócesis que ha perdido a más de la mitad de clero. Mientras que las diócesis de Siuna, Bluefields, Estelí y Jinotega han perdido a más de un tercio de sus sacerdotes. Eso implica que hay parroquias sin curas y que son atendidas por diáconos y seminaristas, o bien por celebradores de la Palabra. 

Matagalpa dispone todavía de 30 sacerdotes y algunos de ellos deben atender más de una parroquia, aunque una buena parte son jóvenes de ordenaciones posteriores a 2020. Mientras tanto, de los 29 curas que están fuera del país, al menos un tercio están profesionalizándose más en universidades de Italia y España.

En las Diócesis de Matagalpa, Siuna y Jinotega, cuyos obispos fueron desterrados, lo que queda del clero ha recibido autorización especial para administrar sacramentos que generalmente administra un obispo, como la Confirmación.

A los sacerdotes ya no les permiten ir a los sistemas penitenciarios del país; mientras que el ingreso a los hospitales es concedido “de manera selectiva, porque hay algunos que no los dejan entrar del todo”, dice un sacerdote en Nicaragua que pidió anonimato.

“Ante la ausencia nuestra, el Espíritu mueve la fe de nuestro pueblo y ellos asumen las celebraciones de la palabra, visitas y la comunión de los enfermos, la realización de novenas y muchas otras actividades”, agrega.

La abogada y politóloga colombiana Juanita María Goebertus Estrada, directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, estima que el hecho de que son más de 200 las figuras que han sido forzadas a dejar su labor pastoral en Nicaragua es “sin duda la campaña más represiva en contra de la Iglesia Católica” en América Latina.

A pesar de ello, algunos sacerdotes cercanos al régimen, como el padre Rafael Ríos de Jinotega —cuyo obispo, monseñor Carlos Enrique Herrera fue desterrado el 13 de noviembre— niegan que exista persecución religiosa en el país. 

“Con todo el respeto lo que voy a decir: Quitémonos de la mente lo que muchos dicen, que en Nicaragua hay persecución religiosa. La persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe y se persigue a todo el que es llamado hijo de Dios (…) Cuando se delinque y se comete un delito, paga el que comete el delito, pero no es (toda) la Iglesia (Católica), todos somos Iglesia”, dijo el sacerdote Ríos en un acto oficialista el 4 de octubre, en el que además proclamó la “muerte y resurrección” de Benjamín Zeledón, considerado un héroe nacional.

Otros clérigos en Nicaragua, como el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, optan por el silencio, una postura que, bajo la figura y excusa de la “prudencia”, ha generado críticas entre los feligreses.
Silencio prudente.

Esa actitud de silencio “prudente” también la tuvo en años previos el Secretariado Episcopal de América Central (Sedac) que, si bien tiene en agenda permanente el tema de Nicaragua, sus comunicados apenas mencionaban mensajes de aliento a los nicaragüenses, admite el secretario general de esa organización, monseñor José Antonio Canales Motiño, obispo de la Diócesis de Danlí, en Honduras.

Monseñor Canales es una de las voces que más resuena denunciando la situación y demostrando su cercanía con la Iglesia nicaragüense. En su Diócesis ha acogido a algunos sacerdotes exiliados y desterrados. El obispo hondureño revela que el silencio eclesiástico no es cobardía, como lo interpreta el régimen Ortega Murillo, sino un intento de crear espacios de diálogo. Sin embargo, considera que con la pareja dictatorial “la palabra diálogo no existe. Ellos tienen un plan y es un plan totalitario”.

Juan Carlos Arce Campos tiene una experiencia de más de dos décadas como defensor de derechos humanos. Para él, ese silencio de la Iglesia “es muy ruidoso, porque hacen cosas… no todo tiene que ser público”.

La Iglesia Universal ha comenzado a reaccionar. Durante su reunión anual, en noviembre reciente, el Sedac convocó a una jornada de oración por Nicaragua para el 8 de diciembre, una fecha emblemática para el catolicismo nicaragüense, por ser el día de la patrona nacional, la Inmaculada Concepción de María. 

