Luis Lacalle Pou lleva a Uruguay hacia la derecha
Luis Lacalle Pou asumirá el domingo como nuevo presidente de Uruguay y quien puso fin a 15 años de gobiernos de izquierda.
Abogado, exdiputado y senador, el político de 46 años lidera una heterogénea coalición de derecha que fusiona el centro con militares, liberales, conservadores, estatistas, católicos y evangélicos: una alianza que generó el temor entre opositores y críticos de que el país avance hacia políticas de mano dura y recortes presupuestales.
Observadores y analistas han atribuido el triunfo de Lacalle Pou a un mejor desempeño mediático y a un desencanto ciudadano con el gobierno izquierdista saliente, al que sus opositores acusaron en la campaña de carecer de propuestas y liderazgo para resolver los problemas del país, como la inseguridad
En la coalición de derecha primó el llamado de un “futuro común” como gobierno, dijo Lacalle al saberse ganador. Ha dicho que una de sus prioridades durante su gobierno de cinco años será la seguridad, que ha visto un deterioro desde que por primera vez asumió la izquierda, de la mano del Frente Amplio, en marzo de 2005. La unión derrotó al socialdemócrata Frente Amplio, quitándole la mayoría parlamentaria ostentada durante tres lustros.
El presidente electo capitanea una alianza que reúne a los históricos partidos Nacional y Colorado, más Cabildo Abierto, un nuevo grupo de marcada identidad militar y conservadora.
Para la ceremonia de cambio de poder se tiene previsto que José “Pepe” Mujica, senador opositor y expresidente (2010-2015) tomará el juramento de Lacalle Pou a la Constitución en la Asamblea General
El protocolo adelantado a la prensa marca que luego se trasladará en un antiguo Ford Cabriolet para firmar el acta de traspaso de mando junto al saliente Tabaré Vázquez, socialista, dos veces presidente y el primero de izquierdas
El traslado del Congreso a la firma de traspaso en el Ford Cabriolet no es casual, es un gesto a la familia, que tiene una añeja tradición de poder en Uruguay. El coche fue adquirido en 1937 por Luis Alberto de Herrera, expresidente, caudillo del Partido Nacional y bisabuelo materno de Lacalle Pou. Y es el mismo coche que usó su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, cuando asumió como presidente en 1990. El domingo serán tres las generaciones ostentando el viejo pero remozado auto con aires presidenciales.
El tema de la seguridad, el principal problema que sienten los uruguayos según encuestas de la última década, ha sido puesto como una de las prioridades del gobierno entrante.
De hecho, su coalición trabaja en un anteproyecto de ley de urgente consideración que incluye elevar las penas para varios delitos, como narcotráfico y abuso sexual. También crea una pena con prisión por resistencia al arresto; amplía la acción a militares que desempeñan tareas de seguridad; otorga la legítima defensa para la policía, y brinda el beneficio de repeler a “personas extrañas” al entrar a un establecimiento rural.
En 2019 se cuantificaron 139.859 hurtos, 32.721 denuncias por violencia en el hogar (enero a octubre), 30.650 rapiñas y 319 homicidios (49% no aclarados) en un país con casi tres millones y medio de habitantes. Las cifras son ligeramente menores a las de 2018, pero considerablemente más altas que las registradas en 2014, cuando Vázquez prometió en campaña bajar las rapiñas al finalizar su gestión. Por entonces eran poco menos de 20.000.
“Hay una emergencia. Los números hablan claramente. Lejos de disminuir las rapiñas como había prometido Vázquez, aumentaron”, dijo a The Associated Press el ministro designado de Defensa, Javier García. Enfrentar la delincuencia “es lo primero para devolver la paz y tranquilidad”, explicó. Su oficina, dijo, “trabajará coordinadamente con el ministerio del Interior… Gran parte del delito organizado pasa por las fronteras”. Y adelantó que el próximo mes habrá un despliegue militar en las fronteras y mayores atribuciones en la seguridad interna para las Fuerzas Armadas.
En diciembre, el gobierno de Vázquez reglamentó una ley aprobada en 2018 permitiendo a los militares custodiar puntos estratégicos en 20 kilómetros de la frontera adentro, excepto centros poblados para disuadir y reprimir delitos. La administración entrante anunció que desplegará entre 500 y 1.000 efectivos en puntos estratégicos aún por detallar. Así, 35.000 kilómetros cuadrados quedarán bajo vigilancia militar desde la segunda mitad del próximo marzo.
Las propuestas del nuevo gobierno han generado inquietud entre los ahora opositores.