La comisión parlamentaria de Perú aprueba el informe contra exministros de Castillo
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de Perú aprobó este lunes el informe final que recomienda acusar a la exprimera ministra Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez de coautores del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Con 17 votos a favor, dos en contra y una abstención, el grupo de trabajo que preside la legisladora conservadora Lady Camones dio luz verde al documento que sugiere acusar a los exministros por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, en calidad de coautores.
Ahora, el informe, que elaboró el parlamentario Wilson Soto y que también recomienda suspender de sus funciones parlamentarias a Chávez y Sánchez, deberá ser ratificado por la Comisión Permanente antes de llegar al pleno para su debate y votación.
En caso de lograr el respaldo del hemiciclo peruano, el documento será derivado a la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, quien presentó esta denuncia ante el Congreso tras el autogolpe que intentó perpetrar Castillo en diciembre pasado.
El exmandatario anunció el 7 de diciembre el cierre del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia y una reforma del sistema de Justicia, cuando Chávez ocupaba el cargo de primera ministra, Huerta era titular de Interior y Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Esta mañana, la congresista Patricia Chirinos, del partido conservador Avanza País, presentó en el Parlamento una denuncia constitucional contra Chávez, donde pide su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años.
La petición de Chirinos llega después de que dos programas periodísticos dominicales difundieran imágenes en las que se observa a la ex primera ministra realizar coordinaciones antes del mensaje a la nación que pronunció Castillo el día del fallido autogolpe.
Desde entonces, el exmandatario permanece en prisión preventiva en un penal de Lima, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.
En paralelo, el 17 de febrero pasado, el pleno del Congreso aprobó el informe final de una denuncia constitucional que recomienda acusar a Castillo por presuntamente encabezar una red criminal en su Gobierno que, según la Fiscalía, otorgó licitaciones fraudulentas de obras públicas