El gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela

El gobierno de Donald Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones.

Sin embargo, un comandante militar de ese país que estuvo involucrado en las conversaciones difícilmente puede ser considerado como un emisario democrático: está en la lista de funcionarios corruptos de Venezuela que han sido sancionados por el gobierno estadounidense.

Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano han sido acusados por Washington de un gran número de delitos graves, entre ellos torturar a los opositores del régimen, encarcelar a cientos de prisioneros políticos, herir a miles de civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero que Estados Unidos considera como una organización terrorista.

La mayoría de los líderes latinoamericanos están de acuerdo en que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, es un gobernante cada vez más autoritario que arruinó la economía de su país ocasionando una escasez extrema de alimentos y medicinas. El colapso desató el éxodo de los venezolanos desesperados que escapan por las fronteras, y con ello abruman a los países vecinos.

Desde hace mucho tiempo, Maduro ha justificado su autoritarismo con la afirmación de que los imperialistas de Washington están intentando destituirlo de manera activa, y las reuniones secretas podrían proporcionarle argumentos para cambiar la postura de la región que, en general, se muestra en su contra.

Los militares venezolanos buscaron tener acceso directo al gobierno estadounidense durante la presidencia de Obama, pero fueron rechazados, señalaron los funcionarios.

Después, en agosto del año pasado, el presidente Trump declaró que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, una afirmación que atrajo el repudio de los aliados de Estados Unidos en la región, pero que animó a los militares rebeldes venezolanos a comunicarse con Washington una vez más.

“Ahora era el presidente quien lo decía”, señaló el excomandante venezolano que se encuentra en la lista de sancionados durante una entrevista, quien habló con la condición de conservar su anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de Venezuela. “No iba a dudar de la información si provenía de ese mensajero”.

Durante una serie de reuniones secretas en el extranjero —que comenzaron el otoño pasado y continuaron este año— los militares le dijeron al gobierno estadounidense que representaban a varios cientos de miembros de las fuerzas armadas que no estaban de acuerdo con el autoritarismo de Maduro. Le pidieron a Estados Unidos que les proporcionara radios cifrados, pues aseguraron que necesitaban comunicarse de manera segura, mientras desarrollaban un plan para instalar un gobierno de transición liderado por el Ejército con el fin de gestionar el país hasta que pudieran convocar elecciones.

Los funcionarios estadounidenses decidieron no proporcionar el material de apoyo y los planes se vinieron abajo después de un operativo de represión en el que se detuvo a decenas de conspiradores.

El recuento de las reuniones clandestinas y los debates políticos que las precedieron se elaboró a partir de entrevistas con once funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, además del excomandante venezolano. Este dijo que por lo menos tres grupos distintos dentro de las fuerzas armadas venezolanas habían conspirado contra el gobierno de Maduro.

Uno estableció contacto con el gobierno estadounidense a través de la embajada de Estados Unidos en una capital europea. Cuando se informó a Washington sobre este acercamiento, los funcionarios de la Casa Blanca se mostraron intrigados pero recelosos. Les preocupaba que la solicitud de reunirse pudiera ser una trampa para grabar clandestinamente a algún agente estadounidense mientras al parecer conspiraba contra el gobierno venezolano, señalaron los funcionarios.

No obstante, conforme la crisis humanitaria de Venezuela empeoraba el año pasado, los estadounidenses decidieron que valía la pena correr el riesgo con el fin de tener un panorama más claro de los planes y los oficiales que buscaban destituir a Maduro.

“Después de muchas discusiones, acordamos que debíamos escuchar lo que querían decirnos”, comentó un funcionario gubernamental de alto nivel que no tiene autorización para hablar sobre las reuniones secretas.

Al principio, el gobierno consideró enviar a Juan Cruz, un agente veterano de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que recientemente renunció a su puesto como principal autoridad normativa de la Casa Blanca en asuntos de América Latina. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca dijeron que sería más prudente enviar a un diplomático de carrera.

Le pidieron al enviado estadounidense que asistiera a las reuniones “solo para escucharlos”, y no le dieron autorización para negociar ningún asunto importante durante estos encuentros, de acuerdo con un funcionario de alto nivel del gobierno.

