Imputación sin precedentes a fiscal general por revelar secretos crispa política española
La decisión del Tribunal Supremo de investigar, por primera vez en la democracia española, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una caso vinculado con la pareja de la dirigente conservadora Isabel Díaz Ayuso ha agravado la crispación política en España y el enfrentamiento entre el Gobierno socialista y la oposición.
El Gobierno español, dirigido por el socialista Pedro Sánchez, cerró hoy filas en defensa del fiscal, mientras el conservador Partido Popular reclamó su dimisión inmediata.
La decisión unánime del Tribunal Supremo (TS) de abrir una causa penal a García Ortiz está motivada por la difusión de datos sobre un caso polémico: el procedimiento judicial por fraude a la hacienda pública cometido por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las más relevantes dirigentes de la derecha española y muy crítica con las políticas de Pedro Sánchez.
Los hechos se remontan a marzo, cuando la Fiscalía emitió un comunicado para desmentir un "bulo" difundido por el entorno de Díaz Ayuso después de que se hiciera público que su pareja había sido denunciada por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda.
Según esta información, la Fiscalía habría ofrecido un pacto a González Amador, cuando en realidad había sido su abogado quien había pedido el pacto tras la confesión de su defendido a cambio de una rebaja de condena.
La Fiscalía entonces ordenó emitir un comunicado para aclarar la situación.
En medio de las críticas de la derecha y las peticiones de dimisión, el fiscal afirmó hoy que "la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo" y "refuerza la independencia de la Fiscalía".
En España, el fiscal general del Estado es nombrado por el rey, a propuesta del Ejecutivo, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por el Congreso.
García Ortiz fue designado en agosto de 2022 y confirmado en noviembre de 2023 por el gobierno de Sánchez.
"Desmentir un bulo no es delito"
El ministro de Justicia, el socialista Félix Bolaños, respaldó al fiscal general y opinó que este asunto "quedará en nada" porque "contar la verdad y desmentir un bulo" no puede ser delito.
El Supremo español también investigará a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz, su superior jerárquico, datos para la elaboración y publicación del desmentido sobre la negociación con González Amador.
El empresario presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos miembros del Ministerio Público por la difusión de datos a medios sobre su caso.
En una nota informativa con membrete de la Fiscalía, se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación sobre González Amador.
Tras asumir García Ortiz la responsabilidad de difusión, el TSJM envió la causa al Tribunal Supremo, que deberá determinar si los fiscales revelaron secretos o informaciones de carácter reservado que conocieron en el ejercicio de su cargo.
La polémica ha acompañado varias decisiones de García Ortiz desde que asumiera la Fiscalía General española, en 2022.
La derecha le ha cuestionado por defender la aplicación total de la ley de amnistía a los líderes del proceso independentista catalán ilegal de 2017 y le ha acusado de actuar "a las órdenes" del Gobierno.