El 2 de diciembre, el Papa Francisco emitió una carta pastoral para Nicaragua; luego, el 8 de diciembre, el Pontífice renovó su cercanía con los nicaragüenses tras el rezo mariano del Ángelus; el 25 de diciembre, en la bendición “Urbe et orbi”, abogó por la reconciliación en el país centroamericano y más recientemente, el 9 de enero, durante un encuentro con los embajadores acreditados ante la Santa Sede, el sucesos de Pedro ratificó la disposición del Vaticano a un diálogo con Nicaragua.

Encuentros presenciales y virtuales

Angelica, la niña de Infancia Misionera, sigue yendo a la Iglesia y a las reuniones semanales del movimiento en su parroquia, donde todavía son presenciales. Sin embargo, “Engracia”, integrante del coro en una parroquia de la Diócesis de Estelí (que comprende a los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia), señala que hay movimientos laicales que, “para que no los vean que llegan seguido a la Iglesia, han optado por hacer sus reuniones de manera virtual”.

Sin embargo, la catequista Rosa cree que no es una práctica generalizada. “Aunque hay riesgos, en mi parroquia preferimos hacer las reuniones presenciales, porque igual, de manera virtual uno no sabe quién realmente está detrás de una pantalla”, comenta.

“Maritza”, integrante de un “apostolado mariano” en una parroquia de la Diócesis de Matagalpa, señala que en su grupo han optado por reunirse presencialmente “solo cuando es estrictamente necesario (…) para evitar, porque esa gente cree que uno se reúne para hacer algo en contra de ellos”.

Represión generalizada

Nadie escapa al acoso y a las represalias del régimen. Conductores de sacerdotes, conserjes de los templos y casas curales, secretarias, miembros de los coros, monaguillos, empleados de proyectos dirigidos por la Iglesia, seminaristas, curas, delegados de la palabra, ministros de la comunión. Cualquiera que esté cerca de la Iglesia. 

“Dado el control totalitario del gobierno sobre Nicaragua, la persecución está presente en todo el país y en todos los niveles. Quienes expresan su oposición a las medidas dictatoriales del gobierno probablemente se enfrenten a agresiones verbales y físicas por parte de funcionarios gubernamentales y otros partidarios del régimen”, señala el informe 2024 de Open Doors, una organización que apoya a la iglesia perseguida en todo el mundo.

Según Open Doors, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no busca solo silenciar la voz de los cristianos, sino también socavar su credibilidad y evitar la difusión de su mensaje. “Para mantenerse en el poder, el gobierno intenta controlar todas las dimensiones de la vida: se desalientan las decisiones y pensamientos individuales en favor de los dictados por el estado paternalista”, detalla el informe.

En su lista de vigilancia mundial 2024, Open Doors sitúa a Nicaragua en el puesto 30 entre los países con mayor persecución religiosa en el mundo. Ha escalado 42 puestos desde 2020.

De igual manera, Preocupación Cristiana Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), una organización evangélica no confesional con sede en Estados Unidos, en su Índice Global de Persecución Religiosa 2025, ubica a Nicaragua como el único país de América entre 20 países con altos niveles de persecución religiosa.

Por su parte, Aid to the Church in Need (ACN Internacional), conocida también como Ayuda a la Iglesia Necesitada o Ayuda a la Iglesia que Sufre, destaca que Nicaragua es el único país de América donde las agresiones contra la libertad religiosa no solo persisten, sino que van en aumento.

Cultura de terror

Organizaciones como el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, el International Institute for Religious Freedom, Outreach Aid to the Americas, y la Línea de Libertades y Pluralismo de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de La Universidad de La Sabana, en el aporte conjunto que presentaron en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, coinciden en que el objetivo del régimen Ortega Murillo es “establecer una cultura de terror en la que la censura y la intimidación surtan efecto no sólo entre los líderes religiosos, sino también entre sus miembros y desde ahí, a la sociedad en su conjunto”.

Juanita María Goebertus Estrada, de HRW, considera que el régimen “quiere garantizar que no existe ninguna estructura dentro de la sociedad nicaragüense que le pueda disputar su hegemonía de poder”.

La represión alcanza a la niñez, como el caso de Angélica, la niña de Infancia Misionera, pero también a la adolescencia. “Joel”, de 17 años, encontró su vocación como servidor del altar en 2019 y se hizo monaguillo en una de las 43 parroquias de la Diócesis de Estelí. Estudiaba la Secundaria a Distancia en el Campo y quería ser un sacerdote franciscano de la Orden de Frailes Menores. La persecución no tardó en alcanzarlo.

