TRANSPORTISTAS HONDUREÑOS PAGAN MILLONES AL AÑO A MAREROS

San Pedro Sula, Honduras. Tienen miedo, pero llegan al extremo de negarlo para proteger sus vidas y a sus familias. En octubre de 2014, San Pedro Sula registraba 44 muertes, entre conductores de buses, rapiditos, taxis y mototaxis, atribuidas a la falta de pago del denominado impuesto de guerra. En esa misma fecha, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) contabilizaba 280 homicidios en todo el país. El año 2015 comenzó también con baños de sangre: más de 12 transportistas habían sufrido atentados al 24 de enero. Entre las fechas más lamentables durante ese período figuran el 3 de enero, cuando un ayudante de la ruta de Chamelecón fue acribillado. El 8 de enero le ocurrió lo mismo a un motorista de 23 años de edad de la ruta 2, y el 12 de enero, un conductor de la ruta 4, con tan solo 21 años, falleció en un tiroteo, en el que también resultó dañada una unidad de taxi. Recientemente, dirigentes del transporte alzaron la voz por esa cadena de muertes, al grado de no saber a quién pagarle primero, si a los empleados o a los grupos criminales. Los temores A raíz de las denuncias, LA PRENSA buscó conocer otras aristas del terror que abrigan las calles sampedranas. La cita se lleva a cabo en un edificio que se asemeja a un complejo de apartamentos. Al subir las escaleras, de frente, hay una puerta polarizada que impide ver lo que hay adentro. De pronto se escucha el sonido, parecido al de un timbre, que da la señal de que la puerta ha sido abierta. Hay varias oficinas, pero en una de ellas está un dirigente del transporte público de la ciudad. Él da órdenes a su secretaria mientras su asistente le entrega una serie de documentos. Un saludo cordial y una pregunta común y corriente bastan para romper hielo, pero antes es tajante al decir que no quiere fotos y que concede la entrevista solo si su nombre pasa al anonimato. Además, dice que no tiene mucho tiempo. Así como él, reconoce que los conductores de buses y rapiditos están aterrados por el aumento descomunal de las extorsiones, especialmente del impuesto de guerra. “Solo en San Pedro Sula y Tegucigalpa pagamos a las maras un promedio de L70 millones al año y a nivel nacional más de L100 millones. Ya estamos cansados. No podemos trabajar en paz porque cada semana hay que pagarle a estos tipos para salvar nuestras vidas”, asevera el transportista. De los L70 millones que se cancelan en las principales ciudades, L30 millones son facturados en San Pedro Sula y L40 millones en Tegucigalpa. Mientras, el resto se paga en otros municipios del Valle de Sula y en La Ceiba, Atlántida. Los cálculos indican que en San Pedro Sula se pagan actualmente L2.5 millones por mes. Esta cifra es confirmada por la Fiscalía de Delitos Comunes. Carga pesada Los buses y rapiditos de la Gran Central Metropolitana cargan también con el impuesto de guerra. “Suba, vamos, le llevo las maletas”. Esta es una de las frases que manifiesta el clamor y una lucha constante entre los ayudantes y conductores con el fin de llenar sus unidades lo más rápido posible. Quien lo necesita se sube de inmediato, otros prefieren esperar las ofertas que les ofrecen y las mujeres se asustan por ratos. “Hermano, si no hacemos la tarifa de hoy nos quiebran”, expresa un angustiado despachador que la semana pasada debía pagar la cuota a una banda criminal. Los vendedores en las ventanillas se notan nerviosos al ser consultados sobre amenazas recibidas y de golpe responden “no”, pero sus miradas delatan otra realidad. Otro transportista dice que en Villanueva y otras regiones del noroccidente algunos antisociales son los dueños de mototaxis y rapiditos, y ponen las empresas a nombre de testaferros. En muchos casos, mujeres son enviadas con lista y tarifas que cada ruta debe pagar para operar. “Si no les pagamos, nos pueden matar al siguiente día”, asegura un taxista que prefirió omitir su nombre.