El exparamilitar "Jorge 40" reconoce su responsabilidad en crímenes en Colombia
El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", aceptó su responsabilidad en el asesinato de 13 personas y desplazamientos forzados ocurridos entre los años 2000 y 2005 en los departamentos colombianos de Atlántico y Cesar, informó este martes la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador, Tovar —que purgó una condena en Estados Unidos por narcotráfico y regresó al país en septiembre de 2020— reconoció "un evento asociado al desplazamiento de una familia, en Codazzi (Cesar); y 12 casos de homicidio en persona protegida".
Esas acciones criminales, añadió la Fiscalía en un comunicado, causaron por lo menos "14 víctimas, entre ellas un abogado, un menor de edad, un albañil, agricultores y vendedores informales" en las poblaciones de Codazzi (Cesar), en Galapa y Barranquilla (Atlántico).
La información detalló que esas personas fueron asesinadas por hombres armados que hicieron parte de las distintas estructuras que conformaron el denominado Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe.
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes como "Jorge 40" perdieron esos beneficios.
La Fiscalía puntualizó que la investigación probó que los "autores materiales de las 13 acciones criminales actuaron de acuerdo con las órdenes y lineamientos definidos por los entonces máximos jefes paramilitares en la Costa Atlántica, entre estos Rodrigo Tovar Pupo", actualmente preso en la cárcel de Picaleña en Ibagué, capital del departamento del Tolima (centro).
Con la aceptación de cargos, alias "Jorge 40" se somete a sentencia anticipada.
Cuando "Jorge 40" regresó a Colombia las autoridades dijeron en ese momento que el exparamilitar tenía más de 1.486 investigaciones activas por múltiples delitos como asesinato, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado, en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron al menos a 60 personas en febrero del 2000 en el caribeño departamento de Bolívar.