Al sacerdote de su parroquia lo acusaban de participar en protestas y al monaguillo adolescente también lo acosaba la Policía local. Lo que comenzó con interrogatorios sobre los movimientos del cura y la vida en la parroquia pronto escaló. Joel fue abordado con ofertas de dinero para espiar y darles información sobre la iglesia. “Querían que les diera información que no era, y que fuera como un espía”, narró el monaguillo. La persecución lo forzó a ocultarse unos días en otra comunidad, hasta que en septiembre de 2024 fue forzado a cruzar por veredas hacia Costa Rica, donde permanece exiliado, solo, sin poder trabajar por su edad, ingeniándoselas para el pago de un cuarto y la alimentación, mientras continúa sirviendo como acólito en una iglesia costarricense.

Igual ha sucedido con laicos que sirven a la comunidad como ministros extraordinarios de la Comunión, delegados de la palabra, catequistas o miembros de las pastorales parroquiales. Les exigen información sobre los curas y los planes pastorales, planes de visitas a comunidades rurales, fuentes de ingresos. Todo.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado ese tipo de denuncias, incluso de laicos que en algunos casos han sido encarcelados, torturados y desterrados por “trabajar cerca de la Iglesia”.

Mujeres en la mira

En su informe Nicaragua, una Iglesia perseguida, la abogada Molina afirma que 99 mujeres, monjas o religiosas”, dejaron de ejercer su misión pastoral en Nicaragua.

Pero, la ausencia de registros completos sobre las agresiones a mujeres religiosas refleja cómo su rol, aunque crucial en el funcionamiento de la Iglesia, es a menudo invisibilizado cuando se habla de persecución.

Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo, afirma que “son muchas las mujeres” que están en el funcionamiento operativo de la Iglesia católica y “muchas de ellas han sido perseguidas también por su vínculo con la Iglesia (y) muchas de ellas han tenido que salir (al exilio forzado). Una persona fue detenida y le dijeron: ‘usted tiene que declarar contra el obispo Álvarez, y tiene que decir esto y ya’. Esta persona decidió salir del país, sufrir las consecuencias del exilio para no declarar falsamente”.

Debido a que son más visibles las agresiones a los liderazgos masculinos de la Iglesia, es evidente el subregistro de las afectaciones de la persecución religiosa a las mujeres, desde las niñas como Angélica —la de Infancia Misionera— y adultas como la catequista Rosa, que sufren impactos distintos de la represión.

Ana Marcia Aguiluz Soto es costarricense, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y preside el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nuca Más. Ella defiende que las mujeres que han sido violentadas con cárcel o destierro, por su cercanía con la Iglesia, “tienen necesidades diferentes” en temas sicológicos, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o “el acceso a ciertos medicamentos que solamente necesitamos las mujeres, entonces sí, es importante entender que esas realidades que las han sufrido miles de personas en Nicaragua se viven de una manera diferenciada y que tenemos que mirar esas dos aristas: necesidades e impactos distintos por el hecho de ser mujeres”.

Open Doors, la organización que ayuda a los perseguidos por su fe plantea graves afectaciones hacia las mujeres en Nicaragua, especialmente en el ámbito de la violencia intrafamiliar, las cuales están enmarcadas en la "cultura del terror" impuesta por el Estado, donde la fuerza prevalece sobre la razón.

“Tenemos registros de expresiones de censura para no ser críticos del gobierno ni expresar de forma libre la fe al interior de las propias familias, porque se entiende que, si una persona es cristiana comprometida, podría ser inútil para los efectos de ciertos puestos estatales o que podría generar algún tipo de conflicto con el trabajo de otro miembro de la familia”, dice una representante, de Open Doors, quien pide no ser nombrada por asuntos de seguridad, porque ellos documentan la persecución religiosa en todo el mundo.

Otro aspecto que destaca la representante de Open Doors es la expulsión de religiosas, que afecta no solo a las comunidades beneficiadas con la acción pastoral de estas congregaciones, sino que, siendo mujeres de mediana edad o mayores, las pone en riesgos de seguridad humana, principalmente cuando son forzadas a cruzar fronteras.

