Condenados a más de 300 años de cárcel pandilleros de la MS por terrorismo en El Salvador

Tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) fueron condenados a penas de más de 300 años de prisión por varios delitos, entre estos organizaciones terroristas y extorsión agravada, informó este jueves la Fiscalía General.

Se trata de José Alfredo Canales, sentenciado a 384 años de cárcel por extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, organizaciones terroristas, entre otros. También fueron condenados Eduardo Ramírez y Yoni Lobo a 325 y 320 años, respectivamente, por extorsión y tenencia de arma de fuego.

La Fiscalía indicó que estos pandilleros "cometieron los crímenes entre agosto de 2017 y marzo de 2018 en el oriente del país".

Señaló que "las víctimas de extorsión eran comerciantes que por miedo a las amenazas pagaban entre 30 y 200 dólares mensuales".

El ente de investigación no precisó si los condenados fueron capturados en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas en una llamada "guerra" contra estas bandas.

Este régimen de excepción es apoyado por buena parte de la población y se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó al presidente Nayib Bukele régimen de excepción es apoyado por buena parte de la población y se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

Según cifras oficiales, desde marzo de 2022, se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, entre los que se encuentran más de 7.000 personas que han sido puestas en libertad condicional.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanoDiversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.