Las familias responsabilizan al Estado de El Salvador de la situación de los detenidos en el régimen de excepción

Familiares de personas detenidas en el marco del régimen de excepción, implementado en El Salvador desde finales de marzo para combatir a las pandillas, responsabilizaron este martes al Estado de lo que "les pueda pasar" a sus parientes en las diferentes cárceles donde se encuentran.

Las personas, unas 200, se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador con pancartas, fotografías, carteles y camisetas con imágenes de sus parientes para exigir la liberación de sus familiares, quienes, aseguran, son inocentes y han sido detenidos injustamente.

Los salvadoreños se movilizaron a la sede de la Casa Presidencia para entregar unas cartas dirigidas al presidente Nayib Bukele. Sin embargo, un grupo de elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (OMU) de la Policía les impidió el paso y solo permitió el acceso a una comisión de cuatro personas.

 Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 46.600 personas, a las que acusan de ser pandilleros, desde finales de marzo al amparo de un régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, según el Ministerio de Seguridad.

Las detenciones masivas se enmarcan en lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele llama "guerra contra las pandillas" y que, según el mandatario, se está cerca de ganar.

Este dato es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal.

ALGUNOS DE LOS CASOS 

Una mujer que pidió ser identificada simplemente como Alberta dijo a Efe que cinco de sus parientes fueron detenidos en el occidental departamento de Ahuachapán.

Se trata de su hija de 19 años, dos hijos de 21 y 22 años, una nuera de 18 años y su compañero de vida, detenidos entre marzo y abril pasados.

De acuerdo con la versión de la mujer, sus parientes fueron "sacados" de su lugar de trabajo, un puesto de venta de verduras y frutas, y "les dijeron (los policías) que los tenían que acompañar, sin informar más".

"Yo le suplico al presidente que se ponga la mano en la conciencia, porque yo sé que él es padre de familia (...) si él lo viviera en su persona, él sintiera bastante ver a su hijo en un lugar de esos (la cárcel)", manifestó.

Yenny Méndez también llegó a la plaza Salvador del Mundo para exigir la liberación de su hermano Óscar de 30 años, quien fue detenido en la localidad de San Marco el 21 de mayo mientras "iba para su trabajo".

Óscar tiene tres hijos, uno de ellos con microcefalia y es el "único sostén de su casa", comentó a Efe la mujer quien portaba un cártel con fotografías de su hermano.

"Hasta el momento no hemos sabido nada de él, simplemente nos han dicho que hay que esperar una investigación (...) temenos por la vida de él y hago responsable al Estado si él de ahí (de la cárcel) no sale con vida", expresó.

Por su parte, Reynaldo Mejía señaló a Efe que su hermano Elías Mejía de 32 años y padre de un menor de seis años fue detenido el pasado 7 de junio en el municipio de Tonacatepeque.

"Solo llegaron (los policías) a su casa en la madrugada y no le dijeron nada, solo que se lo iban a llevar", relató el hombre.

SON INOCENTES 

Para Reynaldo "no es justo que la gente inocente pague las cosas que otros han hecho". 

"Pedimos justicia por la gente inocente, no solo por mi hermano, sino por toda la gente inocente que está ahí (en la cárcel)", agregó.

Mientras, Alberta aseguró que su hija "es una persona inocente, es una persona de trabajo. Ella desde que tenía 6 años comenzó a trabajar y cumplió 19 años en prisión".

"Me duele porque son personas que son inocentes. Si mis hijos no fueran inocentes no estuviera en este lugar, pero mis hijos son personas inocentes, son jóvenes que trabajan porque yo soy una mujer de trabajo y yo les he enseñado a trabajar y a ganarse la vida honradamente", añadió.

Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.

Las oenegés salvadoreñas e internacionales han expuesto estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, e indicaron que son más de 50 personas las detenidas que han fallecido bajo custodia estatal.