“La forma en que ellas fueron expulsadas las lleva a que sean vulnerables a ese tipo de riesgos, y más aún si es que se considera que el gobierno no solo tiene aliados internos, sino que también, en algún momento, se ha valido de organizaciones, de actores no estatales que forman parte de grupos ilícitos y que pueden o que podrían haber puesto en mayor riesgo a quienes son considerados enemigos del gobierno al momento de cruzar las fronteras”, explica la representante de Open Doors.

“Los derechos humanos no existen en Nicaragua”

El informe “Seis años de represión a la libertad religiosa en Nicaragua”, del Colectivo de Derechos Humanos, documenta testimonios de abusos y corrupción contra personas religiosas en el país. Entre ellos, incluye el relato de una feligresa detenida y luego desterrada que cuestionó a sus captores sobre el respeto a los derechos humanos, obteniendo como respuesta: “Los derechos humanos no existen en Nicaragua”.

Ese documento también expone casos de extorsión a familiares de presos políticos. Una mujer identificada como “VAU5230-3093” narró al Colectivo cómo su hija primero pagó mil dólares para que dejaran verla, luego le pidieron otros tres mil dólares, pero después demandaban el pago de 25,000 dólares para su liberación. 

Pero, en otros casos, el régimen niega información sobre personas detenidas de manera arbitraria. Así ocurre con Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda y Carmen María Sáenz Martínez, católicas que llevan más de 4 meses en condición de desaparición forzada. Ambas, colaboradoras de la Diócesis de Matagalpa, fueron apresadas en operativos policiales ejecutados el 10 de agosto de 2024 en puntos diferentes de Matagalpa.

Gutiérrez coordinaba, desde 2006, el Programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural (Proafur) gestionado por la clausurada Asociación Cáritas Diocesanas de Matagalpa, que ofrecía créditos a pequeños productores sin acceso a la banca privada.

En tanto, Sáenz, experta en derecho canónico, servía desde 2018 como promotora de justicia en casos de nulidad matrimonial. Ella antes fue funcionaria del Poder Judicial en Matagalpa.

Sus familiares no han podido ver a ambas mujeres. En el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza primero les negaban que estaban allí, pero después comenzaron a recibirles paquetería, aunque siguen impidiéndoles visitas de sus familias, comenta una persona que las conoce.

Martha Patricia Molina lleva años documentando las agresiones del régimen a la Iglesia católica. Desde 2018, las hostilidades casi llegan al millar, refiere en la sexta entrega de su informe “Nicaragua, una Iglesia perseguida”, presentado el 20 de diciembre recién pasado.

Según ese registro, el año 2023 fue el más violento, con 321 hostilidades documentadas, mientras que en 2024 Molina contabilizó 177. Sin embargo, esta reducción no refleja una mejora, sino el miedo de los religiosos a denunciar, explica el informe.

“El presente año ha sido peor que 2023, lo anterior se debe a que los religiosos ya no denunciaron todos los atropellos que recibieron por el miedo que ha implantado la dictadura en ellos”, apunta el documento.

Mientras que, para Open Doors, “esta presión política de alta tensión en todas las esferas de la vida principalmente los obliga a abandonar el país para preservar sus vidas y esto hace que la familia se desintegre”.

El trasfondo histórico

La tensión entre el sandinismo y la Iglesia católica es de vieja data. En 1979, la revolución sandinista contó con el apoyo de figuras como el sacerdote Ernesto Cardenal, seguidor de la Teología de la Liberación.

En 1982, Daniel Ortega culpó a “algunos obispos” de apoyar a la Contra y de manipular la religión para desestabilizar la revolución. 

El 25 de julio de ese año en San Francisco del Norte, Chinandega, en un acto en homenaje a 15 milicianos muertos en un enfrentamiento con la Contra, Ortega reaccionó furibundo a unas pintas en las casas de ese poblado con consignas como: “Con Dios y patriotismo, muerte al comunismo”.

“Ensuciando, eso sí, el nombre de Dios, manipulando a Dios para hacer contrarrevolución. Y esto (las pintas) tiene que ver con la actitud de algunos obispos, con la actitud de algunos sacerdotes que utilizan a Dios, utilizan la religión para hacerle la guerra a la revolución”, dijo Ortega en esa ocasión.