Después de la primera reunión, que tuvo lugar a finales de 2017, el diplomático informó que los venezolanos no parecían tener un plan detallado y se habían presentado con la esperanza de que los estadounidenses llegaran con ideas o directrices de apoyo.

“Estados Unidos siempre ha mostrado interés en conocer información de inteligencia sobre posibles cambios de liderazgo en los gobiernos”, dijo Kornbluh. “Pero tan solo el hecho de que un diplomático estadounidense se presentara a una reunión como esa probablemente se percibiría como un espaldarazo”.

En su comunicado, la Casa Blanca dijo que la situación en Venezuela era “una amenaza para la seguridad y la democracia en la región”, y señaló que el gobierno de Trump seguiría reforzando una coalición de “aliados afines y sensatos, de Europa a Asia y a las Américas, para presionar al régimen de Maduro con el fin de restablecer la democracia en Venezuela”.

Agentes estadounidenses han citado abiertamente la posibilidad de que las fuerzas armadas de Venezuela puedan tomar medidas.

Conforme empeoraba la crisis en Venezuela en años recientes, los funcionarios estadounidenses debatieron los pros y los contras de establecer diálogos con facciones rebeldes de las fuerzas armadas.

“Eran diferencias de opinión”, dijo Aponte, la exdiplomática principal en materia de Latinoamérica del gobierno de Obama. “Había gente que le tenía mucha fe a la idea de que podían aportar estabilidad, ayudar a distribuir alimentos y trabajar en cuestiones prácticas”.

No obstante, otros —entre ellos Aponte— vieron los riesgos de establecer vínculos con líderes de las fuerzas armadas que, según el análisis de Washington, se habían convertido en un pilar del tráfico de cocaína y los abusos a los derechos humanos.

Roberta Jacobson, una exembajadora en México que antecedió a Aponte en el puesto de funcionaria principal del Departamento de Estado para políticas de Latinoamérica, dijo que, aunque desde hace mucho Washington considera que las fuerzas armadas venezolanas sufren de “corrupción generalizada, están muy involucradas en el narcotráfico y son despreciables”, ella pensaba que valía la pena establecer un canal diplomático extraoficial con algunos de sus miembros”.

“Dada la descomposición extendida de las instituciones venezolanas, se tenía la idea de que, aunque no necesariamente eran la respuesta, cualquier tipo de resolución democrática habría tenido que incluir a las fuerzas armadas”, dijo Jacobson, quien renunció al Departamento de Estado a principios de este año. “La idea de escuchar a los líderes de esos lugares, sin importar qué tan indeseables resulten, es esencial para la diplomacia”.

Sin importar cuál sea la lógica, sostener discusiones con los golpistas podría hacer sonar alarmas en una región con una lista de intervenciones infames: la invasión fallida de la CIA en Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro en 1961; el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Chile en 1973, que llevó a la larga dictadura militar de Augusto Pinochet, o el apoyo encubierto del gobierno de Reagan a los rebeldes de derecha conocidos como los Contras en Nicaragua durante la década de 1980.

En Venezuela, un golpe de Estado en 2002 destituyó brevemente a Hugo Chávez, el predecesor de Maduro. Estados Unidos sabía que se estaba gestando un complot, pero lo desaconsejó, de acuerdo con documentos clasificados que más tarde se hicieron públicos. El golpe de Estado tuvo lugar de cualquier forma y el gobierno de Bush abrió un canal de comunicación con el nuevo líder. Los funcionarios estadounidenses después se distanciaron del nuevo gobierno debido a que creció el descontento del pueblo con el golpe de Estado y los países de la región lo denunciaron claramente. Chávez fue restituido como presidente.

En el complot más reciente, el año pasado había de 300 a 400 miembros de las fuerzas armadas vinculados con el plan, pero esa cantidad se redujo a casi la mitad después de las enérgicas medidas emprendidas por el gobierno de Maduro este año.

Al excomandante venezolano le preocupa que los casi 150 compañeros que han sido detenidos puedan ser torturados. Lamentó que Estados Unidos no proveyera los radios a los rebeldes, pues cree que eso pudo haber cambiado la historia del país.

“Estoy decepcionado”, dijo el exgeneral. “Pero soy el menos afectado. Yo no soy prisionero”.