Solo 800 nicaragüenses autorizados para entrar a EEUU con el parole humanitario
Más de 7.500 migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití fueron autorizados para ingresar a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario establecido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden a principios de enero y al que los funcionarios atribuyen una disminución en los cruces fronterizos, según datos obtenidos por CNN.
“Los datos obtenidos por CNN revelan que más de 800 nicaragüenses fueron autorizados para viajar, junto con alrededor de 2.000 haitianos y más de 4.700 cubanos. Las solicitudes aún están pendientes para todas las nacionalidades, y parece que la mayoría de las personas están haciendo las solicitudes desde sus países de origen”, señala el portal.
Dicho portal señala que Biden dijo que este programa migratorio es para los migrantes que huyen de las malas condiciones en sus hogares emigren a EE.UU. desde donde se encuentran en lugar de emprender el traicionero viaje hacia el norte. El programa se basó en uno existente para los venezolanos.
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Sin embargo, quienes no apliquen al parole humanitario podrán ser devueltos a México si intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, lo que marca una diferencia con respecto al protocolo anterior.
Medida cuestionada
Cabe señalar que el parole humanitario no ha sido visto con buenos ojos por todos y además se le critica a Biden la extensión del Título 42, una restricción de la pandemia que permite a las autoridades rechazar a los inmigrantes.
Dentro de lo positivo que destaca la administración Biden está que los migrantes están recurriendo al parole humanitario para ingresar a Estados Unidos, en lugar de cruzar ilegalmente la frontera con México.
Hasta 30.000 inmigrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba podrán ingresar a EE.UU. por mes a través del programa. Para calificar, los inmigrantes deben tener un patrocinador en EE.UU. y someterse a una evaluación y verificación.
Esta semana, el fiscal general de Texas, Paxton, junto con otros 19 estados, argumentaron en una demanda que el Gobierno no pasó por el proceso de notificación y comentario de la reglamentación antes de instituir la regla y están pidiendo que bloquee el programa.