Años después, el 4 de julio de 1986, el entonces obispo de la Diócesis de Juigalpa, monseñor Pablo Antonio Vega, quien además era el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue expulsado del país, por haber denunciado el asesinato de tres ministros laicos por parte de los sandinistas.

“Diálogo y consenso”

Cuando Ortega regresó al poder en 2007, estableció una supuesta política que denominó de “diálogo y consenso” con distintos sectores, incluida la Iglesia, pero las críticas de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a la falta de transparencia electoral y otros problemas estructurales tensaron nuevamente la relación. 

En mayo de 2014, después de reunirse con Ortega, la CEN entregó y divulgó la carta titulada “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”, en la que expusieron una serie de problemáticas torales en el país y demandaban que el de 2016 fuera un proceso electoral transparente.

Un año después, en 2015, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, lideró un movimiento oponiéndose a la minería en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa.
Nada de eso gustó a Ortega. 

En 2018, durante las protestas sociales convocó al Diálogo Nacional y dejó la Iglesia como mediadora, pero acusó a los obispos y a la Iglesia de “golpistas”. Algunos sacerdotes tuvieron que exiliarse ese mismo año. Luego, en abril de 2019, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez tuvo que exiliarse por amenazas de muerte. En marzo de 2022, Ortega elevó las tensiones con el Vaticano, expulsando al Nuncio Apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.

En mayo de ese año recrudeció la persecución al obispo Álvarez, a quien terminaron cercando en la residencia episcopal el 4 de agosto. Un descomunal operativo policial fue ejecutado el 19 de ese mes y año, para trasladarlo a un encierro forzado en Managua. El 10 de febrero de 2023 fue encarcelado en La Modelo, sentenciado sin juicio a 24 años y seis meses de cárcel. El 13 de enero de 2024, fue desterrado junto al obispo de Siuna, monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, 15 sacerdotes y dos seminaristas, a quienes el régimen envió a Roma.

De los 9 obispos de la CEN, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, tuvo que exiliarse; en tanto, los obispos Rolando José Álvarez Lagos, Isidoro Mora y Carlos Enrique Herrera, de Matagalpa, Siuna y Jinotega, respectivamente, fueron desterrados. Los que quedan en Nicaragua son el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua; monseñor Jorge Solórzano Pérez, de Granada; Francisco José Tigerino Dávila, de Bluefields; Sócrates René Sándigo Jirón, de León, y Marcial Humberto Guzmán Saballos, de Juigalpa.

Resistencia pacífica

A pesar de la represión, el clero y los fieles no han dejado de resistir. El empeño del régimen por silenciar a la Iglesia parece destinado al fracaso.

Teresa Flores, directora del Observatorio de Libertad Religiosa, considera que la fe va en aumento y opina que, si bien los nicaragüenses temen ser catalogados por el régimen como “traidor a la patria como algún elemento terrorista”, la población sigue confiando en los liderazgos religiosos a quienes ven como “personas que tienen la legitimidad suficiente como para poder escuchar lo que ellos dicen”.

Open Doors, en su informe 2024, destaca que, a pesar del miedo a las represalias, no ha sido posible controlar a la Iglesia ni impedir por completo que los cristianos busquen seguir sus propias convicciones religiosas.

“También se reconoce a la Iglesia como víctima directa de los abusos del poder estatal y esto ha aumentado la empatía entre la población en general e incluso ha motivado conversiones al cristianismo”, señala el informe de Open Doors.

Una representante de Open Doors afirma que las practicas represivas del régimen “han avivado la fe de muchos” y ahora “hay un mayor porcentaje de católicos en el país que los que había antes, puede ser que algunos de ellos no sean practicantes y muchos sean solo denominacionales, pero en general, hay mucha más gente que se identifica, que tiene más empatía hacia la Iglesia Católica”.

La feligresía sigue yendo a los templos. En una misa dominical, Angélica se sienta junto a sus padres, con los ojos atentos al altar. Desde otra banca, Rosa, la catequista, la observa y sonríe con discreción. 

Para Rosa, esa escena encapsula todo: la fe que no se doblega, la comunidad que encuentra formas de mantenerse unida y el Evangelio que persiste, incluso bajo las sombras de la represión. Como afirma el obispo de Danlí en Honduras, monseñor José Antonio Canales Motiño: “por muy duro que sea el Viernes Santo siempre habrá Domingo de Resurrección”.