Líderes comunitarios y exguerrilleros continuarán en prisión en El Salvador
Seis líderes comunitarios y exguerrilleros detenidos en El Salvador acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992), continuarán en prisión provisional tras enfrentar este jueves la audiencia inicial de un proceso penal en su contra.
La causa penal pasó a la fase de instrucción y la Fiscalía General de la República (FGR) tiene seis meses para continuar con la investigación, periodo que puede ampliarse "si Fiscalía lo pide, según dijo la noche de hoy el abogado defensor, Dennis Muñoz.
Por su parte, la FGR informó en sus redes sociales de que el correspondiente juzgado, que decretó reserva total del caso, "determinó que las pruebas iniciales presentadas son suficientes para que los excombatientes sigan en prisión provisional mientras continúan las investigaciones".
Representantes de diversas organizaciones sociales y habitantes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el central departamento de Cabañas y donde residen los detenidos, llegaron la mañana de este jueves a la sede del Centro Judicial Isidro Menéndez para pedir la liberación de los acusados.
Los señalados, en total ocho pero solo seis presentes, son procesados por los delitos de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Fueron identificados como Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Además, es señalado el excomandante guerrillero y "uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz" de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.
La FGR sostiene que, el 22 de agosto de 1989, estas personas supuestamente "irrumpieron en la vivienda" de María Inés Alvarenga para trasladarla a un campamento guerrillero "donde la torturaron y la asesinaron".
La comunidad Santa Marta fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armado interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante casos de violaciones de derechos humanos.
Lideres comunitarios de dicha ciudad fueron los pioneros de una ley contra la minería, aprobada en marzo de 2017 por el Congreso y prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo en el país.
También prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica.