Una organización registra la muerte de tres personas más en cárceles de El Salvador
Tres personas más en El Salvador fallecieron en prisión bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado, por lo que la cifra de muertos en cárceles del país en el contexto de la medida de régimen de excepción, para "combatir" a las pandillas, aumenta a 330, entre ellos "tres menores", según señaló la abogada Ingrid Escobar este miércoles a EFE.
Escobar, líder de la organización no gubernamental (ONG) Socorro Jurídico Humanitario (SJH), indicó que estas personas fallecidas "no tuvieron oportunidad de llegar a un juicio".
Socorro Jurídico publicó en X que las tres recientes víctimas respondían a los nombres de Irvin Francisco M., Ana Rosa Cartagena y Jorge Alberto Rivera, encarcelados en tres diferentes prisiones del país.
Las muertes sucedieron el 30 de octubre, el 2 y el 3 de noviembre, de acuerdo con la organización que surgió en el marco de la medida de excepción y que brinda asistencia legal gratis a familiares de detenidos "arbitrariamente".
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el martes la trigésima segunda ampliación del régimen de excepción, medida para "combatir" a las pandillas, por "remanentes" de miembros de estas bandas "en barrios y comunidades".
Esta medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Con más de 83.100 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente, Nayib Bukele, su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
El Gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.